México
Senadores piden cuentas por accidente minero de 2003
Legisladores solicitan a la Secretaría de Economía explicar los montos que pagan empresas en la explotación en México
CIUDAD DE MÉXICO (15/OCT/2010).- El Senado de la República solicitó al Gobierno federal informar qué beneficios ha generado la concesión de minas a particulares, y buscar la manera de recuperar los restos de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, hace cinco años.
En ese sentido, la Cámara Alta demandó a la Secretaría de Economía rendir un informe detallado donde indique el monto que pagan las empresas mineras por hectáreas de explotación en México, el número de concesiones entregadas y la cantidad de hectáreas que equivalen a las mismas.
De igual manera, la dependencia federal deberá detallar los beneficios que han recibido las comunidades, municipios y estados por la actividad minera.
La discusión de un dictamen sobre las autorizaciones de impacto ambiental a las mineras originó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN), hablaran del rescate de los mineros atrapados en la mina de San José, en Chile, y la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006.
El senador Ricardo Monreal opinó sobre la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos: “Contrasta con lo que sucedió en Chile, donde no sólo Gobierno y empresarios se unieron para rescatar a los mineros, sino que también se muestra que ahí no priva el capitalismo de cuates”.
“En México es todo lo opuesto, pues los familiares de las víctimas dijeron que la empresa Minera México no cumplía con las normas de higiene y seguridad para los mineros, que a la postre detonó el accidente”, añadió el legislador del Partido del Trabajo (PT).
Por ello, exigió: “Que el crimen de Pasta de Conchos no quede en la impunidad, se reabra la investigación y se rescaten los cuerpos, que por incapacidad, torpeza y mala fe se mantienen sus cuerpos en las profundidades de la mina”.
Además, criticó que en México se paguen cinco pesos por hectárea de concesión minera, por lo que exigió al Senado que legisle “para beneficiar a los estados y municipios”.
En su turno, el senador del PAN, Ricardo García Cervantes, admitió que no hay ley que obligue a las empresas mineras a invertir un porcentaje de sus utilidades en beneficio de las comunidades. “Todos estamos preocupados por esta situación, que requiere una revisión profunda”.
A su vez, el legislador del PRI, Francisco Arroyo, criticó la actitud de la empresa canadiense Gammon Gold por cerrar la mina “El Cubo”, en Guanajuato, antes que aceptar las peticiones de los mineros de que haya mejores condiciones de seguridad.
Aseveró que por ese motivo, trabajadores se fueron a la huelga, y en respuesta “la empresa, de origen canadiense, les rescindió el contrato laboral”.
El senador guanajuatense denunció que la empresa ha recibido toda clase de apoyos por parte de la Secretaría del Trabajo, y que ésta, en un comunicado, argumentó que se trataba de un “chantaje de los trabajadores”.
TELÓN DE FONDO
El yacimiento operaba con 34 fallas
El 19 de febrero de 2006 es recordado por la muerte de al menos 65 mineros en la explosión de la mina ocho, debido a la acumulación de gas grisú (capaz de formar atmósferas explosivas), en el complejo Industrial Minera México, SA, en Pasta de Conchos, Coahuila.
La negligencia es el sello de esta tragedia que sigue sin esclarecerse luego de cuatro años, máxime porque 19 meses antes del desastre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había informado de 34 fallas en el yacimiento, que tenían que ver con la seguridad de los trabajadores.
La empresa dejó pasar un año y fue requerida de nuevo por la STPS, para que cumpliera con la ley, por el bien de la seguridad de sus trabajadores. Y nunca se pudo cumplir porque les ganó la explosión que enlutó al sector.
Por citar algunas fallas están: reforzar el sistema de fortificación en el cielo del inclinado de banda, seis metros antes del crucero número dos; instalar un protector de seguridad que tapara el resquicio de una bomba ubicada en el área del crucero cuatro, para evitar riesgos mecánicos y proporcionar protección total al trabajador; colocar aviso de identificación en los interruptores y tableros de distribución de corriente eléctrica, que indique la maquinaria que energiza, así como su voltaje y corriente de carga; colocar de inmediato las válvulas de seguridad faltantes a los recipientes sujetos a presión; mejorar el sistema de extracción de la fragua para la extracción de humos, entre otros.
Por horas y días se supo que los trabajadores quedaron atrapados, pero fue imposible rescatarlos, por las condiciones en que quedó esa mina, la ocho.
Guadalupe Rosales Martínez, la hermana de un trabajador que fue rescatado de la entrada de la mina, informó a “Los Angeles Times” de que los mineros se habían quejado previamente sobre una alta concentración de gas en la mina.
En ese sentido, la Cámara Alta demandó a la Secretaría de Economía rendir un informe detallado donde indique el monto que pagan las empresas mineras por hectáreas de explotación en México, el número de concesiones entregadas y la cantidad de hectáreas que equivalen a las mismas.
De igual manera, la dependencia federal deberá detallar los beneficios que han recibido las comunidades, municipios y estados por la actividad minera.
La discusión de un dictamen sobre las autorizaciones de impacto ambiental a las mineras originó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN), hablaran del rescate de los mineros atrapados en la mina de San José, en Chile, y la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006.
El senador Ricardo Monreal opinó sobre la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos: “Contrasta con lo que sucedió en Chile, donde no sólo Gobierno y empresarios se unieron para rescatar a los mineros, sino que también se muestra que ahí no priva el capitalismo de cuates”.
“En México es todo lo opuesto, pues los familiares de las víctimas dijeron que la empresa Minera México no cumplía con las normas de higiene y seguridad para los mineros, que a la postre detonó el accidente”, añadió el legislador del Partido del Trabajo (PT).
Por ello, exigió: “Que el crimen de Pasta de Conchos no quede en la impunidad, se reabra la investigación y se rescaten los cuerpos, que por incapacidad, torpeza y mala fe se mantienen sus cuerpos en las profundidades de la mina”.
Además, criticó que en México se paguen cinco pesos por hectárea de concesión minera, por lo que exigió al Senado que legisle “para beneficiar a los estados y municipios”.
En su turno, el senador del PAN, Ricardo García Cervantes, admitió que no hay ley que obligue a las empresas mineras a invertir un porcentaje de sus utilidades en beneficio de las comunidades. “Todos estamos preocupados por esta situación, que requiere una revisión profunda”.
A su vez, el legislador del PRI, Francisco Arroyo, criticó la actitud de la empresa canadiense Gammon Gold por cerrar la mina “El Cubo”, en Guanajuato, antes que aceptar las peticiones de los mineros de que haya mejores condiciones de seguridad.
Aseveró que por ese motivo, trabajadores se fueron a la huelga, y en respuesta “la empresa, de origen canadiense, les rescindió el contrato laboral”.
El senador guanajuatense denunció que la empresa ha recibido toda clase de apoyos por parte de la Secretaría del Trabajo, y que ésta, en un comunicado, argumentó que se trataba de un “chantaje de los trabajadores”.
TELÓN DE FONDO
El yacimiento operaba con 34 fallas
El 19 de febrero de 2006 es recordado por la muerte de al menos 65 mineros en la explosión de la mina ocho, debido a la acumulación de gas grisú (capaz de formar atmósferas explosivas), en el complejo Industrial Minera México, SA, en Pasta de Conchos, Coahuila.
La negligencia es el sello de esta tragedia que sigue sin esclarecerse luego de cuatro años, máxime porque 19 meses antes del desastre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había informado de 34 fallas en el yacimiento, que tenían que ver con la seguridad de los trabajadores.
La empresa dejó pasar un año y fue requerida de nuevo por la STPS, para que cumpliera con la ley, por el bien de la seguridad de sus trabajadores. Y nunca se pudo cumplir porque les ganó la explosión que enlutó al sector.
Por citar algunas fallas están: reforzar el sistema de fortificación en el cielo del inclinado de banda, seis metros antes del crucero número dos; instalar un protector de seguridad que tapara el resquicio de una bomba ubicada en el área del crucero cuatro, para evitar riesgos mecánicos y proporcionar protección total al trabajador; colocar aviso de identificación en los interruptores y tableros de distribución de corriente eléctrica, que indique la maquinaria que energiza, así como su voltaje y corriente de carga; colocar de inmediato las válvulas de seguridad faltantes a los recipientes sujetos a presión; mejorar el sistema de extracción de la fragua para la extracción de humos, entre otros.
Por horas y días se supo que los trabajadores quedaron atrapados, pero fue imposible rescatarlos, por las condiciones en que quedó esa mina, la ocho.
Guadalupe Rosales Martínez, la hermana de un trabajador que fue rescatado de la entrada de la mina, informó a “Los Angeles Times” de que los mineros se habían quejado previamente sobre una alta concentración de gas en la mina.
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