México
Senado avala reformas al régimen penitenciario
El pleno de la Cámara alta aprueba la Ley Nacional de Ejecución Penal con 115 votos a favor
CIUDAD DE MÉXICO (27/ABR/2016).- El pleno
del Senado dio un paso hacia el cambio del
régimen penitenciario en México, a fin de que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y se implemente una estructura que buscará la reinserción social de las personas privadas de su libertad, a partir del reconocimiento de los derechos humanos, la erradicación de prácticas como el autogobierno, y con un reordenamiento del uso de espacios internos.
Por 115 votos a favor el pleno senatorial aprobó en lo general la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que senadores de cuatro comisiones legislativas ocuparon más de tres años en la preparación del proyecto de decreto que consta de 207 artículos, divididos en seis títulos y con 12 artículos transitorios.
El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN) envió la minuta a la Cámara de Diputados, que además de la revisión y aprobación de la ley, le corresponderá asignar presupuestos para su implementación, por etapas que van de 180 días a dos años, en sus diversas disposiciones.
Un artículo transitorio dispone que puedan obtener la libertad anticipada quienes hayan cometido delito de robo simple por un valor que no exceda de 80 salarios mínimos, sin violencia; también se benefician quienes estén en la cárcel por posesión sin fines de comercio de marihuana en porciones de la multiplicación por mil de la cantidad mínima que señala la Ley General de Salud.
El sistema penitenciario en México observará, de acuerdo con la nueva ley, “los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social”.
Los centros penitenciarios deberán separar a las personas privadas de la libertad, y así, las mujeres purgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; de igual forma deberá ocurrir con procesados y sentenciados. Deberá haber instalaciones distintas para los inimputables, es decir, quienes no están en condiciones de comprender un delito cometido.
Se reconocen derechos y obligaciones de los las personas privadas de la libertad, que “gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte”.
Establece que las mujeres “tendrán acceso a derechos específicos de su género, así como las condiciones especiales de niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios”.
Las autoridades penitenciarias estarán obligadas a respetar los derechos humanos, así como al trabajo, la capacitación, educación, salud y deporte, “como medios para procurar la reinserción a la sociedad de la persona sentenciada”.
Las presidentes de las comisiones de Justicia, Fernando Yunes (PAN), de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz (PRI) presentaron el perfil del articulado de la nueva ley, y en las bancadas al fijar posición expresaron reconocimientos por el trabajo realizado.
La senadora Dolores Padierna, en adición al proyecto propuso que se establecieran tratos específicos a homosexuales, lesbianas, transexuales y transgénero, a quienes consideró como los más vulnerables de los vulnerables en el sistema carcelario, pero las propuestas no fueron admitidas.
Layda Sansores (PT) reconoció el método abierto con el cual se legisló esta materia, desde que el senador Roberto Gil era presidente de la Comisión de Justicia, con la inclusión de la sociedad civil que encontró en el proyecto final propuestas íntegras.
Manuel Cárdenas Fonseca, sin grupo parlamentario, llamó la atención en que para que tenga éxito la aplicación de la ley se tiene que contar con recursos presupuestales que debieron estar incluidos y más cuando se ha dispuesto de 230 mil millones de remanentes federales, de los cuales nada se destinó a los estados.
Dijo Cárdenas Fonseca que emitiría su voto a favor, pero jamás lo hará por más noble que sea una iniciativa, si no se tiene la fuente de pago de su implementación, porque de otra manera se incurrirá en una mentira.
El senador Marco Antonio Blásquez Salinas advirtió que a los reos no se les imponen obligaciones con firmeza, lo cual hará falta para el gobierno de los centros penitenciarios, donde cada día se dan actos de violencia por el control interno.
En las cárceles hay sicarios, homicidas, violadores que todos los días buscan hacerse con el gobierno del centro penitenciario, y se tienen que tomar medidas eficaces para evitar motines y homicidios, por lo que debe haber algo similar a la suspensión de garantías.
Por 115 votos a favor el pleno senatorial aprobó en lo general la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que senadores de cuatro comisiones legislativas ocuparon más de tres años en la preparación del proyecto de decreto que consta de 207 artículos, divididos en seis títulos y con 12 artículos transitorios.
El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN) envió la minuta a la Cámara de Diputados, que además de la revisión y aprobación de la ley, le corresponderá asignar presupuestos para su implementación, por etapas que van de 180 días a dos años, en sus diversas disposiciones.
Un artículo transitorio dispone que puedan obtener la libertad anticipada quienes hayan cometido delito de robo simple por un valor que no exceda de 80 salarios mínimos, sin violencia; también se benefician quienes estén en la cárcel por posesión sin fines de comercio de marihuana en porciones de la multiplicación por mil de la cantidad mínima que señala la Ley General de Salud.
El sistema penitenciario en México observará, de acuerdo con la nueva ley, “los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social”.
Los centros penitenciarios deberán separar a las personas privadas de la libertad, y así, las mujeres purgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; de igual forma deberá ocurrir con procesados y sentenciados. Deberá haber instalaciones distintas para los inimputables, es decir, quienes no están en condiciones de comprender un delito cometido.
Se reconocen derechos y obligaciones de los las personas privadas de la libertad, que “gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte”.
Establece que las mujeres “tendrán acceso a derechos específicos de su género, así como las condiciones especiales de niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios”.
Las autoridades penitenciarias estarán obligadas a respetar los derechos humanos, así como al trabajo, la capacitación, educación, salud y deporte, “como medios para procurar la reinserción a la sociedad de la persona sentenciada”.
Las presidentes de las comisiones de Justicia, Fernando Yunes (PAN), de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD), de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz (PRI) presentaron el perfil del articulado de la nueva ley, y en las bancadas al fijar posición expresaron reconocimientos por el trabajo realizado.
La senadora Dolores Padierna, en adición al proyecto propuso que se establecieran tratos específicos a homosexuales, lesbianas, transexuales y transgénero, a quienes consideró como los más vulnerables de los vulnerables en el sistema carcelario, pero las propuestas no fueron admitidas.
Layda Sansores (PT) reconoció el método abierto con el cual se legisló esta materia, desde que el senador Roberto Gil era presidente de la Comisión de Justicia, con la inclusión de la sociedad civil que encontró en el proyecto final propuestas íntegras.
Manuel Cárdenas Fonseca, sin grupo parlamentario, llamó la atención en que para que tenga éxito la aplicación de la ley se tiene que contar con recursos presupuestales que debieron estar incluidos y más cuando se ha dispuesto de 230 mil millones de remanentes federales, de los cuales nada se destinó a los estados.
Dijo Cárdenas Fonseca que emitiría su voto a favor, pero jamás lo hará por más noble que sea una iniciativa, si no se tiene la fuente de pago de su implementación, porque de otra manera se incurrirá en una mentira.
El senador Marco Antonio Blásquez Salinas advirtió que a los reos no se les imponen obligaciones con firmeza, lo cual hará falta para el gobierno de los centros penitenciarios, donde cada día se dan actos de violencia por el control interno.
En las cárceles hay sicarios, homicidas, violadores que todos los días buscan hacerse con el gobierno del centro penitenciario, y se tienen que tomar medidas eficaces para evitar motines y homicidios, por lo que debe haber algo similar a la suspensión de garantías.
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