México
Seguridad y salud, los grandes desafíos de México: CNDH
El ombudsman José Luis Soberanes demandó que la protección efectiva de los derechos humanos sea una constante aspiración que oriente la política pública de los Estados
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (
CNDH), José Luis Soberanes, manifestó que la seguridad pública y la protección del derecho a la salud son los dos grandes desafíos para la seguridad humana en México.
El ombudsman nacional dictó una conferencia magistral en la Universidad de Texas en El Paso, con motivo de la 67 Reunión anual de profesionales y organizaciones interesadas en asuntos de salud binacional fronteriza.
Durante su ponencia Soberanes Fernández demandó que la protección efectiva de los derechos humanos sea una constante aspiración que oriente la política pública de los Estados.
Ellos deben centrar su atención en el respeto de estas garantías en favor de todos y cada uno de los individuos, con base en el concepto de seguridad humana como eje central de su actuar, expuso.
En el acto organizado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puntualizó que el sistema de justicia penal mexicano enfrenta
diversos problemas que no parecen tener solución en el corto plazo.
El sistema de justicia penal mexicano lo conforman los niveles de prevención del delito, procuración e impartición de justicia y readaptación social.
En un comunicado, el presidente de la CNDH explicó que la seguridad pública enfrenta mayores preocupaciones por el incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada, que crea un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población.
Asimismo destacó que esta problemática da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social.
"El incremento en los índices de corrupción, junto con la penetración de la delincuencia en las instituciones de seguridad, fomentan la impunidad y son el reflejo de una sociedad en descomposición", señaló.
"En ella, los programas eficaces para la prevención del delito, la protección a los derechos de las víctimas y la existencia de una adecuada procuración de justicia se han convertido en una aspiración insatisfecha que ha suscitado desconfianza social en las instituciones del Estado", destacó.
Ello, dijo "en virtud del abuso de poder y de las inadecuadas prácticas administrativas de algunos servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley".
El ombudsman señaló que al Estado mexicano le corresponde actuar con eficiencia y determinación para lograr una sociedad en la que impere el estado de derecho.
Subrayó que la existencia de planes y programas ficiales orientados a dotar a la sociedad mayores niveles de seguridad pública, comprenden la intervención de los gobiernos estatales y
federal que representen acciones ineficaces si no existe una política de estado coordinada para prevenir el delito.
El ombudsman nacional dictó una conferencia magistral en la Universidad de Texas en El Paso, con motivo de la 67 Reunión anual de profesionales y organizaciones interesadas en asuntos de salud binacional fronteriza.
Durante su ponencia Soberanes Fernández demandó que la protección efectiva de los derechos humanos sea una constante aspiración que oriente la política pública de los Estados.
Ellos deben centrar su atención en el respeto de estas garantías en favor de todos y cada uno de los individuos, con base en el concepto de seguridad humana como eje central de su actuar, expuso.
En el acto organizado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puntualizó que el sistema de justicia penal mexicano enfrenta
diversos problemas que no parecen tener solución en el corto plazo.
El sistema de justicia penal mexicano lo conforman los niveles de prevención del delito, procuración e impartición de justicia y readaptación social.
En un comunicado, el presidente de la CNDH explicó que la seguridad pública enfrenta mayores preocupaciones por el incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada, que crea un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población.
Asimismo destacó que esta problemática da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social.
"El incremento en los índices de corrupción, junto con la penetración de la delincuencia en las instituciones de seguridad, fomentan la impunidad y son el reflejo de una sociedad en descomposición", señaló.
"En ella, los programas eficaces para la prevención del delito, la protección a los derechos de las víctimas y la existencia de una adecuada procuración de justicia se han convertido en una aspiración insatisfecha que ha suscitado desconfianza social en las instituciones del Estado", destacó.
Ello, dijo "en virtud del abuso de poder y de las inadecuadas prácticas administrativas de algunos servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley".
El ombudsman señaló que al Estado mexicano le corresponde actuar con eficiencia y determinación para lograr una sociedad en la que impere el estado de derecho.
Subrayó que la existencia de planes y programas ficiales orientados a dotar a la sociedad mayores niveles de seguridad pública, comprenden la intervención de los gobiernos estatales y
federal que representen acciones ineficaces si no existe una política de estado coordinada para prevenir el delito.
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