México
Sancionan a siete funcionarios por culpa de ''Lady Profeco''
Rolando Jesús Rangel, director general de Verificación y Vigilancia, hermano del diputado José Rangel, es uno de los cesados
CIUDAD DE MÉXICO (26/JUL/2013).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó a cuatro funcionarios públicos y sancionó a tres inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por las irregularidades que se cometieron en la revisión en el restaurante “Máximo Bistrot”, el cual fue cerrado por un escándalo que protagonizó Andrea Benítez, hija del entonces titular de dicha dependencia, Humberto Benítez Treviño.
Uno de los funcionarios que se destituyeron, es el director general de Verificación y Vigilancia, Jesús Rolando Rangel, hermano del diputado José Rangel, quien en ése entonces, deslindó a su familiar del asunto. Afirmó que el día en que ocurrió el bochornoso espectáculo de Andrea Benítez, Jesús estuvo con él, en el rancho familiar “Casablanca”, en el municipio San José del Rincón, Estado de México.
“Le recuerdo que el sábado es inhábil, y por cierto estábamos los dos juntos montando a caballo, así que a mí me consta que él no tuvo ninguna actuación en lo personal”.
“Porque así lo veo yo, es un error. (Andrea Benítez) ni siquiera es una persona que se vea involucrada en este tipo de escándalos, es un incidente”.
El pasado 28 de abril, Andrea Benítez, hija de Humberto Benítez Treviño, ordenó el cierre del restaurante “Máximo Bistrot” por no darle una mesa inmediatamente. Las redes sociales protestaron y tal fue el eco que el Presidente Enrique Peña Nieto terminó destituyéndolo.
A los servidores involucrados en el caso les otorgó la garantía de audiencia, con el fin de que aportaran las pruebas que estimaron pertinentes en su defensa.
Finalmente, determinó destituir e inhabilitar temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año al subprocurador de Verificación, Roberto Figueroa Martínez, al director general de Verificación y Vigilancia, Jesús Rolando Rangel, y al jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas, Abraham Sánchez Fuentes.
Además, el director de Procedimientos y Sanciones, Policarpo Montes de Oca Álvarez, fue destituido de su cargo mientras que tres inspectores de Programas Especiales, comisionados como verificadores, fueron suspendidos de sus empleos por un periodo de seis meses.
Uno de los funcionarios que se destituyeron, es el director general de Verificación y Vigilancia, Jesús Rolando Rangel, hermano del diputado José Rangel, quien en ése entonces, deslindó a su familiar del asunto. Afirmó que el día en que ocurrió el bochornoso espectáculo de Andrea Benítez, Jesús estuvo con él, en el rancho familiar “Casablanca”, en el municipio San José del Rincón, Estado de México.
“Le recuerdo que el sábado es inhábil, y por cierto estábamos los dos juntos montando a caballo, así que a mí me consta que él no tuvo ninguna actuación en lo personal”.
“Porque así lo veo yo, es un error. (Andrea Benítez) ni siquiera es una persona que se vea involucrada en este tipo de escándalos, es un incidente”.
El pasado 28 de abril, Andrea Benítez, hija de Humberto Benítez Treviño, ordenó el cierre del restaurante “Máximo Bistrot” por no darle una mesa inmediatamente. Las redes sociales protestaron y tal fue el eco que el Presidente Enrique Peña Nieto terminó destituyéndolo.
A los servidores involucrados en el caso les otorgó la garantía de audiencia, con el fin de que aportaran las pruebas que estimaron pertinentes en su defensa.
Finalmente, determinó destituir e inhabilitar temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año al subprocurador de Verificación, Roberto Figueroa Martínez, al director general de Verificación y Vigilancia, Jesús Rolando Rangel, y al jefe de Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas, Abraham Sánchez Fuentes.
Además, el director de Procedimientos y Sanciones, Policarpo Montes de Oca Álvarez, fue destituido de su cargo mientras que tres inspectores de Programas Especiales, comisionados como verificadores, fueron suspendidos de sus empleos por un periodo de seis meses.
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