México
Salario mínimo a dos manos
Tren Parlamentario por Vicente BELLO
El salario mínimo irrumpió ayer en el país con su 4.6% de aumento en 2009 y se bifurcó en dos senderos espinosos, por donde diputados federales y senadores, para variar, no han querido caminar todavía, incluso cuando es un asunto del máximo interés, particularmente para millones de trabajadores.
Hay gente preocupada por el alza salarial. Lo que es poco para todos, no lo es tanto para otros cuando, verbigracia, los pagos al Infonavit están indexados al salario desde la reforma de 1986 a la Ley del Instituto.
En 1998, el PRD de entonces, en la LVII Legislatura, propuso en voz de Porfirio Muñoz Ledo, que fuera reformada la ley de marras, con el propósito de que los trabajadores que deben su vivienda al Infonavit ya no se vieran afectados con el aumento anual de salario mínimo, que aunque bastante menor ha sido utilizado por el Gobierno federal para tener a miles de trabajadores prácticamente cautivos durante 30 años, pagando una deuda de vivienda impagable para los que menos cotizan.
Desde 1986, gracias a esta reforma impulsada por el PRI, las viviendas adquiridas mediante créditos del Infonavit se han hecho literalmente impagables. Cada año, el precio de la vivienda aumenta muy por encima de lo que el deudor puede pagar en ese mismo lapso, máxime cuando éste sólo lo hace desde el basamento de un salario mínimo.
Casas, por ejemplo, que al ser entregadas tenían un precio de 176 mil pesos, 10 años después ya andan por los 700 mil. Y la suma de los descuentos al trabajador no han ido más allá de los 80 mil. Veamos: si se les descuenta 500 pesos mensuales, éstos suman seis mil al año; en una década, son 60 mil. Impagable de veras. Al Infonavit ya no deben el diferencial entre 60 mil y 176 mil pesos, sino la enorme diferencia entre esos 60 mil y ahora 700 mil.
Esto se lo debe el trabajador a la decisión que entonces tomó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y su partido. La opción que la ley aquella dejó al deudor es que a los 30 años la deuda queda condonada. Claro, si “va al corriente”. Y si tiene algún atraso más o menos prolongado (por lo común, temporadas de desempleo de más de dos años reflejadas así en el Infonavit), y no lo paga, pues no sólo no le darán las escrituras, sino que corre el riesgo de que lo embarguen; y si antes no va y negocia con el Instituto nuevas formas de pago, incluso es factible que lo echen, y el Instituto entonces reasigna la vivienda a otro incauto trabajador.
Ah; no es todo: y al desalojado, despojado, o como le llame, tampoco se le devuelve ni un solo peso de lo que abonó. O sea que, “a lo caido, caido”.
¿Esto es lo que sucederá este año? El riesgo de que se incrementen los embargos este 2009 es grave. En los últimos cuatro meses, el desempleo —lo ha admitido ayer el Gobierno federal— acumuló casi 170 mil afectados. Y un dato más: para el año siguiente el Seguro Social supone que sólo causarán alta unos 80 mil, cuando el país requiere de una generación mínima de empleo anual de 800 mil.
La iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, con dedicatoria expresa de quitar a las deudas de vivienda el carácter de “indexadas” al aumento de salario mínimo, está en las comisiones de la Cámara de Diputados, con carácter de congelada.
El día que diputados y senadores dejen de simular que representan a la nación, y dictaminen y aprueben una reforma al Infonavit, en cuanto a la relación deudor-salario mínimo, entonces los empresarios, los ujieres del Presidente en la Secretaría del Trabajo y en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya no podrán utilizar el pretexto de que es riesgoso para el trabajador aumentarle el salario mínimo.
Un salario que, ayer, el Gobierno federal a través de sus peones de la CNSM y de la Secretaría del Trabajo, no permitieron que fuera más allá de 4.6%, a sabiendas de que la inflación reconocida oficialmente será de 6.23 por ciento.
Una inflación, sin embargo, que en la realidad se ha estado dejando sentir en el país con mucho más rigor: cómo se ha achicado el peso estos meses, estos días; sobre todo a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha instrumentado aumentos escalonados de los precios de las gasolinas.
De fines de julio a la fecha, Agustín Carstens ha ajustado 32 veces el precio de los combustibles. Y desde entonces, el pasaje del transporte público, en prácticamente todo el país, se ha disparado a más del doble incluso.
Como nunca antes, es de presumir que el poder adquisitivo de la gente de a pie se achicará todavía más, en tanto que la gente que dice representarlos —como son diputados, senadores y otros encargados de instituciones y oficinas federales y estatales, como gobernadores y Presidente de la República— han conformado en los hechos una clase distinta al grueso de las mayorías; una clase política con condiciones económicas de privilegio.
Veamos un repaso: el presidente de México gana más salario que el de los Estados Unidos, incluso cuando Calderón hizo la finta de que se reducía el salario. Los magistrados de la Corte siguen ganando más de 400 mil mensuales. Y los diputados, más de 128 mil, y los senadores, algo así como 150 y tantos mil. Aparte, eso sí, las prestaciones y las exenciones de pagos de impuestos, como sucedió estos días con diputados (con excepción de cuatro, uno de ellos Layda Sansores, que ha tenido el pudor y la vergüenza de devolver el dinero de impuestos que les habían incluido en sus dietas) y senadores.
Obviamente, ninguno de los casi cinco mil funcionarios y representantes federales, del primer círculo del poder, va a tronarse los dedos en 2009 para ver qué compra primero: si alimento para sus hijos o para pagar la renta, o para medicamentos o para vestido.
A tiro de piedra del año ominoso, diputados y senadores se han ido de vacaciones, y nada podrán hacer —aunque lo quisieran— en torno de dos retos que plantea el salario mínimo:
1.- Los deudores de vivienda seguirán con su suerte indexada al salario mínimo, haciendo, para la mayoría, impagables sus créditos; con una ley a todas luces injusta que los legisladores desde hace mucho debían haber reformado.
2.- No han sido capaces de reformar las leyes para atraer al Congreso —más allá de las declaraciones añosas e inefectivas de la oposición en este tema— la facultad de revisar y establecer un salario mínimo general en todo el país, a estas alturas del partido todavía fraccionado en zonas.
Entonces los legisladores podrían, en los hechos y no en el mundo de las declaraciones, prohijar un salario que fuera acorde con las realidades de la mayoría de la población que dicen representar, y no un salario mínimo que tan fielmente refleja la desigualdad brutal que hay en la economía del país.
Hay gente preocupada por el alza salarial. Lo que es poco para todos, no lo es tanto para otros cuando, verbigracia, los pagos al Infonavit están indexados al salario desde la reforma de 1986 a la Ley del Instituto.
En 1998, el PRD de entonces, en la LVII Legislatura, propuso en voz de Porfirio Muñoz Ledo, que fuera reformada la ley de marras, con el propósito de que los trabajadores que deben su vivienda al Infonavit ya no se vieran afectados con el aumento anual de salario mínimo, que aunque bastante menor ha sido utilizado por el Gobierno federal para tener a miles de trabajadores prácticamente cautivos durante 30 años, pagando una deuda de vivienda impagable para los que menos cotizan.
Desde 1986, gracias a esta reforma impulsada por el PRI, las viviendas adquiridas mediante créditos del Infonavit se han hecho literalmente impagables. Cada año, el precio de la vivienda aumenta muy por encima de lo que el deudor puede pagar en ese mismo lapso, máxime cuando éste sólo lo hace desde el basamento de un salario mínimo.
Casas, por ejemplo, que al ser entregadas tenían un precio de 176 mil pesos, 10 años después ya andan por los 700 mil. Y la suma de los descuentos al trabajador no han ido más allá de los 80 mil. Veamos: si se les descuenta 500 pesos mensuales, éstos suman seis mil al año; en una década, son 60 mil. Impagable de veras. Al Infonavit ya no deben el diferencial entre 60 mil y 176 mil pesos, sino la enorme diferencia entre esos 60 mil y ahora 700 mil.
Esto se lo debe el trabajador a la decisión que entonces tomó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado y su partido. La opción que la ley aquella dejó al deudor es que a los 30 años la deuda queda condonada. Claro, si “va al corriente”. Y si tiene algún atraso más o menos prolongado (por lo común, temporadas de desempleo de más de dos años reflejadas así en el Infonavit), y no lo paga, pues no sólo no le darán las escrituras, sino que corre el riesgo de que lo embarguen; y si antes no va y negocia con el Instituto nuevas formas de pago, incluso es factible que lo echen, y el Instituto entonces reasigna la vivienda a otro incauto trabajador.
Ah; no es todo: y al desalojado, despojado, o como le llame, tampoco se le devuelve ni un solo peso de lo que abonó. O sea que, “a lo caido, caido”.
¿Esto es lo que sucederá este año? El riesgo de que se incrementen los embargos este 2009 es grave. En los últimos cuatro meses, el desempleo —lo ha admitido ayer el Gobierno federal— acumuló casi 170 mil afectados. Y un dato más: para el año siguiente el Seguro Social supone que sólo causarán alta unos 80 mil, cuando el país requiere de una generación mínima de empleo anual de 800 mil.
La iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit, con dedicatoria expresa de quitar a las deudas de vivienda el carácter de “indexadas” al aumento de salario mínimo, está en las comisiones de la Cámara de Diputados, con carácter de congelada.
El día que diputados y senadores dejen de simular que representan a la nación, y dictaminen y aprueben una reforma al Infonavit, en cuanto a la relación deudor-salario mínimo, entonces los empresarios, los ujieres del Presidente en la Secretaría del Trabajo y en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya no podrán utilizar el pretexto de que es riesgoso para el trabajador aumentarle el salario mínimo.
Un salario que, ayer, el Gobierno federal a través de sus peones de la CNSM y de la Secretaría del Trabajo, no permitieron que fuera más allá de 4.6%, a sabiendas de que la inflación reconocida oficialmente será de 6.23 por ciento.
Una inflación, sin embargo, que en la realidad se ha estado dejando sentir en el país con mucho más rigor: cómo se ha achicado el peso estos meses, estos días; sobre todo a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha instrumentado aumentos escalonados de los precios de las gasolinas.
De fines de julio a la fecha, Agustín Carstens ha ajustado 32 veces el precio de los combustibles. Y desde entonces, el pasaje del transporte público, en prácticamente todo el país, se ha disparado a más del doble incluso.
Como nunca antes, es de presumir que el poder adquisitivo de la gente de a pie se achicará todavía más, en tanto que la gente que dice representarlos —como son diputados, senadores y otros encargados de instituciones y oficinas federales y estatales, como gobernadores y Presidente de la República— han conformado en los hechos una clase distinta al grueso de las mayorías; una clase política con condiciones económicas de privilegio.
Veamos un repaso: el presidente de México gana más salario que el de los Estados Unidos, incluso cuando Calderón hizo la finta de que se reducía el salario. Los magistrados de la Corte siguen ganando más de 400 mil mensuales. Y los diputados, más de 128 mil, y los senadores, algo así como 150 y tantos mil. Aparte, eso sí, las prestaciones y las exenciones de pagos de impuestos, como sucedió estos días con diputados (con excepción de cuatro, uno de ellos Layda Sansores, que ha tenido el pudor y la vergüenza de devolver el dinero de impuestos que les habían incluido en sus dietas) y senadores.
Obviamente, ninguno de los casi cinco mil funcionarios y representantes federales, del primer círculo del poder, va a tronarse los dedos en 2009 para ver qué compra primero: si alimento para sus hijos o para pagar la renta, o para medicamentos o para vestido.
A tiro de piedra del año ominoso, diputados y senadores se han ido de vacaciones, y nada podrán hacer —aunque lo quisieran— en torno de dos retos que plantea el salario mínimo:
1.- Los deudores de vivienda seguirán con su suerte indexada al salario mínimo, haciendo, para la mayoría, impagables sus créditos; con una ley a todas luces injusta que los legisladores desde hace mucho debían haber reformado.
2.- No han sido capaces de reformar las leyes para atraer al Congreso —más allá de las declaraciones añosas e inefectivas de la oposición en este tema— la facultad de revisar y establecer un salario mínimo general en todo el país, a estas alturas del partido todavía fraccionado en zonas.
Entonces los legisladores podrían, en los hechos y no en el mundo de las declaraciones, prohijar un salario que fuera acorde con las realidades de la mayoría de la población que dicen representar, y no un salario mínimo que tan fielmente refleja la desigualdad brutal que hay en la economía del país.
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