México
Reynoso pide disminuir fianza; la suben a 16 MDP
El ex mandatario considera alta la fianza establecida en su contra
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (24/SEP/2013).- El ex gobernador de Aguascalientes,
Luis Armando Reynoso Femat, solicitó la disminución de su fianza, pero la justicia federal rechazó su petición y por el contrario aumentó el monto.
El ex mandatario consideró como alta la fianza de 10 millones fijada por la justicia local para poder enfrentar el juicio en su contra por la venta de terrenos de la reserva del estado, a precios ínfimos.
A inicios de esta semana presentó la solicitud ante la justicia local, presentado un avalúo, con el que pretendió demostrar que el valor de los terrenos no es tan elevado como lo pretende hacer ver la Fiscalía estatal.
Dicho dictamen fue desechado por la justicia local, por lo que el ex mandatario presentó la solicitud ante la justicia federal el pasado 18 de septiembre y apenas este lunes se tomó la decisión de no disminuirla, pero además aumentarla a 16 millones de pesos.
Así lo informó el magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Fernando González de Luna, quien aseveró que en caso de no pagar la fianza en cinco días, podrá ser detenido.
El 2 de agosto de este año, la jueza Margarita Zavala Vallejo giró una nueva orden de aprehensión por su presunta participación en la venta ilegal de terrenos al sur de la ciudad de la denominada Reserva Territorial Morelos II con superficie de casi 100 mil metros cuadrados en un precio aproximado del 17 por ciento de su valor real y a crédito, a una empresa privada que no utilizó dichos terrenos para el desarrollo de vivienda como debe ser en estos casos, sino que los destinó a actividades meramente mercantiles.
La escritura correspondiente se suscribió el 15 de mayo de 2009 y firmó como testigo de honor el entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat.
Por este mismo expediente también se procesa a quien fuera el secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, actualmente prófugo de la justicia, y el ex director del Instituto de Vivienda, Alberto Serna Dávila quien enfrenta su proceso en libertad bajo caución.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, los detenidos participaron en menor o mayor medida en la desincorporación de dichos terrenos; "en un contrato realmente perjudicial para el estado y ventajoso para el particular involucrado, dedicado a los desarrollos inmobiliarios a través de su empresa Constru Urbi S.A. de C.V.".
En abril de 2009 se realizó la compraventa en el precio de tres millones 405 mil 93 pesos, pagando un millón 700 mil pesos a la firma del contrato y el resto un millón 705 mil 93 pesos con 50 centavos a pagarse en un plazo de 6 meses para lo que se firmó un pagaré; "esto no fue obstáculo para firmar la escritura correspondiente, constando en ella que estaba pagado en su totalidad, claro está para poder obtener los créditos para desarrollo".
El resto no fue pagado en el plazo marcado, sino después de un año, condonándole todos los intereses moratorios que se habían pactado al costo de TIIE +3 por 2.
Según peritos, el valor del terreno en la fecha de contratación era de 19 millones 719 mil pesos.
El 11 de septiembre, mediante un comunicado, el Poder Judicial local dio a conocer que el ex mandatario se presentó ante el juzgado pero hizo uso de su derecho a reservarse su declaración, además de que solicitó una ampliación de 72 horas para presentar pruebas que desvirtúen la orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, el pasado lunes 16 de septiembre el Juzgado Primero de lo Penal dictó un nuevo auto de formal prisión por el delito de peculado y ejercicio indebido de la función pública, por la venta ventajosa de terrenos propiedad del gobierno del estado a un particular.
El ex mandatario consideró como alta la fianza de 10 millones fijada por la justicia local para poder enfrentar el juicio en su contra por la venta de terrenos de la reserva del estado, a precios ínfimos.
A inicios de esta semana presentó la solicitud ante la justicia local, presentado un avalúo, con el que pretendió demostrar que el valor de los terrenos no es tan elevado como lo pretende hacer ver la Fiscalía estatal.
Dicho dictamen fue desechado por la justicia local, por lo que el ex mandatario presentó la solicitud ante la justicia federal el pasado 18 de septiembre y apenas este lunes se tomó la decisión de no disminuirla, pero además aumentarla a 16 millones de pesos.
Así lo informó el magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Fernando González de Luna, quien aseveró que en caso de no pagar la fianza en cinco días, podrá ser detenido.
El 2 de agosto de este año, la jueza Margarita Zavala Vallejo giró una nueva orden de aprehensión por su presunta participación en la venta ilegal de terrenos al sur de la ciudad de la denominada Reserva Territorial Morelos II con superficie de casi 100 mil metros cuadrados en un precio aproximado del 17 por ciento de su valor real y a crédito, a una empresa privada que no utilizó dichos terrenos para el desarrollo de vivienda como debe ser en estos casos, sino que los destinó a actividades meramente mercantiles.
La escritura correspondiente se suscribió el 15 de mayo de 2009 y firmó como testigo de honor el entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat.
Por este mismo expediente también se procesa a quien fuera el secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, actualmente prófugo de la justicia, y el ex director del Instituto de Vivienda, Alberto Serna Dávila quien enfrenta su proceso en libertad bajo caución.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, los detenidos participaron en menor o mayor medida en la desincorporación de dichos terrenos; "en un contrato realmente perjudicial para el estado y ventajoso para el particular involucrado, dedicado a los desarrollos inmobiliarios a través de su empresa Constru Urbi S.A. de C.V.".
En abril de 2009 se realizó la compraventa en el precio de tres millones 405 mil 93 pesos, pagando un millón 700 mil pesos a la firma del contrato y el resto un millón 705 mil 93 pesos con 50 centavos a pagarse en un plazo de 6 meses para lo que se firmó un pagaré; "esto no fue obstáculo para firmar la escritura correspondiente, constando en ella que estaba pagado en su totalidad, claro está para poder obtener los créditos para desarrollo".
El resto no fue pagado en el plazo marcado, sino después de un año, condonándole todos los intereses moratorios que se habían pactado al costo de TIIE +3 por 2.
Según peritos, el valor del terreno en la fecha de contratación era de 19 millones 719 mil pesos.
El 11 de septiembre, mediante un comunicado, el Poder Judicial local dio a conocer que el ex mandatario se presentó ante el juzgado pero hizo uso de su derecho a reservarse su declaración, además de que solicitó una ampliación de 72 horas para presentar pruebas que desvirtúen la orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, el pasado lunes 16 de septiembre el Juzgado Primero de lo Penal dictó un nuevo auto de formal prisión por el delito de peculado y ejercicio indebido de la función pública, por la venta ventajosa de terrenos propiedad del gobierno del estado a un particular.
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