México
Revolución y reelección
¿Y una reelección, quizá para un segundo período, de los gobernadores?
Hace unos meses, cuando era él un extraño caso de ex gobernador metido a candidato a diputado, Francisco Javier Ramírez Acuña habló de la reelección. Se pronunció, en una de tantas entrevistas, a favor de la reelección inmediata de diputados y alcaldes.
¿Y una reelección, quizá para un segundo período, de los gobernadores?
“No. Seis años son más que suficientes. Ni para los gobernadores ni para el presidente”, fue su respuesta. Sigo convencido de que el segundo gobernador panista de Jalisco había calculado tiempo atrás el alcance de una respuesta afirmativa y no estaba dispuesto a defender la reelección presidencial justo cuando se imponía ofrecer su mejor cara política para captar votos.
Pero hay una tendencia completamente conocida por los dirigentes de los partidos políticos y los escogidos capos políticos nacionales: se comenzará por la reelección de diputados y alcaldes, para terminar, en un futuro no lejano, en la reelección de gobernadores y la presidencial.
¿Es una casualidad que en el exacto año que conmemorará un siglo del inicio de la Revolución Mexicana se promueva una reforma en nuestro sistema de Gobierno que modifique totalmente la premisa con la que casi bautizaban a todos los mexicanos: “sufragio efectivo, no reelección”?
La respuesta es de ellos, los políticos: en política no hay casualidades.
El quid no es si acabarán modificando la Constitución del país y las leyes reglamentarias correspondientes para que los alcaldes y los diputados puedan aspirar a un segundo período inmediato –seguramente así será, pues una iniciativa de la Presidencia está por remitirse al Congreso de la Unión y Felipe Calderón no daría ese paso si no estuviera seguro del respaldo de quienes controlan ahora el Poder Legislativo: los priistas–.
El punto de interés es si la reforma final romperá el cordón umbilical que sujeta a los diputados en funciones a la dirigencia de sus partidos políticos, porque en el caso de los presidentes municipales, casi todos ellos continuarán inexorablemente supeditados a la voluntad del gobernador mientras siga siendo éste el auténtico “patrón” en la disposición de los recursos económicos. En un escenario así, excepción hecha de las ciudades con mayor presupuesto, escasa diferencia marcará tener un alcalde de tres o seis años.
Pero de vuelta a los diputados (y senadores), son ellos y ellas quienes permiten que el país permanezca hundido en “la partidocracia”. Las raquíticas reformas de los últimos años son una muestra patente de ello; en teoría, la reelección –en las aulas universitarias mexicanas se analiza el modelo norteamericano– permite al legislador desligarse del partido que lo postuló al cargo, con base en una sencilla ecuación: son los votantes quienes lo llevan a una curul, no las siglas que lo cobijaron, y si aspira a ser reelecto, atenderá los intereses de quienes votan por él, aunque éstos se opongan a los de su dirigencia partidista.
Insisto, esto es teoría, una derivación de ingeniería constitucional ajena a nuestro país.
¿De qué tamaño sería, con diputados políticamente independientes, el círculo de influencia de poderosos gobernadores que se han fortalecido en la medida que pierde fuerza la figura del presidente y que tienden a controlar en sus feudos al partido del que surgieron?
Si la reforma será positiva o sólo nos hundirá más en viciosos círculos de poder, depende –¡cruel ironía!– de los mismos diputados y senadores.
¿Y una reelección, quizá para un segundo período, de los gobernadores?
“No. Seis años son más que suficientes. Ni para los gobernadores ni para el presidente”, fue su respuesta. Sigo convencido de que el segundo gobernador panista de Jalisco había calculado tiempo atrás el alcance de una respuesta afirmativa y no estaba dispuesto a defender la reelección presidencial justo cuando se imponía ofrecer su mejor cara política para captar votos.
Pero hay una tendencia completamente conocida por los dirigentes de los partidos políticos y los escogidos capos políticos nacionales: se comenzará por la reelección de diputados y alcaldes, para terminar, en un futuro no lejano, en la reelección de gobernadores y la presidencial.
¿Es una casualidad que en el exacto año que conmemorará un siglo del inicio de la Revolución Mexicana se promueva una reforma en nuestro sistema de Gobierno que modifique totalmente la premisa con la que casi bautizaban a todos los mexicanos: “sufragio efectivo, no reelección”?
La respuesta es de ellos, los políticos: en política no hay casualidades.
El quid no es si acabarán modificando la Constitución del país y las leyes reglamentarias correspondientes para que los alcaldes y los diputados puedan aspirar a un segundo período inmediato –seguramente así será, pues una iniciativa de la Presidencia está por remitirse al Congreso de la Unión y Felipe Calderón no daría ese paso si no estuviera seguro del respaldo de quienes controlan ahora el Poder Legislativo: los priistas–.
El punto de interés es si la reforma final romperá el cordón umbilical que sujeta a los diputados en funciones a la dirigencia de sus partidos políticos, porque en el caso de los presidentes municipales, casi todos ellos continuarán inexorablemente supeditados a la voluntad del gobernador mientras siga siendo éste el auténtico “patrón” en la disposición de los recursos económicos. En un escenario así, excepción hecha de las ciudades con mayor presupuesto, escasa diferencia marcará tener un alcalde de tres o seis años.
Pero de vuelta a los diputados (y senadores), son ellos y ellas quienes permiten que el país permanezca hundido en “la partidocracia”. Las raquíticas reformas de los últimos años son una muestra patente de ello; en teoría, la reelección –en las aulas universitarias mexicanas se analiza el modelo norteamericano– permite al legislador desligarse del partido que lo postuló al cargo, con base en una sencilla ecuación: son los votantes quienes lo llevan a una curul, no las siglas que lo cobijaron, y si aspira a ser reelecto, atenderá los intereses de quienes votan por él, aunque éstos se opongan a los de su dirigencia partidista.
Insisto, esto es teoría, una derivación de ingeniería constitucional ajena a nuestro país.
¿De qué tamaño sería, con diputados políticamente independientes, el círculo de influencia de poderosos gobernadores que se han fortalecido en la medida que pierde fuerza la figura del presidente y que tienden a controlar en sus feudos al partido del que surgieron?
Si la reforma será positiva o sólo nos hundirá más en viciosos círculos de poder, depende –¡cruel ironía!– de los mismos diputados y senadores.
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