México
Resolución de la Corte, paso histórico en fuero militar: Amnistía internacional
Señaló que espera que se asuma el carácter obligatorio de esta resolución y además se reconozca que la resolución representa un paso positivo en el compromiso de las fuerzas armadas
CIUDAD DE MÉXICO (14/JUL/2011).- La organización Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades del Estado Mexicano, así como a la Procuraduría General de la República, asumir la decisión de realizar las investigaciones debidas de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas, en el pasado y actualmente, por las fuerzas armadas.
La organización ha documentado varios casos de desaparición forzada en los últimos meses sin que las autoridades militares o civiles realicen investigaciones para esclarecer los hechos.
Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los militares sean juzgados en tribunales civiles en caso de violación a los derechos humanos.
En un comunicado, AI subrayó que es urgente que la Procuraduría General de la República asuma su responsabilidad de abrir y avanzar en la investigación de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas armadas y que las demás instituciones respeten esta trasformación como un paso fundamental para consolidar la justicia y terminar con la impunidad.
La organización internacional reconoció que la resolución de la Corte es un paso histórico en los esfuerzos para limitar la competencia de la jurisdicción militar y garantizar el derecho a un remedio efectivo para las víctimas de abuso.
Además, dijeron, establece un precedente importante acerca de la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y los tratados internacionales de derechos humanos.
AI dijo que hasta el momento, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de Gobierno han mostrado su disposición de acatar parcialmente la decisión de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).
Amnistía Internacional espera que asuman el carácter obligatorio de esta resolución y además reconozcan que representa un paso positivo para demostrar el compromiso de las fuerzas armadas de someterse a controles civiles y para la rendición de cuentas ante la sociedad.
También consideró que la decisión de la SCJN señala el camino para el Ejecutivo y la Legislatura para reformar el código penal militar en conformidad con la resolución de la SCJN y las sentencias de CIDH.
"La iniciativa presentada por el Gobierno actualmente no cumple con estos requisitos al solo excluir la desaparición forzada, la tortura y la violación de la jurisdicción y dejar la investigación inicial para determinar el delito en manos de la jurisdicción militar", dijo.
Consideró que este proyecto de ley debe ya ser modificado para excluir la jurisdicción militar de la investigación y procesamiento de cualquier presunta violación contra civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.
La resolución de la SCJN además amplia la obligación de todos los jueces en México de asegurar que sus decisiones están en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos.
"Esta resolución, en base de la reciente incorporación plena de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución mexicana, abre el camino a una justicia mucho más eficaz en proteger los derechos humanos de toda la población".
Amnistía Internacional consideró que la resolución ofrece una oportunidad crucial para que las instituciones en los tres niveles del Estado empiecen a operar con base a la obligación de respectar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La organización ha documentado varios casos de desaparición forzada en los últimos meses sin que las autoridades militares o civiles realicen investigaciones para esclarecer los hechos.
Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los militares sean juzgados en tribunales civiles en caso de violación a los derechos humanos.
En un comunicado, AI subrayó que es urgente que la Procuraduría General de la República asuma su responsabilidad de abrir y avanzar en la investigación de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas armadas y que las demás instituciones respeten esta trasformación como un paso fundamental para consolidar la justicia y terminar con la impunidad.
La organización internacional reconoció que la resolución de la Corte es un paso histórico en los esfuerzos para limitar la competencia de la jurisdicción militar y garantizar el derecho a un remedio efectivo para las víctimas de abuso.
Además, dijeron, establece un precedente importante acerca de la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) y los tratados internacionales de derechos humanos.
AI dijo que hasta el momento, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de Gobierno han mostrado su disposición de acatar parcialmente la decisión de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).
Amnistía Internacional espera que asuman el carácter obligatorio de esta resolución y además reconozcan que representa un paso positivo para demostrar el compromiso de las fuerzas armadas de someterse a controles civiles y para la rendición de cuentas ante la sociedad.
También consideró que la decisión de la SCJN señala el camino para el Ejecutivo y la Legislatura para reformar el código penal militar en conformidad con la resolución de la SCJN y las sentencias de CIDH.
"La iniciativa presentada por el Gobierno actualmente no cumple con estos requisitos al solo excluir la desaparición forzada, la tortura y la violación de la jurisdicción y dejar la investigación inicial para determinar el delito en manos de la jurisdicción militar", dijo.
Consideró que este proyecto de ley debe ya ser modificado para excluir la jurisdicción militar de la investigación y procesamiento de cualquier presunta violación contra civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.
La resolución de la SCJN además amplia la obligación de todos los jueces en México de asegurar que sus decisiones están en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos.
"Esta resolución, en base de la reciente incorporación plena de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución mexicana, abre el camino a una justicia mucho más eficaz en proteger los derechos humanos de toda la población".
Amnistía Internacional consideró que la resolución ofrece una oportunidad crucial para que las instituciones en los tres niveles del Estado empiecen a operar con base a la obligación de respectar, proteger y garantizar los derechos humanos.
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