México
Remiten a la PGR caso de indígenas abusadas
La decisión se tomó con base a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
CHILPANCINGO, GUERRERO (17/AGO/2011).- El grupo defensor de derechos humanos Tlachinollan, dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia Militar remitió las investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR), sobre la violación de las mujeres indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en el 2002, por parte de elementos del Ejército Mexicano.
Abel Barrera Hernández, presidente de Tlachinollan, dijo que la notificación que la Procuraduría General de Justicia Militar les hizo llegar a ambas mujeres el 12 de agosto, se hizo con base a sus propias denuncias que iniciaron hace nueve años por el delito de violación sexual, así como en las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Agregó que la decisión de la Procuraduría General de Justicia Militar de enviar el expediente a la PGR se hizo con base a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del expediente “Varios 912/2010” (relativo al caso Rosendo Radilla, desaparecido por militares en 1974), que señala que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles.
Abel Barrea señaló que la resolución es resultado de nueve años de lucha de ambas mujeres (Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú), de organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de personas de todo el mundo que a título individual y colectivo se sumaron a la exigencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que las violaciones a los derechos humanos que cometan militares no sean ventilados en tribunales castrenses.
Añadió que la PGR “tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que hayan sido identificados por Inés y Valentina”.
Abel Barrera Hernández, presidente de Tlachinollan, dijo que la notificación que la Procuraduría General de Justicia Militar les hizo llegar a ambas mujeres el 12 de agosto, se hizo con base a sus propias denuncias que iniciaron hace nueve años por el delito de violación sexual, así como en las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Agregó que la decisión de la Procuraduría General de Justicia Militar de enviar el expediente a la PGR se hizo con base a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del expediente “Varios 912/2010” (relativo al caso Rosendo Radilla, desaparecido por militares en 1974), que señala que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, por lo que deberán ser juzgados por tribunales civiles.
Abel Barrea señaló que la resolución es resultado de nueve años de lucha de ambas mujeres (Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú), de organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de personas de todo el mundo que a título individual y colectivo se sumaron a la exigencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que las violaciones a los derechos humanos que cometan militares no sean ventilados en tribunales castrenses.
Añadió que la PGR “tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que hayan sido identificados por Inés y Valentina”.
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