México
Reducen condena a militares acusados de violación
Rectificaron la sentencia a un militar que había sido absuelto y ahora le impusieron 18 años de cárcel
MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El Tribunal Superior de Justicia del estado mexicano de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, redujo la condena carcelaria a dos militares presos por la violación de 14 mujeres y condenó a prisión a otro soldado que había sido absuelto, informó hoy una fuente oficial.
En octubre de 2007, el juzgado segundo penal de Monclova (Coahuila) condenó a prisión a ocho militares y a uno lo absolvió por el caso de la violación de 14 mujeres en un bar.
Los magistrados revisaron la apelación de los militares juzgados en el primer juicio civil contra miembros del Ejército mexicano y encontró "lagunas" jurídicas en el Código Penal y "errores" cometidos por el juez de primera instancia al dictar la sentencia en tres de los casos, precisó una fuente del Tribunal.
El Tribunal señaló que el Juez Segundo Penal que sentenció a los soldados consideró agravantes que sólo se pueden aplicar en casos violación conyugal o cuando la víctima padece discapacidad física o mental.
Bajo esos argumentos los magistrados redujeron las penas de cárcel a menos de la mitad a los soldados Omar Alejandro Rangel Fuentes y a Fernando Adrián Madrid Guardiola. La del primero pasó de 41,5 a 15 años, y la del segundo de 31,8 a 15,8.
Además, los magistrados detectaron errores en la sentencia de otro militar que había sido absuelto por el mismo delito y ahora fue condenado a 18 años de cárcel.
Los hechos por los que son condenados los miembros del Ejército ocurrieron la noche del 11 de junio de 2006, cuando 14 mujeres, entre camareras, bailarinas y prostitutas de los centros nocturnos de la zona de Castaños, en el área conurbada de Monclova, fueron golpeadas y violadas por los militares, que estaban en servicio.
Las denuncias contra los efectivos castrenses han aumentado en todo el país a partir de su mayor participación en la lucha contra los cárteles de las drogas.
El Gobierno del Presidente, Felipe Calderón, que asumió el poder en diciembre de 2006, lanzó una estrategia de guerra contra el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, con el envío de 45 mil soldados y 20 mil agentes federales a distintos puntos del país para combatir a los cárteles.
Esa guerra se ha saldado con unos 15 mil muertos, la mayoría, según fuentes oficiales, por las purgas internas entre las bandas mafiosas que se pelean el control de el mercado local y las rutas de la droga hacia Estados Unidos.
Pero diversas organizaciones civiles han pedido al Gobierno el regreso de los militares a sus cuarteles, argumentando que los soldados no están capacitados para hacer las tareas de la policía y que han aumentado las violaciones a los derechos humanos.
El pasado 8 de diciembre Amnistía Internacional (AI) demandó un mayor control de la autoridad civil a los militares mexicanos en la lucha contra el crimen organizado tras documentar una tendencia creciente a las violaciones graves a los derechos humanos en el país.
De acuerdo con la organización no gubernamental, hacen falta más "mecanismos de control" y "rendición de cuentas" en la institución castrense para frenar la impunidad de quienes cometieron los abusos y de la "cadena de mando".
AI asegura que en el país existe un "patrón de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas en su desempeño de labores policiales".
En octubre de 2007, el juzgado segundo penal de Monclova (Coahuila) condenó a prisión a ocho militares y a uno lo absolvió por el caso de la violación de 14 mujeres en un bar.
Los magistrados revisaron la apelación de los militares juzgados en el primer juicio civil contra miembros del Ejército mexicano y encontró "lagunas" jurídicas en el Código Penal y "errores" cometidos por el juez de primera instancia al dictar la sentencia en tres de los casos, precisó una fuente del Tribunal.
El Tribunal señaló que el Juez Segundo Penal que sentenció a los soldados consideró agravantes que sólo se pueden aplicar en casos violación conyugal o cuando la víctima padece discapacidad física o mental.
Bajo esos argumentos los magistrados redujeron las penas de cárcel a menos de la mitad a los soldados Omar Alejandro Rangel Fuentes y a Fernando Adrián Madrid Guardiola. La del primero pasó de 41,5 a 15 años, y la del segundo de 31,8 a 15,8.
Además, los magistrados detectaron errores en la sentencia de otro militar que había sido absuelto por el mismo delito y ahora fue condenado a 18 años de cárcel.
Los hechos por los que son condenados los miembros del Ejército ocurrieron la noche del 11 de junio de 2006, cuando 14 mujeres, entre camareras, bailarinas y prostitutas de los centros nocturnos de la zona de Castaños, en el área conurbada de Monclova, fueron golpeadas y violadas por los militares, que estaban en servicio.
Las denuncias contra los efectivos castrenses han aumentado en todo el país a partir de su mayor participación en la lucha contra los cárteles de las drogas.
El Gobierno del Presidente, Felipe Calderón, que asumió el poder en diciembre de 2006, lanzó una estrategia de guerra contra el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, con el envío de 45 mil soldados y 20 mil agentes federales a distintos puntos del país para combatir a los cárteles.
Esa guerra se ha saldado con unos 15 mil muertos, la mayoría, según fuentes oficiales, por las purgas internas entre las bandas mafiosas que se pelean el control de el mercado local y las rutas de la droga hacia Estados Unidos.
Pero diversas organizaciones civiles han pedido al Gobierno el regreso de los militares a sus cuarteles, argumentando que los soldados no están capacitados para hacer las tareas de la policía y que han aumentado las violaciones a los derechos humanos.
El pasado 8 de diciembre Amnistía Internacional (AI) demandó un mayor control de la autoridad civil a los militares mexicanos en la lucha contra el crimen organizado tras documentar una tendencia creciente a las violaciones graves a los derechos humanos en el país.
De acuerdo con la organización no gubernamental, hacen falta más "mecanismos de control" y "rendición de cuentas" en la institución castrense para frenar la impunidad de quienes cometieron los abusos y de la "cadena de mando".
AI asegura que en el país existe un "patrón de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas en su desempeño de labores policiales".
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