México
Quemados
Apenas el sábado en la madrugada salieron del penal de Mil Cumbres en Michoacán, 12 de los 32 funcionarios públicos detenidos el 26 de mayo del año pasado
“Nosotros ante la sociedad somos delincuentes, y hago hincapié en que nosotros siempre fuimos inocentes y somos inocentes, y el hecho es que nos dieron nuestra libertad, pero la quemada que nos dieron no va a ser fácil para nosotros, ni para nuestras familias”. Quien así se expresa es Gabriel González Chávez, uno de los 31 custodios del penal de Cieneguillas que esta semana fueron liberados luego de haber pasado ocho meses en la cárcel acusados de evasión de presos. La madrugada del 16 de mayo, fecha en que se fugaron 53 presos del penal de Cieneguillas en Zacatecas, Gabriel se encontraba a 13 kilómetros de la prisión, en el hospital general de Guadalupe, aun así fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad junto con otros 43 custodios.
Gabriel tiene razón, aunque un juez ordenó su liberación y muy a pesar de lo endeble y hasta absurda que haya sido la acusación en su contra, él y sus compañeros quedaron marcados. Como tantos otros. Apenas el sábado en la madrugada salieron del penal de Mil Cumbres en Michoacán, 12 de los 32 funcionarios públicos detenidos el 26 de mayo del año pasado en el espectacular operativo federal conocido como el michoacanazo, todos estaban acusados de colaborar con La Familia Michoacana.
El daño es evidente. No sólo fueron expuestos públicamente como delincuentes, sino tratados como tales durante meses en un penal de máxima seguridad. Su encarcelación implicó gastos y sufrimientos para ellos y sus familias. Y sin embargo la PGR no se va a disculpar. El vocero Ricardo Nájera dijo ayer que sus actuaciones se sustentan en los “elementos probatorios que se allega”. Es decir, la PGR insiste en que tenía pruebas, a pesar de que un juez ya las desestimó, pero tampoco se inconforman con la decisión del juez de liberarlos porque saben que perderían el caso.
Lo cierto es que el Gobierno nos debe una explicación a todos y a los liberados una disculpa. O es incapaz de integrar averiguaciones contundentes en contra de peligrosos delincuentes, o manda encerrar inocentes. No puede ser que en una sola semana 43 personas hayan sido liberadas por falta de pruebas y las autoridades no hagan una sola declaración en la que se reconozcan los errores, la ineptitud, no digamos la mala fe, detrás de estos reveses. ¿Alguien está calculando el daño que estos errores le asestan a la legitimidad de la lucha en contra del crimen organizado localmente? ¿No se trata de asentar la autoridad del Estado en esas regiones? ¿Quién se hace responsable?
Algo anda muy mal cuando después de una derrota así el Gobierno y las autoridades no sienten la necesidad de explicarse. Los únicos quemados deberían ser los responsables de las investigaciones, y no quienes cayeron en las mallas de quienes para pescar a uno se tienen que llevar a 20.
Gabriel tiene razón, aunque un juez ordenó su liberación y muy a pesar de lo endeble y hasta absurda que haya sido la acusación en su contra, él y sus compañeros quedaron marcados. Como tantos otros. Apenas el sábado en la madrugada salieron del penal de Mil Cumbres en Michoacán, 12 de los 32 funcionarios públicos detenidos el 26 de mayo del año pasado en el espectacular operativo federal conocido como el michoacanazo, todos estaban acusados de colaborar con La Familia Michoacana.
El daño es evidente. No sólo fueron expuestos públicamente como delincuentes, sino tratados como tales durante meses en un penal de máxima seguridad. Su encarcelación implicó gastos y sufrimientos para ellos y sus familias. Y sin embargo la PGR no se va a disculpar. El vocero Ricardo Nájera dijo ayer que sus actuaciones se sustentan en los “elementos probatorios que se allega”. Es decir, la PGR insiste en que tenía pruebas, a pesar de que un juez ya las desestimó, pero tampoco se inconforman con la decisión del juez de liberarlos porque saben que perderían el caso.
Lo cierto es que el Gobierno nos debe una explicación a todos y a los liberados una disculpa. O es incapaz de integrar averiguaciones contundentes en contra de peligrosos delincuentes, o manda encerrar inocentes. No puede ser que en una sola semana 43 personas hayan sido liberadas por falta de pruebas y las autoridades no hagan una sola declaración en la que se reconozcan los errores, la ineptitud, no digamos la mala fe, detrás de estos reveses. ¿Alguien está calculando el daño que estos errores le asestan a la legitimidad de la lucha en contra del crimen organizado localmente? ¿No se trata de asentar la autoridad del Estado en esas regiones? ¿Quién se hace responsable?
Algo anda muy mal cuando después de una derrota así el Gobierno y las autoridades no sienten la necesidad de explicarse. Los únicos quemados deberían ser los responsables de las investigaciones, y no quienes cayeron en las mallas de quienes para pescar a uno se tienen que llevar a 20.
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