Profepa recibe tucán de especie amenazada; muere en resguardo
Luego de ser asegurado por la PGR en Guadalajara, fue trasladado a la Unidad de Manejo Ambiental Las Caletas, donde falleció
GUADALAJARA, JALISCO (25/MAR/2017).- Un tucán (ramphastos sulfuratus) murió en 2016 en la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Las Caletas, ubicada en Cabo Corrientes. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre son los predios e instalaciones registrados que operan con un plan de manejo aprobado. En éstos hay un seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.
El Artículo 40 establece que el plan de manejo deberá contener objetivos específicos (indicadores de éxito y metas a corto, mediano y largo plazos), información biológica de las especies, descripción física y biológica del área y su infraestructura, métodos de muestreo, calendario de actividades y medidas de contingencia, entre otros aspectos.
El tucán fue asegurado en el Municipio de Guadalajara por la Procuraduría General de la República (PGR) y puesto a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su resguardo.
En el documento que la Profepa entregó como respuesta a una solicitud de Transparencia no se especificaron las causas del fallecimiento de esta ave cuya especie está amenazada, según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
En 2016, la Profepa protagonizó junto con el Ayuntamiento de Zapopan un conflicto por la muerte de un lince que fue llevado desde Villa Fantasía hasta el Bioparque Estrella, en Pachuca. El objetivo era darle un mejor cuidado y atención al animal, pero éste falleció de un paro cardiorespiratorio debido al estrés que le provocó el viaje.
Por este hecho, el Ayuntamiento de Zapopan presentó una denuncia en abril contra quien resultara responsable. Sin embargo, en agosto la Profepa hizo lo mismo ante la PGR por estos hechos, en los que destacó que los veterinarios de Villa Fantasía aplicaron una dosis de anestesia al lince y no revertieron los efectos del sedante por carecer de los medicamentos necesarios.
La Profepa señaló que la PGR puso en sus manos desde 2012 ejemplares de especies amenazadas, en peligro de extinción o que requieren protección especial, como una iguana negra (Ctenosaura pectinata), cinco ejemplares de perico atolero (Aratinga canicularis), 20 iguanas verdes y una guacamaya (Ara militaris).
Todos estos animales se trasladaron al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre en Guadalajara.
También precisó que el año pasado entregó un perico atolero confiscado en Puerto Vallarta a una persona física que lo tiene en su domicilio y cuyos detalles son confidenciales.
LAS CIFRAS
123 mil 508 animales fueron asegurados por la PGR desde 2000 hasta 2016 en México.
Entre éstos hay cocodrilos, tigres, leones, osos, camellos, caimanes, bisontes, hipopótamos y jirafas, entre otros.
50 mil salarios mínimos es la sanción más alta que establece la Ley General de Vida Silvestre para las personas que violen los lineamientos establecidos para manejar diversos ejemplares.
Aseguran desde camellos, caimanes y hasta bisontes
Águilas, cocodrilos, tigres y leones. También camellos, osos, caimanes, bisontes, hipopótamos, jirafas y un leopardo negro forman parte de los 123 mil 508 animales que, entre los años 2000 y 2016, aseguró a particulares la Procuraduría General de la República (PGR) en todo el país.
Baja California encabeza el listado por el número de animales recuperados. Entre los 30 mil 103 que se registraron en esta Entidad hay venados, almejas, camaleones, langostas y avestruces.
Sin embargo, la Ciudad de México tiene la mayor variedad de especias aseguradas. En la capital del país se encontraron halcones, jaguares, pumas, anacondas verdes, búfalos, cisnes, leones africanos, mapaches, pitones y tres aguilillas de Harris. Estas últimas se encuentran sujetas a protección especial de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
En el caso del Estado de Jalisco aseguraron iguanas, serpientes, tarántulas, tortugas marinas, boas y diversos tipos de aves, entre ellas clarines jilgueros, ruiseñores y un loro corona lila (Amazona finschi), que también está en peligro de extinción.
Algunos de estos ejemplares fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). A través de una solicitud por Transparencia, la dependencia indicó que en una de estas acciones recibió por parte de la PGR 60 ejemplares de cenzontle, que fueron liberados el año pasado en el Bosque El Centinela, en Zapopan.
El pasado 2 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó en su sitio de internet que luego de atender una solicitud del Ministerio Público de la Federación confiscó nueve animales en una finca de San Juan de los Lagos que se encontraron desnutridos y mal cuidados luego de que sus dueños los abandonaron.
Entre ellos había un faisán, un caracara, un tecolote crescendo, un cardenal rojo, una aguililla cola roja (sujeta a protección especial), dos cenzontles aliblanco y dos linces rojos que fueron trasladados al Zoológico Quinta El Pedregal, en Unión de San Antonio.
Según la Profepa, el lince rojo se encuentra en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
En un informe de 2012, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que la participación del crimen organizado en el tráfico ilegal de vida silvestre aumentó y le permitió obtener ganancias para realizar otras actividades ilícitas.
“México juega un papel trascendente en la extracción y comercio ilícito de vida silvestre debido a que es una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta y a su situación geográfica y fácil comunicación con diversos países”, se acentuó en el documento.
LOS EJEMPLARES MÁS COMERCIALIZADOS DE FORMA ILEGAL
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destaca que entre las especies de fauna más comercializadas de forma ilegal en México están el perico cabeza amarilla (Amazona oratrix), la guacamaya roja (Ara macao), la guacamaya verde (Ara militaris), el tucán pecho amarillo (Ramphastos sulfuratus), el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador (Aulluata palliata), la tarántula rodillas rojas (Brachypelma smithi), la iguana negra (Ctenosaura pectinata), la iguana verde (Iguana iguana), las víboras de cascabel (Crotalus sp.) y el halcón de Harris (Parabuteo unicinctus).
Negocio de 100 mil millones de dólares
En el informe que presentó en junio de 2016 a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo lema fue “Luchando contra el tráfico ilegal de vida silvestre”, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacó que este delito generó ganancias de hasta 100 mil millones de dólares anuales. También agregó que las cinco especies más comercializadas ilegalmente procedentes de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos son los caimanes, las iguanas, los cocodrilos, los caracoles rosados y las tortugas marinas.
Detienen a extranjeros
Entre 2012 y 2016, la PGR registró la detención de extranjeros por poseer fauna en México sin contar con los permisos correspondientes. En 2012 aprehendió a dos: un japonés que tenía de forma irregular 15 iguanas negras, tres culebras negras, 23 lagartijas (verde esmeralda, rayadas y con franjas rojas), 101 tortugas (verde olivo y café) y tres serpientes pintas; y un ruso que contaba con 322 tortugas. Destaca que en 2013 fueron detenidos un chino y un francés naturalizado argentino en Baja California y en la capital del país, respectivamente. El primero traía 12 vejigas natatorias de totoaba, especie marina protegida y en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Sin embargo, el segundo tenía dos corales y obtuvo su libertad, pues éstos no se encuentran protegidos.
En 2016, dos españoles fueron aprehendidos por poseer cuatro aves. Pero en el documento se precisó que estas personas enfrentan su proceso bajo el Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio.
La Ley General de Vida Silvestre establece que una persona que traslade ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin la autorización puede ser infraccionado con hasta cinco mil salarios mínimos. Sin embargo, por manejar especies exóticas fuera de confinamiento controlado o sin respetar los términos del plan de manejo o por presentar información falsa, la sanción puede alcanzar los 50 mil salarios mínimos.
LA VOZ DE LOS EXPERTOS
Hace falta una reglamentación
Francisco Silva (académico del ITESO).
Para el especialista en Derecho Ambiental, la Ley Federal de Vida Silvestre, que suplió a la rebasada Ley Federal de Caza, establece que en México se permite el aprovechamiento de la vida silvestre. Las personas pueden tener un tigre, una jirafa y un hipopótamo si cumplen con los lineamientos que se prevén en esta legislación, que enfatiza el manejo respetuoso y digno de los ejemplares. Sin embargo, el académico del ITESO destaca que hace falta avanzar en la reglamentación y en su aplicación, sobre todo en la posesión. Pone como ejemplo que si una persona adquiere un tigre de forma lícita, con papeles y anuencia del Gobierno, las autoridades hacen poco para verificar si el espacio en el que se desarrollará el animal es el adecuado.
“Ahí es donde empiezan los problemas, porque resulta que cuando deja de ser un cachorro y que su naturaleza impide seguir teniendo el contacto con él, como si fuera una mascota, la gente empieza a tenerlos en un cautiverio indebido, en una situación donde les generan maltrato, daño psicológico... Terminan matándolos, haciéndolos sufrir o liberándolos de forma intencionada”.
Según Silva, en 2000 la Ley Federal de Vida Silvestre ayudó a México a colocarse en un orden mundial en el que se reconoce la importancia de la vida silvestre como elemento ecosistémico y la necesidad de su conservación, protección y manejo sustentable.
Pero las instituciones encargadas de la aplicación de esta normatividad todavía no conocen, identifican y entienden a fondo los patrones sociales.
“La autoridad ha sido rebasada en tener los elementos para, una vez que se encuentran estas especies de esta manera, dar con el último propietario. El chip es un mecanismo que permite identificar a ese animal y poder seguir la huella para dar con el último responsable de la posesión y exigirle cuentas”.
¿Qué dice la ley?
La Ley General de Vida Silvestre señala que es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre. Establece que está prohibido llevar a cabo cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, y que perjudique los intereses del país.
“Los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye la vida silvestre, tendrán derechos de aprovechamiento sustentable sobre sus ejemplares, partes y derivados en los términos prescritos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. Los derechos sobre los recursos genéticos estarán sujetos a los tratados internacionales y a las disposiciones sobre la materia”, se resalta en su Artículo 4.
En el Artículo 5 se destaca que el objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat es su conservación a través de la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de manera que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, e impulsar el incremento del bienestar de los habitantes del país.
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