México
Presentan denuncia ante la PGR por ecocidio en Tajamar
Senadora del PAN pide acción penal contra responsables y la reparación de daños ocasionados
CIUDAD DE MÉXICO (27/ENE/2016).- Ante la Procuraduría General de la República (PGR), la presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado, Silvia Garza Galván (PAN), presentó una denuncia contra quien resulte responsable de la destrucción de más de 50 hectáreas de manglar con maquinaria pesada, en Tajamar, en Quintana Roo.
En su denuncia, la senadora panista pide la acción penal, por parte de la PGR, así como la reparación o compensación de los daños ocasionados al medio ambiente.
Silvia Garza Galván, en la exposición de su demanda, señala que personal de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa), que llevaron a cabo inspecciones en días recientes en Tajamar, estuvieron en posibilidad de modificar la autorización del desarrollo ubicado frente a la laguna Nichupté, en Cancún, y evitar la destrucción que reclama.
La legisladora remarca que fue violado el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, el cual prohíbe “la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia”.
Expone que la destrucción del ecosistema ocurrió en la madrugada del 16 de enero pasado, y ocurrió “de forma ilegal, imprudente y arbitraria”.
La Semarnat emitió la autorización original, indicó, pero se incurrió en omisiones, referentes a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ( Fonatur) debió informar la existencia de manglar, su flora y fauna, en el lugar.
“Es importante señalar que Semarnat debió revocar dichas autorizaciones, al cerciorarse que la información proporcionada era inexacta”, ya que personal a su cargo, así como de Profepa, hicieron visitas e inspecciones a la zona, hace meses.
Acusa que las autoridades pudieron evaluar la autorización que otorgó el Gobierno federal en 2005, y en ese sentido estuvieron en posibilidad de suspender o modificar los permisos del proyecto Tajamar.
Incluso, “más allá de la legalidad de la autorización otorgada, Fonatur, o en su caso las empresas desarrolladoras, debieron cumplir con un programa de rescate de vegetación y traslado de fauna, y que debió ser entregado a la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat”, subrayó la senadora Garza Galván.
En su denuncia, la senadora panista pide la acción penal, por parte de la PGR, así como la reparación o compensación de los daños ocasionados al medio ambiente.
Silvia Garza Galván, en la exposición de su demanda, señala que personal de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa), que llevaron a cabo inspecciones en días recientes en Tajamar, estuvieron en posibilidad de modificar la autorización del desarrollo ubicado frente a la laguna Nichupté, en Cancún, y evitar la destrucción que reclama.
La legisladora remarca que fue violado el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, el cual prohíbe “la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia”.
Expone que la destrucción del ecosistema ocurrió en la madrugada del 16 de enero pasado, y ocurrió “de forma ilegal, imprudente y arbitraria”.
La Semarnat emitió la autorización original, indicó, pero se incurrió en omisiones, referentes a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ( Fonatur) debió informar la existencia de manglar, su flora y fauna, en el lugar.
“Es importante señalar que Semarnat debió revocar dichas autorizaciones, al cerciorarse que la información proporcionada era inexacta”, ya que personal a su cargo, así como de Profepa, hicieron visitas e inspecciones a la zona, hace meses.
Acusa que las autoridades pudieron evaluar la autorización que otorgó el Gobierno federal en 2005, y en ese sentido estuvieron en posibilidad de suspender o modificar los permisos del proyecto Tajamar.
Incluso, “más allá de la legalidad de la autorización otorgada, Fonatur, o en su caso las empresas desarrolladoras, debieron cumplir con un programa de rescate de vegetación y traslado de fauna, y que debió ser entregado a la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat”, subrayó la senadora Garza Galván.
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