México
Políticos lavadores de dinero
Hay un fino entramado que une a políticos y lavadores de dinero que pueden estar involucrados con narcotráfico, trata de personas y contrabando
Durante mi investigación para “Los demonios del edén”, varios ex trabajadores del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) me aseguraron que casi 45% de la inversión en Cancún podía considerarse producto del lavado de dinero, según parámetros internacionales. La construcción y operación de hoteles y servicios turísticos cuya finalidad es ocultar tanto el origen del dinero obtenido ilícitamente, así como la identidad de su propietario, es un asunto silenciado. Hay un fino entramado que une a políticos y lavadores de dinero que pueden estar involucrados con narcotráfico, trata de personas y contrabando.
Felipe Calderón entiende las complejidades de hacer efectiva una persecución del lavado de dinero en México. No solamente deberá investigar a los narcotraficantes y sus complejas redes comerciales de blanqueado de recursos, tendría que seguir la pista a cientos de políticos poderosos que se han enriquecido gracias a actos de corrupción con abogados, banqueros y empresarios que precisan reciclar millones de dólares producto de permisos ilegales, compraventa de justicia y de prácticas monopólicas, entre otras.
Por eso el Presidente, con frases sutiles, ha dicho en sus entrevistas de la semana que no será fácil, que hay quienes se oponen a la persecución del delito. Él sabe que son senadores y diputados, alcaldes y gobernadores, quienes durante años se han negado a reforzar estas leyes que transparentarían su verdadero negocio. ¿Se atrevería la PGR a llevar a juicio a políticos propietarios de cuartos de hotel con valor de 200 millones de dólares (que Calderón inauguró hace meses)? ¿A revisar los registros contables de marinas que cobran la mitad de sus servicios en efectivo? ¿A conocer a los prestanombres de los tiempos compartidos de megayates (con valor de un millón de dólares cada uno)? Está claro que el procurador Chávez no desempolvará las viejas investigaciones que involucran a poderosos priistas, ni activará las nuevas denuncias sobre Cancún, Riviera Maya, Vallarta, Acapulco, Holbox y Los Cabos, donde perredistas y panistas aparecen.
Calderón enfrenta la misma disyuntiva que todos los gobiernos que pretenden perseguir el lavado de dinero de la delincuencia organizada y el terrorismo. Una verdadera política antilavado desataría la ira de empresarios y políticos coludidos, que argumentarían una persecución que dañaría la economía nacional.
En el dudoso caso de que Felipe Calderón se atreviera a evidenciar los tres casos más obvios y emblemáticos de lavado político-empresarial-criminal de Quintana Roo, los otros cuyo negocio es ético y legal habrían de tomar partido.
Nadie ha dicho que las salidas son fáciles, pero estamos en un momento clave en el cual mientras más poder se tiene (político, económico, mediático, ciudadano) hay una mayor responsabilidad para levantar la voz y tomar una postura. No estoy hablando de enfrentar a Los Zetas, sino a quienes que con sus prácticas dificultan cada vez más definir las fronteras entre lo que nos destruye y lo que nos hace progresar.
Felipe Calderón entiende las complejidades de hacer efectiva una persecución del lavado de dinero en México. No solamente deberá investigar a los narcotraficantes y sus complejas redes comerciales de blanqueado de recursos, tendría que seguir la pista a cientos de políticos poderosos que se han enriquecido gracias a actos de corrupción con abogados, banqueros y empresarios que precisan reciclar millones de dólares producto de permisos ilegales, compraventa de justicia y de prácticas monopólicas, entre otras.
Por eso el Presidente, con frases sutiles, ha dicho en sus entrevistas de la semana que no será fácil, que hay quienes se oponen a la persecución del delito. Él sabe que son senadores y diputados, alcaldes y gobernadores, quienes durante años se han negado a reforzar estas leyes que transparentarían su verdadero negocio. ¿Se atrevería la PGR a llevar a juicio a políticos propietarios de cuartos de hotel con valor de 200 millones de dólares (que Calderón inauguró hace meses)? ¿A revisar los registros contables de marinas que cobran la mitad de sus servicios en efectivo? ¿A conocer a los prestanombres de los tiempos compartidos de megayates (con valor de un millón de dólares cada uno)? Está claro que el procurador Chávez no desempolvará las viejas investigaciones que involucran a poderosos priistas, ni activará las nuevas denuncias sobre Cancún, Riviera Maya, Vallarta, Acapulco, Holbox y Los Cabos, donde perredistas y panistas aparecen.
Calderón enfrenta la misma disyuntiva que todos los gobiernos que pretenden perseguir el lavado de dinero de la delincuencia organizada y el terrorismo. Una verdadera política antilavado desataría la ira de empresarios y políticos coludidos, que argumentarían una persecución que dañaría la economía nacional.
En el dudoso caso de que Felipe Calderón se atreviera a evidenciar los tres casos más obvios y emblemáticos de lavado político-empresarial-criminal de Quintana Roo, los otros cuyo negocio es ético y legal habrían de tomar partido.
Nadie ha dicho que las salidas son fáciles, pero estamos en un momento clave en el cual mientras más poder se tiene (político, económico, mediático, ciudadano) hay una mayor responsabilidad para levantar la voz y tomar una postura. No estoy hablando de enfrentar a Los Zetas, sino a quienes que con sus prácticas dificultan cada vez más definir las fronteras entre lo que nos destruye y lo que nos hace progresar.
Síguenos en