México
Polarización económica, el gran reto
Por Vicente BELLO
En realidad eran datos que tenían que haber sido revelados desde finales de 2008, pero las elecciones del 5 de julio pesaban desde entonces como una lápida sobre el lomo del Gobierno federal y fueron ocultados hasta hace unos días. De por sí no ha sido fácil para ningún régimen mexicano informar de los saldos de la distribución de la riqueza en México. Al de Felipe Calderón presumiblemente mucho menos.
Ha informado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que 10% de la población mexicana (11 millones, de 107 millones de habitantes, según sus extemporáneas revelaciones) tiene apenas ingresos por dos mil 038 pesos al mes. En tanto, en el otro extremo, hay otros 11 millones de personas que ganan en promedio 44 mil 349 pesos mensuales.
Este retrato descriptivo de la desigualdad económica de México ha sido dado a conocer en un día especial para el Congreso de la Unión, porque este lunes 20 fue el día en que han comenzado a presentarse, en San Lázaro, los diputados federales electos.
No necesitarán los nuevos legisladores de mucha ciencia para entender que su mayor reto en los tres años de la LXI Legislatura consistirá en trabajar política y legislativamente para fortalecer o encauzar a las instituciones del Estado mexicano en un esfuerzo por contener la desbordada desigualdad en el reparto de la riqueza.
El retardo del Inegi en informar ya le valió una oleada de críticas en San Lázaro y Xicoténcatl. Verbigracia: el senador Ricardo Monreal ha afirmado que el retraso “seguramente impidió al Inegi reportar a la nueva generación de pobres que nació con esta crisis”.
En la víspera, el Inegi había admitido implícitamente que México cruzó el umbral de su mayor desigualdad en toda su historia post revolucionaria; y que es más desigual, más pobre, a partir de 2006.
Para acabar de completar el panorama de trabajo que espera a la LXI Legislatura, ayer el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, admitió que de aquellos 107 millones de habitantes, unos 50.6 millones de mexicanos “viven en situación de pobreza patrimonial”. Y esto, en cristiano, no quiere decir otra cosa que toda esa cantidad de personas (casi la mitad de la población nacional) no tienen actualmente ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y transporte público.
Sí, es verdad que las políticas públicas no están ejercidas por el Poder Legislativo, sino por el Ejecutivo federal. Tal es la condición sine qua non del sistema presidencialista. Es Felipe Calderón el encargado y responsable de que todas las políticas públicas estén enfocadas a enfrentar el mayor problema que países como México enfrentan desde hace muchos años: la distribución de la riqueza. Al menos ésa es la teoría.
El problema, o reto, para la LXI Legislatura que viene, consiste en que la realidad obligará al Congreso a comenzar a tomar decisiones inéditas en el país; y que acaso más de una vez se habrán de asemejar a las determinaciones que suelen tomar en contrapesos constitucionales como son los parlamentos, donde un sistema de gobierno parlamentario, o semiparlamentario, permite a la primera mayoría opositora dictar incluso órdenes al Ejecutivo que rayan en el co gobierno.
No será fácil para la LXI Legislatura, y por tanto para el país, que un presidente como Felipe Calderón vaya a aceptar que le corrijan la plana y le hagan nuevos dictados. El titular del Ejecutivo ha dado muestras fehacientes de terquedad y torpeza.
Para muestra un botón: a pesar de que el 5 de julio le acomodó el pueblo de México una garrotiza entre ceja, oreja y… todavía no acaba julio y ya está decidiendo quién deberá ser el presidente nacional de su partido, Acción Nacional. Incluso cuando al interior de ese partido —ahora convertido reiteradamente en apéndice del Presidente de la República, como en los peores tiempos del corporativismo del presidencialismo priista— juran y lamentan que de imponerse Calderón, a través de César Nava, ahora sí les irá peor que al cocol. “Con Nava”, declaraba ayer el diputado federal Gerardo Priego, “el PAN irá hacia la catástrofe”, porque —apostillaba— “le estaría dando el tiro de gracia a Acción Nacional en 2012”.
Se cita a Priego porque es una prueba de la terquedad de que Calderón ha hecho gala. Y es de presumir que a la LXI Legislatura no le será fácil obligar al Presidente de la República a acatar lo que el Congreso disponga.
Es cierto que el Ejecutivo federal enfrentará, de modo inédito, un poder avasallador en el Congreso; particularmente en la Cámara de Diputados. El PAN, el partido en el Gobierno, no podrá evitar por sí mismo que el PRI y otro partido más pueda sacar cualquier votación de mitad mas uno (251 votos), necesaria para reformar leyes secundarias; como, tampoco, que la oposición toda pueda sacar avante cualquier reforma constitucional, de 333 votos (dos tercios aprobatorios de los 500 sufragios potenciales); pero también será muy real el hecho de que el Presidente de la República tiene para su causa un derecho positivo a modo para el Ejecutivo federal.
No hay que olvidar que en México todavía ese conjunto de leyes que conforma el sistema jurídico actual está hecho para que el Ejecutivo federal tenga preeminencia sobre el resto de los poderes de la Unión.
Son reminiscencias, sin duda, del viejo presidencialismo priista. Un ejemplo: todavía la Constitución Mexicana da trato de “supremo” al Poder Ejecutivo federal. El camino del Congreso —con toda y su nueva conformación— estará plagado de espinas y vericuetos, de los que presumiblemente ya estará el Presidente Calderón pretendiendo utilizar para evadir los mandatos que le estará dictando el Legislativo, sobre todo en temas tan sensibles como son el rumbo de la política económica y en el ejercicio de las políticas públicas.
Ha informado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que 10% de la población mexicana (11 millones, de 107 millones de habitantes, según sus extemporáneas revelaciones) tiene apenas ingresos por dos mil 038 pesos al mes. En tanto, en el otro extremo, hay otros 11 millones de personas que ganan en promedio 44 mil 349 pesos mensuales.
Este retrato descriptivo de la desigualdad económica de México ha sido dado a conocer en un día especial para el Congreso de la Unión, porque este lunes 20 fue el día en que han comenzado a presentarse, en San Lázaro, los diputados federales electos.
No necesitarán los nuevos legisladores de mucha ciencia para entender que su mayor reto en los tres años de la LXI Legislatura consistirá en trabajar política y legislativamente para fortalecer o encauzar a las instituciones del Estado mexicano en un esfuerzo por contener la desbordada desigualdad en el reparto de la riqueza.
El retardo del Inegi en informar ya le valió una oleada de críticas en San Lázaro y Xicoténcatl. Verbigracia: el senador Ricardo Monreal ha afirmado que el retraso “seguramente impidió al Inegi reportar a la nueva generación de pobres que nació con esta crisis”.
En la víspera, el Inegi había admitido implícitamente que México cruzó el umbral de su mayor desigualdad en toda su historia post revolucionaria; y que es más desigual, más pobre, a partir de 2006.
Para acabar de completar el panorama de trabajo que espera a la LXI Legislatura, ayer el secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, admitió que de aquellos 107 millones de habitantes, unos 50.6 millones de mexicanos “viven en situación de pobreza patrimonial”. Y esto, en cristiano, no quiere decir otra cosa que toda esa cantidad de personas (casi la mitad de la población nacional) no tienen actualmente ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido y transporte público.
Sí, es verdad que las políticas públicas no están ejercidas por el Poder Legislativo, sino por el Ejecutivo federal. Tal es la condición sine qua non del sistema presidencialista. Es Felipe Calderón el encargado y responsable de que todas las políticas públicas estén enfocadas a enfrentar el mayor problema que países como México enfrentan desde hace muchos años: la distribución de la riqueza. Al menos ésa es la teoría.
El problema, o reto, para la LXI Legislatura que viene, consiste en que la realidad obligará al Congreso a comenzar a tomar decisiones inéditas en el país; y que acaso más de una vez se habrán de asemejar a las determinaciones que suelen tomar en contrapesos constitucionales como son los parlamentos, donde un sistema de gobierno parlamentario, o semiparlamentario, permite a la primera mayoría opositora dictar incluso órdenes al Ejecutivo que rayan en el co gobierno.
No será fácil para la LXI Legislatura, y por tanto para el país, que un presidente como Felipe Calderón vaya a aceptar que le corrijan la plana y le hagan nuevos dictados. El titular del Ejecutivo ha dado muestras fehacientes de terquedad y torpeza.
Para muestra un botón: a pesar de que el 5 de julio le acomodó el pueblo de México una garrotiza entre ceja, oreja y… todavía no acaba julio y ya está decidiendo quién deberá ser el presidente nacional de su partido, Acción Nacional. Incluso cuando al interior de ese partido —ahora convertido reiteradamente en apéndice del Presidente de la República, como en los peores tiempos del corporativismo del presidencialismo priista— juran y lamentan que de imponerse Calderón, a través de César Nava, ahora sí les irá peor que al cocol. “Con Nava”, declaraba ayer el diputado federal Gerardo Priego, “el PAN irá hacia la catástrofe”, porque —apostillaba— “le estaría dando el tiro de gracia a Acción Nacional en 2012”.
Se cita a Priego porque es una prueba de la terquedad de que Calderón ha hecho gala. Y es de presumir que a la LXI Legislatura no le será fácil obligar al Presidente de la República a acatar lo que el Congreso disponga.
Es cierto que el Ejecutivo federal enfrentará, de modo inédito, un poder avasallador en el Congreso; particularmente en la Cámara de Diputados. El PAN, el partido en el Gobierno, no podrá evitar por sí mismo que el PRI y otro partido más pueda sacar cualquier votación de mitad mas uno (251 votos), necesaria para reformar leyes secundarias; como, tampoco, que la oposición toda pueda sacar avante cualquier reforma constitucional, de 333 votos (dos tercios aprobatorios de los 500 sufragios potenciales); pero también será muy real el hecho de que el Presidente de la República tiene para su causa un derecho positivo a modo para el Ejecutivo federal.
No hay que olvidar que en México todavía ese conjunto de leyes que conforma el sistema jurídico actual está hecho para que el Ejecutivo federal tenga preeminencia sobre el resto de los poderes de la Unión.
Son reminiscencias, sin duda, del viejo presidencialismo priista. Un ejemplo: todavía la Constitución Mexicana da trato de “supremo” al Poder Ejecutivo federal. El camino del Congreso —con toda y su nueva conformación— estará plagado de espinas y vericuetos, de los que presumiblemente ya estará el Presidente Calderón pretendiendo utilizar para evadir los mandatos que le estará dictando el Legislativo, sobre todo en temas tan sensibles como son el rumbo de la política económica y en el ejercicio de las políticas públicas.
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