México
Poiré desmiente relación entre ola de violencia y captura de capos
El Gobierno federal presenta un análisis para desmentir la hipótesis del disparo de la criminalidad a raíz de la detención de jefes del crimen
CIUDAD DE MÉXICO (13/JUN/2011).- Como parte de la tercera entrega de la serie "Los 10 mitos de la lucha por la seguridad", Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), dijo que es falso que la presencia de la autoridad detone sistemáticamente la violencia en las zonas donde se han llevado a cabo operativos policíacos y militares contra el narcotráfico.
Poiré presentó en la página web de la Presidencia de la República un análisis comparativo de 10 casos de criminales "neutralizados" de todas las organizaciones delincuenciales que demuestran que la hipótesis es errónea y que en ocasiones la violencia disminuye posterior a la detención.
Aseguró que en los 10 casos no hay un patrón claro que establezca la inhabilitación de un líder criminal por la acción de las fuerzas federales como un factor que incremente sistemáticamente los niveles de homicidios o el ritmo a los que estos crecen.
Indicó que las causas de la violencia criminal anteceden a esta administración y que el problema creció frente a una autoridad que en el mejor de los casos se mostraba incapaz de cumplir con su obligación de aplicar la ley ante los conflictos de venganza entre criminales y sus pugnas por el control de rutas y mercados.
Agregó que la expansión de los grupos delictivos -que inició décadas atrás- escaló los niveles de violencia en localidades específicas, motivando a las propias autoridades locales a solicitar desde un principio el apoyo federal, con la finalidad de procurar seguridad en sus comunidades y contener la actividad criminal.
En la lista mostrada en el análisis, Poire resaltó que tomando en cuenta el número de homicidios por rivalidad delincuencial en el contexto de ejecuciones, registrado seis meses antes y seis meses después de la neutralización de los líderes criminales seleccionados, estos son los resultados: "En dos casos, Arturo Beltrán Leyva, a quien las autoridades identificaban como "El Barbas", e Ignacio Coronel Villarreal, identificado como "Nacho Coronel", la tendencia creciente de los homicidios no se mantiene posterior al abatimiento".
El funcionario federal explicó que en otros dos casos, el de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, a quienes las autoridades identificaban como "Tony Tormenta", y de Nazario Moreno González, a quienes identificaban como "El Chayo", hay un ligero incremento en la tendencia de los homicidios posterior al abatimiento.
Mientras que en los casos de la detención de Eduardo Arellano Félix, a quien las autoridades identifican como "El Doctor" y el fallecimiento por ajuste de cuentas de Alberto Pineda Villa, a quien llamaban "El Borrado", hay una disminución de la tendencia de homicidios posterior a la inhabilitación.
En tanto que en el caso de Vicente Carrillo Leyva, a quien las autoridades identifican como "El Ingeniero", hay un incremento en la tendencia de los homicidios posterior a la detención.
Y en tres casos: Teodoro García Simental, a quien las autoridades identifican como "El Teo", de Édgar Valdez Villarreal, a quien las autoridades identifican como "La Barbie" y de Flavio Méndez Santiago, a quien las autoridades identifican como "El Amarillo", no hay ningún efecto discernible de las detenciones.
Por lo tanto, aseveró Alejandro Poiré, no hay fundamento que permita asegurar de manera sistemática que las detenciones o abatimientos de liderazgos criminales detonen la violencia.
En este sentido, dijo que, primero, no hay un patrón claro que establezca la inhabilitación de un líder criminal por la acción de las Fuerzas Federales como un factor que incremente sistemáticamente los niveles de homicidios o el ritmo a los que éstos crecen.
Segundo, añadió, porque como este mismo análisis hace evidente, hay otros factores que no se toman en cuenta que son los auténticos detonantes de la violencia.
Refirió que las otras causas de la violencia también se dan en el enfrentamiento entre las organizaciones delictivas y la violencia que entraña su operación, particularmente en áreas donde la debilidad de la autoridad local ha sido históricamente mayor, donde confluyen atractivos mercados criminales locales con rutas de distribución a Estados Unidos, y donde las propias organizaciones tienen crisis de sucesión o de secesión inherentes a su historia y formación.
Mencionó que cualquier análisis que no considere estos factores le dará (indebidamente) la mayor parte del peso explicativo a la acción gubernamental.
"En este blog así lo hemos hecho y aún en este caso, se muestra que el argumento es inconsistente porque la evidencia da cuenta de que son más las ocasiones en que la violencia se frena o no tiene cambio que aquellas en las que la violencia aumenta".
Más aún, es indiscutible que el paso necesario para disminuir la capacidad criminal de las organizaciones es debilitándolas, mejorando las instituciones federales y locales que las combaten, protegiendo a los jóvenes del riesgo de las adicciones y del reclutamiento criminal, abatiendo la impunidad.
Por último, el vocero de seguridad nacional del gobierno federal defendió la Estrategia Nacional de Seguridad y los operativos instrumentados por el Gobierno Federal pues dijo que son necesarios para inhabilitar a los criminales y debilitar sus estructuras operativas y con ello contener la actividad delictiva y el daño a la sociedad.
Poiré presentó en la página web de la Presidencia de la República un análisis comparativo de 10 casos de criminales "neutralizados" de todas las organizaciones delincuenciales que demuestran que la hipótesis es errónea y que en ocasiones la violencia disminuye posterior a la detención.
Aseguró que en los 10 casos no hay un patrón claro que establezca la inhabilitación de un líder criminal por la acción de las fuerzas federales como un factor que incremente sistemáticamente los niveles de homicidios o el ritmo a los que estos crecen.
Indicó que las causas de la violencia criminal anteceden a esta administración y que el problema creció frente a una autoridad que en el mejor de los casos se mostraba incapaz de cumplir con su obligación de aplicar la ley ante los conflictos de venganza entre criminales y sus pugnas por el control de rutas y mercados.
Agregó que la expansión de los grupos delictivos -que inició décadas atrás- escaló los niveles de violencia en localidades específicas, motivando a las propias autoridades locales a solicitar desde un principio el apoyo federal, con la finalidad de procurar seguridad en sus comunidades y contener la actividad criminal.
En la lista mostrada en el análisis, Poire resaltó que tomando en cuenta el número de homicidios por rivalidad delincuencial en el contexto de ejecuciones, registrado seis meses antes y seis meses después de la neutralización de los líderes criminales seleccionados, estos son los resultados: "En dos casos, Arturo Beltrán Leyva, a quien las autoridades identificaban como "El Barbas", e Ignacio Coronel Villarreal, identificado como "Nacho Coronel", la tendencia creciente de los homicidios no se mantiene posterior al abatimiento".
El funcionario federal explicó que en otros dos casos, el de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, a quienes las autoridades identificaban como "Tony Tormenta", y de Nazario Moreno González, a quienes identificaban como "El Chayo", hay un ligero incremento en la tendencia de los homicidios posterior al abatimiento.
Mientras que en los casos de la detención de Eduardo Arellano Félix, a quien las autoridades identifican como "El Doctor" y el fallecimiento por ajuste de cuentas de Alberto Pineda Villa, a quien llamaban "El Borrado", hay una disminución de la tendencia de homicidios posterior a la inhabilitación.
En tanto que en el caso de Vicente Carrillo Leyva, a quien las autoridades identifican como "El Ingeniero", hay un incremento en la tendencia de los homicidios posterior a la detención.
Y en tres casos: Teodoro García Simental, a quien las autoridades identifican como "El Teo", de Édgar Valdez Villarreal, a quien las autoridades identifican como "La Barbie" y de Flavio Méndez Santiago, a quien las autoridades identifican como "El Amarillo", no hay ningún efecto discernible de las detenciones.
Por lo tanto, aseveró Alejandro Poiré, no hay fundamento que permita asegurar de manera sistemática que las detenciones o abatimientos de liderazgos criminales detonen la violencia.
En este sentido, dijo que, primero, no hay un patrón claro que establezca la inhabilitación de un líder criminal por la acción de las Fuerzas Federales como un factor que incremente sistemáticamente los niveles de homicidios o el ritmo a los que éstos crecen.
Segundo, añadió, porque como este mismo análisis hace evidente, hay otros factores que no se toman en cuenta que son los auténticos detonantes de la violencia.
Refirió que las otras causas de la violencia también se dan en el enfrentamiento entre las organizaciones delictivas y la violencia que entraña su operación, particularmente en áreas donde la debilidad de la autoridad local ha sido históricamente mayor, donde confluyen atractivos mercados criminales locales con rutas de distribución a Estados Unidos, y donde las propias organizaciones tienen crisis de sucesión o de secesión inherentes a su historia y formación.
Mencionó que cualquier análisis que no considere estos factores le dará (indebidamente) la mayor parte del peso explicativo a la acción gubernamental.
"En este blog así lo hemos hecho y aún en este caso, se muestra que el argumento es inconsistente porque la evidencia da cuenta de que son más las ocasiones en que la violencia se frena o no tiene cambio que aquellas en las que la violencia aumenta".
Más aún, es indiscutible que el paso necesario para disminuir la capacidad criminal de las organizaciones es debilitándolas, mejorando las instituciones federales y locales que las combaten, protegiendo a los jóvenes del riesgo de las adicciones y del reclutamiento criminal, abatiendo la impunidad.
Por último, el vocero de seguridad nacional del gobierno federal defendió la Estrategia Nacional de Seguridad y los operativos instrumentados por el Gobierno Federal pues dijo que son necesarios para inhabilitar a los criminales y debilitar sus estructuras operativas y con ello contener la actividad delictiva y el daño a la sociedad.
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