México
Poderes constitucionales amorcillados
Tren Parlamentario por Vicente BELLO
En los hechos, es como si el Estado mexicano recibiera un puyazo y estuviera revolcándose en el suelo, en su propia tinta. Y los del traicionero estoque —la Televisa de Azcárraga y la Tv Azteca de Salinas Pliego— se carcajean como si supieran, de antemano, que la respuesta no será otra que el cobarde amorcillamiento de las instituciones afrentadas, en vez del encaramiento por la vía del ejercicio de la ley.
Este sábado y domingo recientes, las dos televisoras abrieron un frente común contra los autores de esa reforma electoral que les cerró la llave de la publicidad política. Una publicidad que, en otras elecciones federales, les ha representado ingresos que oscilan en los tres mil millones de pesos.
Ambas televisoras, las dos más poderosas del país, transmitieron esos dos días promocionales de los partidos políticos con la mala leche a flor de piel: los pasaron al aire en bloque y a mitad de la programación deportiva, con la clara intención de provocar a las autoridades electorales y causar desprestigio a los partidos políticos entre la población.
La ley establece que cada spot propagandístico deberá ser transmitido en tiempos de comerciales y no de la programación. Y el Instituto Federal Electoral (IFE) ha emplazado ayer a las dos televisoras a que expliquen, a más tardar hoy, “las razones por las cuales decidieron agrupar en bloques de spots” la publicidad electoral.
Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tildó de “provocación” el accionar conjunto de las televisoras. Y ha picoteado la puya a Televisa y Tv Azteca: “Nos gustaría mucho que en este periodo (ordinario de sesiones, que ha comenzado este primero de febrero) pudiésemos sacar la Ley de Radio y Televisión”.
González Garza ha supuesto que lo que también han pretendido las televisoras es llamar la atención en su favor a propósito de la ley pendiente, que las involucra. “Me imagino”, decía el perredista, “que están intentando presionar”.
La Ley de Radio y Televisión había sido aprobada ya, a matacaballo, por las dos cámaras del Congreso, y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el entonces presidente Vicente Fox (abril de 2006).
Un sector de legisladores —entre los que destacaron el priista Manuel Bartlett Díaz y el panista Javier Corral Jurado— interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de controversia, y la Corte falló en favor de ellos, que junto con otros cuarenta y tantos senadores y diputados, habían advertido al país que la ley de marras representaba la claudicación del Estado mexicano ante un poder fáctico que, de por sí, ha sido la viva representación de una mediocracia, que pone y quita autoridades al más fiel estilo de un gran dictador.
Con la resolución de la Corte, fue invalidado aquel proceso legislativo, conocido entonces como la “ley Televisa”, y el Congreso ahora tiene pendiente volver a construir la Ley de Radio y Televisión; pero con una salvedad: deberá afincarla en las resoluciones que expuso la Corte. Y es allí, donde Televisa y Tv Azteca se retuercen.
No están solos, evidentemente. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha hecho dos manifestaciones expresas de que está dispuesto a ser el aliado que las televisoras esperan tener en los territorios del Congreso, para la hora en que se decidan a comenzar la reconstrucción de la Ley de Radio y Televisión.
El líder máximo de los priistas en el Congreso, el senador Manlio Fabio Beltrones, ha dado señales expresas desde diciembre pasado de que está dispuesto a sacar la cara por Televisa y Tv Azteca: presentó una iniciativa de reforma a la ley de marras en la que plantea que los concesionarios de medios electrónicos puedan prorrogar una “o más veces” las concesiones por plazos de hasta 20 años.
Y justo ahora en que se ha dado esta polémica entre las televisoras y la autoridad electoral, el IFE, ha sido el PRI el que decidió permanecer al margen. Como, de hecho, también ha pretendido poner tierra de por medio el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien anteayer, lunes, sólo alcanzó a decir que “estudia y revisa” el caso. Y ya lleva así el estudioso secretario, casi 72 horas.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha comenzado a mostrar la cara con timidez. En voz de Roberto Gil Zuarth, su representante ante el IFE, ha dicho el partido en el Gobierno que “no hay motivos ni para señalar que hubo dolo (sic) por parte de las televisoras, y esperamos las respuestas… No tenemos ninguna conclusión de que la actuación de las televisoras haya sido dolosa”.
Mayor gesto de cobardía, difícilmente se podría ver en otros momentos. Las televisoras sabían que después del patadón en los bajos, en vez de responder, ese grupo que comanda a las instituciones se quedaría sentado; o como los toros cuando buscan las tablas, amorcillándose, cuando se sienten heridos por la estocada.
“Es un desafío”, han comenzado a insistir voces como la de Porfirio Muñoz Ledo, en alusión a las televisoras, “que debería ser sancionado”.
Miércoles. Comienza el periodo de sesiones ordinario. Un tema obligado en la agenda política, será, sin duda, el de las televisoras.
Este sábado y domingo recientes, las dos televisoras abrieron un frente común contra los autores de esa reforma electoral que les cerró la llave de la publicidad política. Una publicidad que, en otras elecciones federales, les ha representado ingresos que oscilan en los tres mil millones de pesos.
Ambas televisoras, las dos más poderosas del país, transmitieron esos dos días promocionales de los partidos políticos con la mala leche a flor de piel: los pasaron al aire en bloque y a mitad de la programación deportiva, con la clara intención de provocar a las autoridades electorales y causar desprestigio a los partidos políticos entre la población.
La ley establece que cada spot propagandístico deberá ser transmitido en tiempos de comerciales y no de la programación. Y el Instituto Federal Electoral (IFE) ha emplazado ayer a las dos televisoras a que expliquen, a más tardar hoy, “las razones por las cuales decidieron agrupar en bloques de spots” la publicidad electoral.
Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tildó de “provocación” el accionar conjunto de las televisoras. Y ha picoteado la puya a Televisa y Tv Azteca: “Nos gustaría mucho que en este periodo (ordinario de sesiones, que ha comenzado este primero de febrero) pudiésemos sacar la Ley de Radio y Televisión”.
González Garza ha supuesto que lo que también han pretendido las televisoras es llamar la atención en su favor a propósito de la ley pendiente, que las involucra. “Me imagino”, decía el perredista, “que están intentando presionar”.
La Ley de Radio y Televisión había sido aprobada ya, a matacaballo, por las dos cámaras del Congreso, y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el entonces presidente Vicente Fox (abril de 2006).
Un sector de legisladores —entre los que destacaron el priista Manuel Bartlett Díaz y el panista Javier Corral Jurado— interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de controversia, y la Corte falló en favor de ellos, que junto con otros cuarenta y tantos senadores y diputados, habían advertido al país que la ley de marras representaba la claudicación del Estado mexicano ante un poder fáctico que, de por sí, ha sido la viva representación de una mediocracia, que pone y quita autoridades al más fiel estilo de un gran dictador.
Con la resolución de la Corte, fue invalidado aquel proceso legislativo, conocido entonces como la “ley Televisa”, y el Congreso ahora tiene pendiente volver a construir la Ley de Radio y Televisión; pero con una salvedad: deberá afincarla en las resoluciones que expuso la Corte. Y es allí, donde Televisa y Tv Azteca se retuercen.
No están solos, evidentemente. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha hecho dos manifestaciones expresas de que está dispuesto a ser el aliado que las televisoras esperan tener en los territorios del Congreso, para la hora en que se decidan a comenzar la reconstrucción de la Ley de Radio y Televisión.
El líder máximo de los priistas en el Congreso, el senador Manlio Fabio Beltrones, ha dado señales expresas desde diciembre pasado de que está dispuesto a sacar la cara por Televisa y Tv Azteca: presentó una iniciativa de reforma a la ley de marras en la que plantea que los concesionarios de medios electrónicos puedan prorrogar una “o más veces” las concesiones por plazos de hasta 20 años.
Y justo ahora en que se ha dado esta polémica entre las televisoras y la autoridad electoral, el IFE, ha sido el PRI el que decidió permanecer al margen. Como, de hecho, también ha pretendido poner tierra de por medio el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien anteayer, lunes, sólo alcanzó a decir que “estudia y revisa” el caso. Y ya lleva así el estudioso secretario, casi 72 horas.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha comenzado a mostrar la cara con timidez. En voz de Roberto Gil Zuarth, su representante ante el IFE, ha dicho el partido en el Gobierno que “no hay motivos ni para señalar que hubo dolo (sic) por parte de las televisoras, y esperamos las respuestas… No tenemos ninguna conclusión de que la actuación de las televisoras haya sido dolosa”.
Mayor gesto de cobardía, difícilmente se podría ver en otros momentos. Las televisoras sabían que después del patadón en los bajos, en vez de responder, ese grupo que comanda a las instituciones se quedaría sentado; o como los toros cuando buscan las tablas, amorcillándose, cuando se sienten heridos por la estocada.
“Es un desafío”, han comenzado a insistir voces como la de Porfirio Muñoz Ledo, en alusión a las televisoras, “que debería ser sancionado”.
Miércoles. Comienza el periodo de sesiones ordinario. Un tema obligado en la agenda política, será, sin duda, el de las televisoras.
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