México
Pleno del IFE emite declaración por acusaciones de contralor
Los ocho consejeros del Instituto emiten una declaratoria contra Gregorio Guerrero
CIUDAD DE MÉXICO (21/MAR/2013).- Los ocho consejeros del IFE emitieron una declaratoria en la que responden a los señalamientos del contralor general del Instituto, Gregorio Guerrero, quien los acusó de amparar la impunidad al declarar improcedente su acuerdo para sancionar un supuesto daño patrimonial por 124 millones de pesos.
En su declaración conjunta, los consejeros electorales señalan que no toleran ningún acto de corrupción, pero advierten que "de la misma manera no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y ex funcionarios públicos del IFE".
La controversia surgió por la adquisición de un edificio ubicado en la zona de Acoxpa que, de acuerdo con el contralor general, se pagó a un precio superior al que señalaban dos avalúos previos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
En su sesión extraordinaria del miércoles, los consejeros declararon improcedente el dictamen del contralor, por considerar que no se acreditaba de forma veraz el daño patrimonial alegado y exoneraron a los funcionarios acusados por el contralor.
Ante ello, el contralor acusó a los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de amparar la impunidad, y adelantó que recurrirá a los juzgados penales, pues en el ámbito administrativo su investigación fue desechada.
En este contexto, los consejeros reiteraron que sus resoluciones se basan en los principios de legalidad, objetividad y certeza "que estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos de una Institución del Estado Mexicano".
Luego de insistir en que no hay elementos para configurar el daño patrimonial del que habla el contralor, invitaron a los interesados a consultar toda la documentación del caso en la página electrónica del IFE.
Los consejeros Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños Martínez, Macarita Elizondo Gasperín, Lorenzo Córdova Vianello, Alfredo Figueroa Fernández, Francisco Javier Guerrero Aguirre, María Marván Laborde y Benito Nacif Hernández expresaron, sin embargo, su disposición de continuar trabajando con el contralor.
Subrayaron que el propósito es darle a los mexicanos certeza sobre "el ejercicio transparente y efectivo de los recursos públicos que le son asignados a esta Institución y nuestro rechazo a cualquier acto de corrupción".
En su declaración conjunta, los consejeros electorales señalan que no toleran ningún acto de corrupción, pero advierten que "de la misma manera no aceptaremos intentos de sancionar y perseguir sin pruebas a funcionarios y ex funcionarios públicos del IFE".
La controversia surgió por la adquisición de un edificio ubicado en la zona de Acoxpa que, de acuerdo con el contralor general, se pagó a un precio superior al que señalaban dos avalúos previos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
En su sesión extraordinaria del miércoles, los consejeros declararon improcedente el dictamen del contralor, por considerar que no se acreditaba de forma veraz el daño patrimonial alegado y exoneraron a los funcionarios acusados por el contralor.
Ante ello, el contralor acusó a los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de amparar la impunidad, y adelantó que recurrirá a los juzgados penales, pues en el ámbito administrativo su investigación fue desechada.
En este contexto, los consejeros reiteraron que sus resoluciones se basan en los principios de legalidad, objetividad y certeza "que estamos obligados a cumplir como funcionarios públicos de una Institución del Estado Mexicano".
Luego de insistir en que no hay elementos para configurar el daño patrimonial del que habla el contralor, invitaron a los interesados a consultar toda la documentación del caso en la página electrónica del IFE.
Los consejeros Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños Martínez, Macarita Elizondo Gasperín, Lorenzo Córdova Vianello, Alfredo Figueroa Fernández, Francisco Javier Guerrero Aguirre, María Marván Laborde y Benito Nacif Hernández expresaron, sin embargo, su disposición de continuar trabajando con el contralor.
Subrayaron que el propósito es darle a los mexicanos certeza sobre "el ejercicio transparente y efectivo de los recursos públicos que le son asignados a esta Institución y nuestro rechazo a cualquier acto de corrupción".
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