México
Piden eliminar 'derecho al olvido' de Constitución capitalina
Piden no incluirlo porque sólo busca limpiar la reputación de funcionarios y empresarios
CIUDAD DE MÉXICO (12/JUL/2016).- Organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la Red de los Derechos digitales (R3D) solicitan a los redactores de la
Constitución de la Ciudad de México que no incluyan el “derecho al olvido” que sólo busca limpiar la reputación de funcionarios y empresarios.
"Esta decisión es sumamente preocupante, pues refleja un desconocimiento de la amenaza que acarrea este mecanismo y un mal entendimiento de los alcances de la protección de datos personales frente al ejercicio de otros derechos", dice R3D en un comunicado.
Las organizaciones aseguran que la desindexación no garantiza la protección de datos personales ni resuelve problemas reales del mal uso de estos datos en Internet.
"Por el contrario, esta medida ha sido repetidamente promovida por despachos privados como una forma de mantener limpia la reputación de funcionarios, políticos y empresarios", subrayan.
R3D indica que el derecho al olvido es una amenaza grave para el ejercicio de los derechos como el derecho a la verdad, el acceso a la información, el debido proceso, la libertad de expresión y en un marco democrático marcado por la deliberación pública.
"Conceptos fraudulentos como el derecho al olvido suponen una regresión".
"Esta decisión es sumamente preocupante, pues refleja un desconocimiento de la amenaza que acarrea este mecanismo y un mal entendimiento de los alcances de la protección de datos personales frente al ejercicio de otros derechos", dice R3D en un comunicado.
Las organizaciones aseguran que la desindexación no garantiza la protección de datos personales ni resuelve problemas reales del mal uso de estos datos en Internet.
"Por el contrario, esta medida ha sido repetidamente promovida por despachos privados como una forma de mantener limpia la reputación de funcionarios, políticos y empresarios", subrayan.
R3D indica que el derecho al olvido es una amenaza grave para el ejercicio de los derechos como el derecho a la verdad, el acceso a la información, el debido proceso, la libertad de expresión y en un marco democrático marcado por la deliberación pública.
"Conceptos fraudulentos como el derecho al olvido suponen una regresión".
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