México
Piden a México reconocer crímenes de lesa humanidad
La ONG Open Society Justice Initiative denuncia 'fundamentos razonables' sobre la existencia de éstos
CIUDAD DE MÉXICO (07/JUN/2016).- La organización civil Open Society Justice Initiative presentó un informe en el que exhorta al Estado mexicano a reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país y a luchar contra la "obstrucción política" y la impunidad.
Titulado "Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México" y elaborado con otra cinco ONGs, el documento denuncia la existencia de "fundamentos razonables" para considerar que tanto fuerzas del Estado como el cártel de Los Zetas, y por extensión la delincuencia organizada, han cometido crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía en la última década.
El estudio llevó tres años de trabajo y pone de manifiesto también que desde los distintos niveles de Gobierno, y desde la Justicia, son "prácticamente incapaces de garantizar la rendición de cuentas" por estas atrocidades, dijo el director ejecutivo de la entidad, James Goldston, en rueda de prensa.
Se trata de miles de desapariciones, asesinatos y torturas "sistemáticas" y que se catalogan como crímenes de lesa humanidad, según la Corte Penal Institucional, porque buscan "promover una política de Estado u organizacional en un ataque generalizado o sistemático dirigido a la población civil".
De esta manera, el informe documenta casos de "fuerza extrajudicial e indiscriminada", y miles de muertes y desapariciones y tortura "perpetrados por las fuerzas del Gobierno", apuntó Goldston.
Además, el estudio pone el dedo en la llaga al enumerar las faltas judiciales que permiten que estos crímenes "generalizados" y cometidos por el Estado queden en la impunidad.
A pesar de la "limitada información pública disponible", agrega el informe, los datos hablan por sí solos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre 2007 y 2013 solo se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
No hay datos "fiables de desapariciones", si bien se estima que son unos 26 mil en la última década y solo hay 13 condenas por desaparición forzada - con la participación de agentes del Estado- a febrero de 2015, uno de ellos militar.
La ONG considera que el país -donde las vulneraciones de derechos humanos se han señalado internacionalmente- ha sido "incapaz de satisfacer al investigar estos procesos atroces" e insta a que sea el propio Gobierno mexicano quien investigue estos sucesos.
"Las administraciones sucesivas mexicanas han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades" y han "atacado" los organismos que han denunciado los hechos, remarcó Goldston.
Todo ello son formas de "obstrucción política", que se suman a la fabricación de pruebas, las torturas o la protección al Ejército y la Marina y llevan a no reconocer "la gravedad" de la situación.
El informe concluye con varias recomendaciones, la más relevante es la creación de un organismo internacional con sede en México que investigue estos crímenes y pueda brindar asistencia técnica a la PGR.
También considera "urgente" integrar equipos para investigar desapariciones, crear servicios forenses y de protección de testigos autónomos y exhorta a retirar el Ejército de las operaciones de seguridad pública y aprobar una ley que regule el uso de la fuerza.
Titulado "Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México" y elaborado con otra cinco ONGs, el documento denuncia la existencia de "fundamentos razonables" para considerar que tanto fuerzas del Estado como el cártel de Los Zetas, y por extensión la delincuencia organizada, han cometido crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía en la última década.
El estudio llevó tres años de trabajo y pone de manifiesto también que desde los distintos niveles de Gobierno, y desde la Justicia, son "prácticamente incapaces de garantizar la rendición de cuentas" por estas atrocidades, dijo el director ejecutivo de la entidad, James Goldston, en rueda de prensa.
Se trata de miles de desapariciones, asesinatos y torturas "sistemáticas" y que se catalogan como crímenes de lesa humanidad, según la Corte Penal Institucional, porque buscan "promover una política de Estado u organizacional en un ataque generalizado o sistemático dirigido a la población civil".
De esta manera, el informe documenta casos de "fuerza extrajudicial e indiscriminada", y miles de muertes y desapariciones y tortura "perpetrados por las fuerzas del Gobierno", apuntó Goldston.
Además, el estudio pone el dedo en la llaga al enumerar las faltas judiciales que permiten que estos crímenes "generalizados" y cometidos por el Estado queden en la impunidad.
A pesar de la "limitada información pública disponible", agrega el informe, los datos hablan por sí solos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre 2007 y 2013 solo se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
No hay datos "fiables de desapariciones", si bien se estima que son unos 26 mil en la última década y solo hay 13 condenas por desaparición forzada - con la participación de agentes del Estado- a febrero de 2015, uno de ellos militar.
La ONG considera que el país -donde las vulneraciones de derechos humanos se han señalado internacionalmente- ha sido "incapaz de satisfacer al investigar estos procesos atroces" e insta a que sea el propio Gobierno mexicano quien investigue estos sucesos.
"Las administraciones sucesivas mexicanas han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades" y han "atacado" los organismos que han denunciado los hechos, remarcó Goldston.
Todo ello son formas de "obstrucción política", que se suman a la fabricación de pruebas, las torturas o la protección al Ejército y la Marina y llevan a no reconocer "la gravedad" de la situación.
El informe concluye con varias recomendaciones, la más relevante es la creación de un organismo internacional con sede en México que investigue estos crímenes y pueda brindar asistencia técnica a la PGR.
También considera "urgente" integrar equipos para investigar desapariciones, crear servicios forenses y de protección de testigos autónomos y exhorta a retirar el Ejército de las operaciones de seguridad pública y aprobar una ley que regule el uso de la fuerza.
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