México
Otomíes acusadas de secuestrar a federales, sin apoyos oficiales
Ninguna de las tres queretanas acusadas de secuestro, ha recibido apoyo de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas
QUERÉTARO, QUERÉTARO.- Ninguna de las tres queretanas otomíes acusadas de secuestrar a seis agentes federales ha recibido apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CDI).
Ni Jacinta Francisco Marcial, ya liberada, ni Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio han obtenido respaldo económico, político y jurídico.
De acuerdo con Alberta, a Jacinta nadie le ha respaldado ni económica ni socialmente; “ni siquiera le han dado un usted disculpe, ni la han apoyado”.
El delegado para Querétaro y Guanajuato de la CDI, Aurelio Cigala Páez, aseguró que a Jacinta y a Alberta sí se les apoyó económicamente; a la primera, para que pudiera reiniciar su negocio de paletas y helados, mientras que a la segunda, para la crianza de borregas.
Cigala Páez afirmó que a las indígenas otomíes se les incluyó en los proyectos productivos que maneja la CDI e incluso a los familiares de Alberta se les gestionó un crédito por 110 mil pesos para la compra de borregas, pues tuvieron que vender las 30 que tenían, además de 100 gallinas y 30 guajolotes para sufragar su defensoría.
El dinero obtenido de la venta de sus animales fue destinado a pagar al primer abogado defensor que tuvieron y quien, a fin de cuentas, no les ayudó “y si nos sacó casi 80 mil pesos”.
La versión de Alberta fue ratificada por su abogado defensor e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Andrés Díaz.
El litigante calificó de falsa la versión difundida por el delegado regional de la CDI. “Este miércoles estuve con Jacinta y con su familia, quienes confirmaron que hasta el momento nada les han entregado”.
Más bien, dijo, las familias de Jacinta y de Alberta están anotadas en proyectos productivos en los que se contemplan otras personas, pero no hay algo específico para ellas.
Integrantes de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México entregaron por escrito a la ministro Olga María del Carmen Cordero de García Villegas un dictamen técnico sobre la existencia de inconsistencias jurídicas en el juicio hecho a las otomíes.
Los litigantes, encabezados por su presidente Rogelio Estrada Pacheco, documentaron las fallas en el proceso realizado a las tres indígenas otomíes, acusadas en 2006 de plagiar a seis agentes federales y sentenciadas a 21 años de cárcel.
Los abogados reconocieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por atraer el caso de las indígenas queretanas presas.
Ni Jacinta Francisco Marcial, ya liberada, ni Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio han obtenido respaldo económico, político y jurídico.
De acuerdo con Alberta, a Jacinta nadie le ha respaldado ni económica ni socialmente; “ni siquiera le han dado un usted disculpe, ni la han apoyado”.
El delegado para Querétaro y Guanajuato de la CDI, Aurelio Cigala Páez, aseguró que a Jacinta y a Alberta sí se les apoyó económicamente; a la primera, para que pudiera reiniciar su negocio de paletas y helados, mientras que a la segunda, para la crianza de borregas.
Cigala Páez afirmó que a las indígenas otomíes se les incluyó en los proyectos productivos que maneja la CDI e incluso a los familiares de Alberta se les gestionó un crédito por 110 mil pesos para la compra de borregas, pues tuvieron que vender las 30 que tenían, además de 100 gallinas y 30 guajolotes para sufragar su defensoría.
El dinero obtenido de la venta de sus animales fue destinado a pagar al primer abogado defensor que tuvieron y quien, a fin de cuentas, no les ayudó “y si nos sacó casi 80 mil pesos”.
La versión de Alberta fue ratificada por su abogado defensor e integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Andrés Díaz.
El litigante calificó de falsa la versión difundida por el delegado regional de la CDI. “Este miércoles estuve con Jacinta y con su familia, quienes confirmaron que hasta el momento nada les han entregado”.
Más bien, dijo, las familias de Jacinta y de Alberta están anotadas en proyectos productivos en los que se contemplan otras personas, pero no hay algo específico para ellas.
Integrantes de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México entregaron por escrito a la ministro Olga María del Carmen Cordero de García Villegas un dictamen técnico sobre la existencia de inconsistencias jurídicas en el juicio hecho a las otomíes.
Los litigantes, encabezados por su presidente Rogelio Estrada Pacheco, documentaron las fallas en el proceso realizado a las tres indígenas otomíes, acusadas en 2006 de plagiar a seis agentes federales y sentenciadas a 21 años de cárcel.
Los abogados reconocieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por atraer el caso de las indígenas queretanas presas.
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