México
Ombudsman denunciará a ex ministro de Seguridad por caso Cassez
La denuncia será presentada debido a que la CNDH ha concluido que los funcionarios cometieron, al menos, tres delitos durante el proceso
CIUDAD DE MÉXICO (13/MAR/2013).- La Defensoría del Pueblo de México presentará una denuncia ante la fiscalía contra 21 funcionarios y policías, entre ellos el ex ministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por presuntos delitos cometidos en la detención de la francesa Florence Cassez, anunció este miércoles el presidente del organismo, Raúl Plascencia.
"Habremos de presentar no solamente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, sino también una queja administrativa con el objetivo de que se investiguen y se deslinden las responsabilidades atribuibles a cada uno de los servidores públicos mencionados", dijo Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en rueda de prensa.
Sin mencionar nombres, el ombudsman señaló que entre los funcionarios involucrados están "desde el entonces director general de la Agencia Federal de Investigación (AFI) hasta 15 elementos" que habrían participado en la irregular detención de Cassez.
Retenida junto a su novio desde horas antes por la policía, la francesa fue presentada a los medios de comunicación la mañana del 9 de diciembre de 2005, durante la recreación de una liberación de personas a las que, presuntamente, mantenía secuestradas la pareja en un rancho al sur de la capital mexicana.
En ese momento, García Luna era el director de la AFI -adscrita a la Fiscalía- y posteriormente, de 2006 a 2012, pasó a ser secretario de Seguridad Pública, combatiendo al crimen organizado durante la presidencia de Felipe Calderón.
Cassez, quien había sido condenada a 60 años de prisión por secuestro, fue liberada el 23 de enero pasado por una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual consideró que el debido proceso fue violentado.
Al término de su investigación, la CNDH concluyó que los funcionarios -entre los que también se menciona al entonces jefe de Unidad de Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino- cometieron al menos tres delitos, explicó Plascencia.
Uno fue "contra la administración de justicia, específicamente al llevar a cabo actos u omisiones que producen un daño o concedieron una ventaja a una de las partes".
El segundo delito es el abuso de autoridad por dilatar injustificadamente la puesta a disposición del Ministerio Público a la acusada, así como por el ejercicio indebido del servicio público al "llevar a cabo acciones de manera ilícita", contenidas en la investigación.
"Habremos de presentar no solamente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, sino también una queja administrativa con el objetivo de que se investiguen y se deslinden las responsabilidades atribuibles a cada uno de los servidores públicos mencionados", dijo Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en rueda de prensa.
Sin mencionar nombres, el ombudsman señaló que entre los funcionarios involucrados están "desde el entonces director general de la Agencia Federal de Investigación (AFI) hasta 15 elementos" que habrían participado en la irregular detención de Cassez.
Retenida junto a su novio desde horas antes por la policía, la francesa fue presentada a los medios de comunicación la mañana del 9 de diciembre de 2005, durante la recreación de una liberación de personas a las que, presuntamente, mantenía secuestradas la pareja en un rancho al sur de la capital mexicana.
En ese momento, García Luna era el director de la AFI -adscrita a la Fiscalía- y posteriormente, de 2006 a 2012, pasó a ser secretario de Seguridad Pública, combatiendo al crimen organizado durante la presidencia de Felipe Calderón.
Cassez, quien había sido condenada a 60 años de prisión por secuestro, fue liberada el 23 de enero pasado por una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual consideró que el debido proceso fue violentado.
Al término de su investigación, la CNDH concluyó que los funcionarios -entre los que también se menciona al entonces jefe de Unidad de Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino- cometieron al menos tres delitos, explicó Plascencia.
Uno fue "contra la administración de justicia, específicamente al llevar a cabo actos u omisiones que producen un daño o concedieron una ventaja a una de las partes".
El segundo delito es el abuso de autoridad por dilatar injustificadamente la puesta a disposición del Ministerio Público a la acusada, así como por el ejercicio indebido del servicio público al "llevar a cabo acciones de manera ilícita", contenidas en la investigación.
Síguenos en