México
Observaciones a cuentas públicas, sin sanciones
Los organismos fiscalizadores de ocho estados revisados reportan cuestionables resultados
GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2015).- Mientras se discute en el Congreso de la Unión la creación de un sistema nacional anticorrupción, las auditorías de los estados, principales órganos fiscalizadores de las entidades, realizan un trabajo que ofrece magros resultados y que es cuestionado por los partidos de oposición debido a la cercanía de los encargados con el poder político local.
En un ejercicio de revisión de la labor de los organismos auditores de Baja California, Coahuila, Durango, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, Periódicos Asociados en Red (PAR) detectó que la mayoría de las observaciones realizadas a las cuentas públicas no redundan en acciones concretas contra los funcionarios que incurren en anomalías.
Para este ejercicio periodístico, se solicitó a las ocho auditorías los resultados de la revisión de las cuentas públicas estatales y municipales de los últimos tres ejercicios fiscales disponibles en cuanto a observaciones realizadas, observaciones solventadas, denuncias presentadas o procedimientos iniciados y resoluciones.
Las auditorías superiores de los estados (ASE) de Jalisco y Yucatán no proporcionaron la información solicitada, por lo que se desconoce qué han hecho los organismos en los últimos años.
En el caso de Coahuila, la ASE reportó nueve mil 454 observaciones realizadas entre 2011 y 2013, de las cuales sólo el 12.7 por ciento fueron solventadas en el plazo que se concede a los organismos auditados. Del resto, ocho mil 253, que son las no fueron aclaradas, se derivaron sólo 27 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales aún “están en proceso”. Es decir, no hay sanción.
Situación similar es la que se presenta en Sinaloa, en donde únicamente 7.2 por ciento de las mil 808 observaciones realizadas por la ASE, entre 2010 y 2012, fueron solventadas. Aun así, sólo fueron interpuestas 24 denuncias y a pesar del tiempo trascurrido, en todos los casos se reporta que la investigación “está en curso”.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz sólo presentó datos completos de 2012, año en el cual se realizaron siete mil 412 observaciones de las que 103 quedaron sin solventar. No obstante, sólo se presentaron diez denuncias penales cuyas averiguaciones siguen también “en proceso”. En 2011, se presentó una denuncia contra el ayuntamiento de Fortín cuya resolución está pendiente.
En el caso de Tabasco, ninguna de las dos mil 376 observaciones realizadas en 2012 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFET) fueron solventadas por los organismos auditados y ello sólo derivó en ocho denuncias penales, las cuales sí tuvieron resolución.
En Baja California la situación empeora, pues su organismo auditor ni siquiera tiene facultades de sancionar por lo que no existe un solo caso de castigo a funcionarios que han incurrido en irregularidades. La Auditoría sólo detecta las anomalías en las cuentas y las “rechaza”.
De los estados analizados, Durango es el que más observaciones y denuncias registra por parte de la Entidad de la Auditoría Superior del Estado. Entre 2011 y 2013 sumaron 50 mil 101 las irregularidades detectadas, de las cuales 38.7 por ciento quedaron sin solventar, es decir, 19 mil 433. En ese periodo se presentaron 568 denuncias, 40 sin resolución.
Ante la ineficiencia generalizada de los organismos fiscalizadores se pudo detectar que en los casos revisados, los encargados de auditar a estados y municipios han sido funcionarios de las administraciones estatales o están relacionados a ellas.
Armando Plata, de la ASE de Coahuila, fue subsecretario de la Función Pública durante el gobierno de Humberto Moreira, quien dejó a la Entidad con una deuda superior a los 35 mil millones de pesos que no ha sido transparentada en su totalidad.
Luis Arturo Villarreal, de la EASE de Durango, ha trabajado en dos gobiernos locales priistas de la capital del Estado, uno de ellos encabezado por Ismael Hernández Deras, antecesor del actual gobernador Jorge Herrera Caldera.
Antonio Vega, de la ASE de Sinaloa, ha sido funcionario en gobiernos estatales y es considerado una persona muy cercana al actual gobernador Mario López Valdez. Lorenzo Portilla, del Orfis de Veracruz, ha trabajado para el Comité Directivo Estatal del PRI y ha sido funcionario estatal.
Casos similares son el de Alonso Godoy, de la ASE de Jalisco, quien es considerado una persona cercana al ex gobernador Emilio González, y René Márquez, de la Ase de Yucatán, vinculado a gente de la ex gobernadora Ivonne Ortega.
LA VOZ DEL EXPERTO
Nadie vigila al auditor
Cristina Díaz Romo (Activista del Congreso Ciudadano)
Lo que hemos visto es que no hay una suficiente y adecuada vigilancia del mismo auditor. Él vigila el uso de los recursos públicos en las entidades públicas pero a él nadie lo vigila. No es tanto en sí la actuación de él, que de por sí no ha sido buena, pero el problema es la ley. Existen unas trampas de las que nadie se hace responsable de una adecuada supervisión al trabajo del auditor.
Ya tenemos más de un año que entró una iniciativa de modificación a la Ley de Fiscalización, asesorados por técnicos en la materia. Pero la iniciativa está congelada en la comisión de Puntos Constitucionales, ya hemos ido y hemos insistido pero está congelada.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Juan Manuel Alatorre Franco ha dicho que hará una iniciativa de una nueva ley, pero tiene un año prometiendo y nadie hace nada. Y eso es una absoluta inmovilidad y actualmente como está, eso no garantiza un trabajo adecuado de una real fiscalización.
Primero se requieren adecuaciones a la normativa, porque la actual ley tiene fallas de kínder. Porque actualmente el auditor es vigilado por los mismos que él vigila, y eso es un entrampamiento. Eso propicia que, lejos de vigilarse, ellos mismos se cuiden de la información que no quieren que sea pública. Primero debe haber una adecuación a una ley.
LA VOZ DEL EXPERTO
Auditoría debe publicar cuentas
Clemente Castañeda (Diputado de Movimiento Ciudadano)
La Unidad de Fiscalización es la que debe evaluar la cuenta pública de la Auditoría, una vez que eso pasa se integra a la Comisión de Administración que integra la Cuenta Pública de todo el Poder Legislativo. Dicho de otra manera, se termina asimilando la propia cuenta pública de la Auditoría con la cuenta pública del Congreso, al ser un órgano técnico del Congreso.
Creo que es la propia Unidad de Vigilancia la que debe hacer la función puntual de revisar el gasto, porque es la que tiene las facultades legales para hacerlo. Este asunto de gasto en camionetas debe revisarse en su cuenta pública.
La Auditoría tiene autonomía técnica constitucional, es un ente público con su propio presupuesto. Lo que hemos atestiguado es una serie de señalamientos que erosionan su credibilidad y su propia legitimidad, yo no quisiera adelantarme hasta que tengamos la Cuenta Pública.
Yo hice una fuerte crítica sobre la manera en que se manejan las Cuentas Públicas, en relación a lo que nos obliga la propia Ley de Transparencia. Algunas cosas se corrigieron, lamentablemente otras siguen sin corregirse y el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (ITEI) sigue sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Sostengo que el Itei debe hacer valer sus facultades de interpretación de la ley, para aclarar a qué le corresponde publicar la información en cuestión. Nosotros hemos dicho que la propia Auditoría debe hacerlas públicas. Existe un vacío porque no se sabe a ciencia cierta a quién le toca, por eso propusimos una iniciativa.
Genera sospechas de que la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior no coincidan en sus revisiones.
PERFIL
Alonso Godoy, entre panistas y priistas
El ex empleado del Congreso del Estado llegó a la Auditoría después de luchar en tribunales. Se le ha acusado de desvío de recursos y hasta de cambiar cuentas públicas a conveniencia.
Alonso Godoy Pelayo llegó a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco una vez que la entonces nueva Ley de Fiscalización le otorgó autonomía en su presupuesto y sus recursos. Era el verano de 2008 cuando los diputados lo eligieron, y un año después tuvo que ser ratificado ya que los demás aspirantes a ocupar ese puesto reclamaban que se le estaba dando ventaja por ser una persona cercana a Emilio González Márquez, entonces el gobernador del Estado.
Con el tiempo llegaron acusaciones: recibió casi 10 millones de pesos por concepto de prestaciones del Congreso del Estado. Además de que se documentó que el auditor intercambiaba cuentas públicas a cambio de votos para ser ratificado o presupuesto para la Auditoría.
En junio de 2011, los diputados priistas crearon las condiciones para que Godoy Pelayo no dejara la Auditoría. La comisión de Vigilancia, que podía removerlo en ese momento, tuvo la ausencia de diputados que se decían “en contra”, mientras que los legisladores que lo querían en el puesto fueron los que asistieron y votaron a su favor.
Desde entonces, la Auditoría ha sido calificada como una institución cuyas cuentas públicas son realizadas por “encargo” político, a lo que Alonso Godoy Pelayo afirma que eso no se ha podido demostrar, y por tanto, son acusaciones infundadas.
PERFIL
Armando Plata Sandoval
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila, Armando Plata Sandoval, es contador público por la Universidad Autónoma del Noreste. Y cuenta con una maestría en Impuestos.
En los últimos 20 años ha trabajado en la administración pública: de 1994 a 1998 se desempeñó como Director General de Fiscalización en la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo; de 1998 a febrero de 2005 fue subcontador Mayor de Hacienda en el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo.
También fue Coordinador de Asesores de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, entre febrero y noviembre del 2005. Después de ello y hasta octubre del 2007, fue subsecretario de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, en el gobierno de Humberto Moreira, quien endeudó a la Entidad por más de 35 mil millones de pesos.
Tras dejar ese cargo se convirtió en titular de la ASE. El pasado 9 de diciembre los legisladores locales lo reeligieron por un periodo de ocho años más.
PERFIL
Luis Arturo Villarreal Morales
Es el titular de la Entidad de la Auditoría Superior del Estado (EASE) de Durango, se mantiene bien posicionado en el ámbito político y social, afín al partido en el poder, con una amplia trayectoria en la función pública.
Su primera aparición como funcionario fue en 1983, cuando se desempeñó durante tres años como contralor municipal de la capital del Estado, cuando fungía como presidente municipal el panista Rodolfo Elizondo Torres.
Tuvo también otras dos participaciones en el Ayuntamiento, a convocatoria de gobiernos del PRI: se desempeñó como contralor durante el mandato de Ismael Hernández Deras (1998-2001), y después, durante la alcaldía de Jorge Herrera Delgado, fue nombrado director de Administración y Finanzas (2004-2006).
Pese a que junto con Emiliano Hernández Camargo fue considerado uno de los hombres de mayor confianza en la gestión de Herrera Delgado, dejó su encargo a finales de 2006 arguyendo motivos personales.
En 2007 se convierte en el titular de la EASE, encomienda en la que se desempeña hasta hoy.
PERFIL
Antonio Vega Gaxiola
Asumió la presidencia de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en julio de 2014, siendo electo por unanimidad por el Congreso del Estado, en medio de críticas de diversos sectores que lo señalaban como candidato oficial del gobernador Mario López Valdez, “Malova”, con quien trascendió que mantenía una amistad de años, pero que por diversas razones había estado distanciado así como con el presidente del Congreso, Jesús Enrique Hernández.
Tiene una larga trayectoria en el servicio público con puestos clave en administraciones priistas. Fue director de Fiscalización con el gobernador Renato Vega Alvarado de 1993 a 1998. Posteriormente pasó a ser subsecretario de ingresos con el mandatario estatal Juan Millán Lizárraga, “padre político” del gobernador en turno.
Entre sus últimos cargos se desempeñó, de 2005 a 2010, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas del Gobierno de Sinaloa con el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y, posteriormente, con el alcalde Sergio Torres como subtesorero de Culiacán.
PERFIL
Lorenzo Portilla Vásquez
Han pasado dos años y el auditor fiscal del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Lorenzo Portilla Vásquez, no termina de convencer.
Su elección, en 2012, fue cuestionada ya que el reglamento interno del organismo, en su artículo 11, fracción III, señala que para ser titular: “no debe haber desempeñado, ni desempeñar durante el ejercicio del cargo, ninguna función, actividad o comisión alguna en partidos, agrupaciones o asociaciones políticas”.
Pero incumplía la condición, ya que de 2007 a 2010 se desempeñó como contralor general del Comité Directivo Estatal del PRI, a la par que colaboraba como funcionario del Centro de Comunicaciones, Cómputo y Control, donde manejaba en aquél entonces los recursos federales del Fondo de Seguridad Nacional (Foseg).
También ocupó otros cargos: secretario de Fiscalización en el Congreso del Estado, subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas y Planeación, subdirector de Administración y Finanzas en la Secretaría de Comunicaciones, director general de Administración y Finanzas, entre otros.
PERFIL
José del Carmen López
Con apenas un año de estar al frente de la revisión de las cuentas públicas del 2013, el actual titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFET) ha sido cuestionado en su desempeño al frente de esa institución, pues la mayoría de los partidos representados en el Congreso, lo acusaron de realizar un trabajo deficiente.
Asumió el cargo en agosto del 2013, pero ya no le correspondió el desarrollo de los trabajos de fiscalización del 2012, pues ya estaban avanzados.
Fue designado supuestamente al contar con los méritos suficientes “por sus antecedentes profesionales, personales, trayectoria laboral, conocimientos y experiencia en la materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades relacionadas con la fiscalización de cuentas públicas”.
En las Cuentas Públicas 2013, correspondientes a los ayuntamientos de Macuspana, Cárdenas, Centla, Nacajuca y Jalpa de Méndez, legisladores de los partidos del PAN y PRD denunciaron con documentación una serie de irregularidades y de corrupción en que incurrieron los alcaldes de esos municipios, pero ningún señalamiento fue incluido, fiscalizado ni tomado en cuenta en la revisión de gastos.
PERFIL
René Márquez Arcila
Es titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y ahijado político de Jorge Carlos Berlín Montero, quien ha sido dirigente estatal de la CNC, secretario estatal de Desarrollo Rural, diputado local y federal, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado y oficial mayor en el gobierno estatal de Ivonne Ortega Pacheco.
Cuando Berlín Montero era presidente de la Gran Comisión del Congreso nombró a Márquez Arcila contador de Hacienda, cargo que al cambiar la ley se transformó al de auditor superior de Yucatán.
Además, Márquez Arcila es primo hermano de Nerio Torres Arcila, elegido por el PRI para recuperar la alcaldía de Mérida en las próximas elecciones. En la actual administración estatal de Rolando Zapata Bello, Torres Arcila fue secretario estatal de Desarrollo Social y en el anterior, de Ivonne Ortega, director del Isstey.
A Márquez Arcila se le identifica como correligionario, en la política estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán hace 20 años, de Carlos González Caamal, influyente funcionario de Ivonne Ortega señalado como operador de una extensa red de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma.
PERFIL
Manuel Montenegro
Desde marzo de 2012, es el titular del Órgano de Fiscalización (Orfis) en Baja California, supliendo a Arturo González Luna, quien fue removido por los diputados de la XX Legislatura.
Montenegro es contador público por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Para cuando le fue conferido el puesto de titular del Orfis, ya se desempeñaba como Subauditor, pero anteriormente ya había ocupado puestos públicos, como el de la presidencia municipal de Ensenada.
Cuando inició la actual Legislatura, la diputada panista Rosalba López Regalado lo acusó de un sobregiro presupuestal en el Orfis de hasta 10 millones de pesos, sin embargo, la denuncia no prosperó.
Montenegro en ese entonces se defendió de las acusaciones y dijo que la diputada solo se limitó a hacer una denuncia pública, pero no con pruebas y elementos para demostrar su dicho.
El actual auditor estatal fue electo para un periodo de siete años, es decir, deberá ser sustituido para el 2019. Actualmente percibe un sueldo de 116 mil 303 pesos al mes.
LA ENTREVISTA
Alonso Godoy Pelayo, Auditor de Jalisco
Godoy Pelayo justifica cambio de tsurus por lujosas camionetas
El titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco explica por qué las cuentas públicas no son públicas debido a la Ley aprobada en el Congreso
Alonso Godoy Pelayo se sabe acusado y señalado. No es para menos. La dependencia fiscalizadora del Congreso del Estado ha sido señalada de opaca y discrecional en su gasto desde que se le brindó autonomía financiera.
La novedad ahora es que su líder defiende el cambio de autos compactos por camionetas Toyota de 320 mil pesos cada una.
La Auditoría es una de las pocas dependencias que este 2015 tuvo un incremento presupuestal por encima de la inflación: se le otorgarán 14.6 millones de pesos más que en 2<014.
—¿Cuáles fueron las motivaciones para cambiar el parque vehicular de la Auditoría?
Nosotros no estamos casados con una marca. Hemos hecho pruebas para ver cuáles son los vehículos que más se adecuan a nuestras necesidades. ¿Por qué camionetas? Generalmente cuando salen los auditores, no van solos. Mínimo van tres a los municipios.
Si hubiéramos comprado vehículos compactos, se estaría pagando más casetas y gasolina. Hay un principio en la Auditoría: eficacia, eficiencia y economía.
—¿Por qué eligieron esos modelos, por qué una camioneta de 320 mil pesos?
Nosotros licitamos el vehículo más austero. No son vehículos de lujo y se puede constatar en la licitación.
Estos vehículos se compran con recursos federales que vienen etiquetados (Sólo dos de 10). Previamente nosotros consultamos con la Auditoría (federal), y nos ha dicho que son los vehículos que reúnen las condiciones más idóneas. No es sólo la información que nosotros tenemos, sino la que nos remite otras instancias.
—¿Cuánto dinero se ha contemplado por el aumento del gasto en gasolina?
No lo hemos contemplado, pero un aspecto importante es que usan gasolina Magna. Los costos de mantenimiento y servicio son muy bajos, en relación con otras marcas. Desconozco en qué porcentaje. Pero si hemos construido las instalaciones que tenemos es porque hemos sabido hacer buenas compras.
Hablemos de la imagen de la Auditoría. ¿Cree que este cambio de camionetas por vehículos compactos afecta aún más la imagen que ya tiene la dependencia?
Esos vehículos que compramos son utilitarios. Hablamos de vehículos austeros. No me puedo meter en la imagen que tenga la Auditoría. Eso se lo dejo a quien haga los análisis al respecto.
Sólo creo que se debe considerar que no podemos permitir que tengamos vehículos que lleguen a convertirse en chatarra, que no dan ningún servicio y casi casi hay que pagar porque se los lleven. Nosotros acabamos de licitar el seguro de autos, pero nuestro parque vehicular no compra seguros para autos de lujo. Los deducibles son muy baratos.
—Desde 2009 se le ha señalado de un supuesto desvío de recursos por 10 millones de pesos, de compras a sobre precio para construir este edificio y ahora podría decirse que la compra de estos vehículos son lujos innecesarios. La pregunta es: ¿Quién audita a la Auditoría?
Eso está en la Ley. Pero quiero decir que se me ha señalado por compras a sobreprecio: hasta el día de hoy nadie me ha venido a decir con un documento que un ladrillo se compró a sobreprecio. De dichos, lamentablemente, nuestra sociedad puede estar fastidiada. Es muy lamentable que funden un criterio sobre mí que no existe.
Yo he dicho que me reservo y me seguiré reservando mi derecho de acudir ante las instancias legales correspondientes para exigir que esos dichos se demuestren.
Durante muchos años se dijo que el terreno donde está la Auditoría estaba embargado o hipotecado, yo me cansé de decirlo: nadie ha ido al Registro Público de la propiedad a comprobar eso. ¿Por qué no? Porque existe el interés de estar alimentando una percepción errónea o existe un interés de no informar bien.
Se me ha señalado, como cualquier funcionario público, de desvío de recursos. Yo no desvíe recursos y sobre eso ya se han declarado los tribunales. El pago de prestaciones por 10 millones de pesos que hizo el Congreso a mí y a muchos servidores públicos, yo no lo hice. Yo no pagué, yo no cobré, a mí me los dieron. Yo no soy el patrón, soy el empleado.
Yo reto a cualquier dependencia estatal a que me digan qué han hecho de 2009 para acá y que vean lo que hemos hecho nosotros. Que lo comparen.
—¿Por qué no se ha publicado ninguna auditoría que le hayan practicado en 2014?
Nosotros no podemos ser juez y parte. Nosotros practicamos revisiones mensuales a nuestro propio gasto, de manera interna. A raíz de que nosotros tenemos auditoría se nos obliga a que mes con mes llevemos un informe mensual al Congreso. Eso es lo que está en la página de la ASEJ.
—¿Por qué las cuentas públicas no son públicas?
Ese es un error. Las cuentas públicas son públicas, pero deberían de hacerlas públicas las entidades que las generan con su información. Es decir, las entidades que se auditan son las responsables.
La propia Ley de Fiscalización y la Constitución del Estado nos dicen que nosotros incurrimos en responsabilidad si hacemos de conocimiento las cuentas que nos mandan, por tanto sólo son para consumo interno de la ASEJ.
Si cualquier ciudadano quiere conocer el contenido de una cuenta pública, tiene que ir a donde se genera la cuenta. Lo que pasa es que quieren acudir con quien, por ley, no puede darles esa información. Si yo lo hiciera público, sería causa de cese del Auditor o del personal que lo haga.
La diferencia es que la Auditoría Superior de la Federación sí da a conocer las observaciones de sus informes.
Porque el marco normativo es distinto.
—¿Se debe reformar la Ley local?
En ese tema me mantengo al margen. Lo que digo es que hay un principio que me obliga a cumplir la actual ley. Si el marco normativo cambia, tengan la certeza que nosotros estaremos cumpliendo.
—¿No afecta más a la Auditoría que no se conozca su trabajo? Es decir, que no conozcamos los informes hasta que son votados en el Congreso.
¿Por qué siempre es buscar la imagen de la Auditoría? Si la Ley está mal hecha, por qué voltear con la Auditoría. Nuestro trabajo es practicar auditorías y generar un resultado. Si el resultado no se conoce es porque no le preguntan a quién deberían, que es el Congreso.
Es un asunto de falta de información.
—Este 2015 la ASEJ tuvo un incremento presupuestario por encima de la inflación en términos porcentuales, incluso mayor que el del Congreso. ¿Cómo lo acordó?
Yo no lo acuerdo con nadie. Nosotros propusimos un anteproyecto de presupuesto.
—¿Para qué quiere 14.6 millones de pesos más que en 2014?
Existe la posibilidad de hacer un sistema electrónico para facilitar el trabajo, pero seguimos desagregando el presupuesto. Todavía no tenemos certeza, no venía preparado para hablar de eso.
—La Contraloría del Estado ha hecho revisiones al último año de la administración de Emilio González Márquez. Se observaron siete mil 573 millones de pesos. Es decir, hubo desaseo presupuestario en uno de cada 10 pesos ejercidos. ¿Ustedes no vieron nada?
Estoy impedido por ley de hacer algún comentario de una cuenta pública hasta en tanto cause estado. Yo diría que una vez que se demuestren los dichos (de la Contraloría) con documentos reales, tendríamos que partir de ahí.
Cuando el Auditor declara cargos en una cuenta, lo hace en papel y con documentos, no sobre meras expresiones o declaraciones.
—Ahora está el tema de la cuenta pública de Alfonso Petersen en 2009. Ustedes recibieron, por segunda ocasión, la misma cuenta. ¿Es legal lo que hizo el Congreso?
La ley contempla un procedimiento, no puedo particularizar sobre esa cuenta. Cuando el Congreso regresa la cuenta, la tiene que remitir con la información que sea el soporte de las aclaraciones.
Si nosotros recibimos sólo un documento que no trae documentación de soporte, yo lo que hago es decirles: manda la información como marca el procedimiento. No me gustaría que mi opinión se vaya a utilizar para los propósitos que cualquier persona quiera. Sólo comento cuál es el procedimiento.
El Congreso debe decidir si el procedimiento fue legal o no.
FRASES
"La propia Auditoría debe publicar las cuentas públicas. Existe un vacío porque no se sabe a ciencia cierta a quién le toca, por eso propusimos una iniciativa "
Clemente Castañeda, diputado de Movimiento Ciudadano
"No hay una suficiente y adecuada vigilancia del mismo auditor. Él vigila el uso de los recursos públicos en las entidades públicas pero a él nadie lo vigila "
Cristina Díaz, Activista del Congreso Ciudadano
"Se me ha señalado por compras a sobreprecio: hasta el día de hoy nadie me ha venido a decir con un documento que un ladrillo se compró a sobreprecio "
Alonso Godoy, Auditor del Estado de Jalisco
En un ejercicio de revisión de la labor de los organismos auditores de Baja California, Coahuila, Durango, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, Periódicos Asociados en Red (PAR) detectó que la mayoría de las observaciones realizadas a las cuentas públicas no redundan en acciones concretas contra los funcionarios que incurren en anomalías.
Para este ejercicio periodístico, se solicitó a las ocho auditorías los resultados de la revisión de las cuentas públicas estatales y municipales de los últimos tres ejercicios fiscales disponibles en cuanto a observaciones realizadas, observaciones solventadas, denuncias presentadas o procedimientos iniciados y resoluciones.
Las auditorías superiores de los estados (ASE) de Jalisco y Yucatán no proporcionaron la información solicitada, por lo que se desconoce qué han hecho los organismos en los últimos años.
En el caso de Coahuila, la ASE reportó nueve mil 454 observaciones realizadas entre 2011 y 2013, de las cuales sólo el 12.7 por ciento fueron solventadas en el plazo que se concede a los organismos auditados. Del resto, ocho mil 253, que son las no fueron aclaradas, se derivaron sólo 27 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales aún “están en proceso”. Es decir, no hay sanción.
Situación similar es la que se presenta en Sinaloa, en donde únicamente 7.2 por ciento de las mil 808 observaciones realizadas por la ASE, entre 2010 y 2012, fueron solventadas. Aun así, sólo fueron interpuestas 24 denuncias y a pesar del tiempo trascurrido, en todos los casos se reporta que la investigación “está en curso”.
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz sólo presentó datos completos de 2012, año en el cual se realizaron siete mil 412 observaciones de las que 103 quedaron sin solventar. No obstante, sólo se presentaron diez denuncias penales cuyas averiguaciones siguen también “en proceso”. En 2011, se presentó una denuncia contra el ayuntamiento de Fortín cuya resolución está pendiente.
En el caso de Tabasco, ninguna de las dos mil 376 observaciones realizadas en 2012 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFET) fueron solventadas por los organismos auditados y ello sólo derivó en ocho denuncias penales, las cuales sí tuvieron resolución.
En Baja California la situación empeora, pues su organismo auditor ni siquiera tiene facultades de sancionar por lo que no existe un solo caso de castigo a funcionarios que han incurrido en irregularidades. La Auditoría sólo detecta las anomalías en las cuentas y las “rechaza”.
De los estados analizados, Durango es el que más observaciones y denuncias registra por parte de la Entidad de la Auditoría Superior del Estado. Entre 2011 y 2013 sumaron 50 mil 101 las irregularidades detectadas, de las cuales 38.7 por ciento quedaron sin solventar, es decir, 19 mil 433. En ese periodo se presentaron 568 denuncias, 40 sin resolución.
Ante la ineficiencia generalizada de los organismos fiscalizadores se pudo detectar que en los casos revisados, los encargados de auditar a estados y municipios han sido funcionarios de las administraciones estatales o están relacionados a ellas.
Armando Plata, de la ASE de Coahuila, fue subsecretario de la Función Pública durante el gobierno de Humberto Moreira, quien dejó a la Entidad con una deuda superior a los 35 mil millones de pesos que no ha sido transparentada en su totalidad.
Luis Arturo Villarreal, de la EASE de Durango, ha trabajado en dos gobiernos locales priistas de la capital del Estado, uno de ellos encabezado por Ismael Hernández Deras, antecesor del actual gobernador Jorge Herrera Caldera.
Antonio Vega, de la ASE de Sinaloa, ha sido funcionario en gobiernos estatales y es considerado una persona muy cercana al actual gobernador Mario López Valdez. Lorenzo Portilla, del Orfis de Veracruz, ha trabajado para el Comité Directivo Estatal del PRI y ha sido funcionario estatal.
Casos similares son el de Alonso Godoy, de la ASE de Jalisco, quien es considerado una persona cercana al ex gobernador Emilio González, y René Márquez, de la Ase de Yucatán, vinculado a gente de la ex gobernadora Ivonne Ortega.
| Observaciones a cuentas públicas, sin sanciones | ||
| 65 | 320 mil | 14/06/2015 |
| vehículos ha comprado la Auditoría desde que Alonso Godoy es auditor | pesos costó cada una de las camionetas de lujo compradas por la Auditoría | millones de pesos más ejercerá este año la Auditoría Superior del Estado |
LA VOZ DEL EXPERTO
Nadie vigila al auditor
Cristina Díaz Romo (Activista del Congreso Ciudadano)
Lo que hemos visto es que no hay una suficiente y adecuada vigilancia del mismo auditor. Él vigila el uso de los recursos públicos en las entidades públicas pero a él nadie lo vigila. No es tanto en sí la actuación de él, que de por sí no ha sido buena, pero el problema es la ley. Existen unas trampas de las que nadie se hace responsable de una adecuada supervisión al trabajo del auditor.
Ya tenemos más de un año que entró una iniciativa de modificación a la Ley de Fiscalización, asesorados por técnicos en la materia. Pero la iniciativa está congelada en la comisión de Puntos Constitucionales, ya hemos ido y hemos insistido pero está congelada.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, Juan Manuel Alatorre Franco ha dicho que hará una iniciativa de una nueva ley, pero tiene un año prometiendo y nadie hace nada. Y eso es una absoluta inmovilidad y actualmente como está, eso no garantiza un trabajo adecuado de una real fiscalización.
Primero se requieren adecuaciones a la normativa, porque la actual ley tiene fallas de kínder. Porque actualmente el auditor es vigilado por los mismos que él vigila, y eso es un entrampamiento. Eso propicia que, lejos de vigilarse, ellos mismos se cuiden de la información que no quieren que sea pública. Primero debe haber una adecuación a una ley.
LA VOZ DEL EXPERTO
Auditoría debe publicar cuentas
Clemente Castañeda (Diputado de Movimiento Ciudadano)
La Unidad de Fiscalización es la que debe evaluar la cuenta pública de la Auditoría, una vez que eso pasa se integra a la Comisión de Administración que integra la Cuenta Pública de todo el Poder Legislativo. Dicho de otra manera, se termina asimilando la propia cuenta pública de la Auditoría con la cuenta pública del Congreso, al ser un órgano técnico del Congreso.
Creo que es la propia Unidad de Vigilancia la que debe hacer la función puntual de revisar el gasto, porque es la que tiene las facultades legales para hacerlo. Este asunto de gasto en camionetas debe revisarse en su cuenta pública.
La Auditoría tiene autonomía técnica constitucional, es un ente público con su propio presupuesto. Lo que hemos atestiguado es una serie de señalamientos que erosionan su credibilidad y su propia legitimidad, yo no quisiera adelantarme hasta que tengamos la Cuenta Pública.
Yo hice una fuerte crítica sobre la manera en que se manejan las Cuentas Públicas, en relación a lo que nos obliga la propia Ley de Transparencia. Algunas cosas se corrigieron, lamentablemente otras siguen sin corregirse y el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (ITEI) sigue sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Sostengo que el Itei debe hacer valer sus facultades de interpretación de la ley, para aclarar a qué le corresponde publicar la información en cuestión. Nosotros hemos dicho que la propia Auditoría debe hacerlas públicas. Existe un vacío porque no se sabe a ciencia cierta a quién le toca, por eso propusimos una iniciativa.
Genera sospechas de que la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior no coincidan en sus revisiones.
PERFIL
Alonso Godoy, entre panistas y priistas
El ex empleado del Congreso del Estado llegó a la Auditoría después de luchar en tribunales. Se le ha acusado de desvío de recursos y hasta de cambiar cuentas públicas a conveniencia.
Alonso Godoy Pelayo llegó a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco una vez que la entonces nueva Ley de Fiscalización le otorgó autonomía en su presupuesto y sus recursos. Era el verano de 2008 cuando los diputados lo eligieron, y un año después tuvo que ser ratificado ya que los demás aspirantes a ocupar ese puesto reclamaban que se le estaba dando ventaja por ser una persona cercana a Emilio González Márquez, entonces el gobernador del Estado.
Con el tiempo llegaron acusaciones: recibió casi 10 millones de pesos por concepto de prestaciones del Congreso del Estado. Además de que se documentó que el auditor intercambiaba cuentas públicas a cambio de votos para ser ratificado o presupuesto para la Auditoría.
En junio de 2011, los diputados priistas crearon las condiciones para que Godoy Pelayo no dejara la Auditoría. La comisión de Vigilancia, que podía removerlo en ese momento, tuvo la ausencia de diputados que se decían “en contra”, mientras que los legisladores que lo querían en el puesto fueron los que asistieron y votaron a su favor.
Desde entonces, la Auditoría ha sido calificada como una institución cuyas cuentas públicas son realizadas por “encargo” político, a lo que Alonso Godoy Pelayo afirma que eso no se ha podido demostrar, y por tanto, son acusaciones infundadas.
PERFIL
Armando Plata Sandoval
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila, Armando Plata Sandoval, es contador público por la Universidad Autónoma del Noreste. Y cuenta con una maestría en Impuestos.
En los últimos 20 años ha trabajado en la administración pública: de 1994 a 1998 se desempeñó como Director General de Fiscalización en la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo; de 1998 a febrero de 2005 fue subcontador Mayor de Hacienda en el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo.
También fue Coordinador de Asesores de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, entre febrero y noviembre del 2005. Después de ello y hasta octubre del 2007, fue subsecretario de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, en el gobierno de Humberto Moreira, quien endeudó a la Entidad por más de 35 mil millones de pesos.
Tras dejar ese cargo se convirtió en titular de la ASE. El pasado 9 de diciembre los legisladores locales lo reeligieron por un periodo de ocho años más.
PERFIL
Luis Arturo Villarreal Morales
Es el titular de la Entidad de la Auditoría Superior del Estado (EASE) de Durango, se mantiene bien posicionado en el ámbito político y social, afín al partido en el poder, con una amplia trayectoria en la función pública.
Su primera aparición como funcionario fue en 1983, cuando se desempeñó durante tres años como contralor municipal de la capital del Estado, cuando fungía como presidente municipal el panista Rodolfo Elizondo Torres.
Tuvo también otras dos participaciones en el Ayuntamiento, a convocatoria de gobiernos del PRI: se desempeñó como contralor durante el mandato de Ismael Hernández Deras (1998-2001), y después, durante la alcaldía de Jorge Herrera Delgado, fue nombrado director de Administración y Finanzas (2004-2006).
Pese a que junto con Emiliano Hernández Camargo fue considerado uno de los hombres de mayor confianza en la gestión de Herrera Delgado, dejó su encargo a finales de 2006 arguyendo motivos personales.
En 2007 se convierte en el titular de la EASE, encomienda en la que se desempeña hasta hoy.
PERFIL
Antonio Vega Gaxiola
Asumió la presidencia de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en julio de 2014, siendo electo por unanimidad por el Congreso del Estado, en medio de críticas de diversos sectores que lo señalaban como candidato oficial del gobernador Mario López Valdez, “Malova”, con quien trascendió que mantenía una amistad de años, pero que por diversas razones había estado distanciado así como con el presidente del Congreso, Jesús Enrique Hernández.
Tiene una larga trayectoria en el servicio público con puestos clave en administraciones priistas. Fue director de Fiscalización con el gobernador Renato Vega Alvarado de 1993 a 1998. Posteriormente pasó a ser subsecretario de ingresos con el mandatario estatal Juan Millán Lizárraga, “padre político” del gobernador en turno.
Entre sus últimos cargos se desempeñó, de 2005 a 2010, como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas del Gobierno de Sinaloa con el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y, posteriormente, con el alcalde Sergio Torres como subtesorero de Culiacán.
PERFIL
Lorenzo Portilla Vásquez
Han pasado dos años y el auditor fiscal del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, Lorenzo Portilla Vásquez, no termina de convencer.
Su elección, en 2012, fue cuestionada ya que el reglamento interno del organismo, en su artículo 11, fracción III, señala que para ser titular: “no debe haber desempeñado, ni desempeñar durante el ejercicio del cargo, ninguna función, actividad o comisión alguna en partidos, agrupaciones o asociaciones políticas”.
Pero incumplía la condición, ya que de 2007 a 2010 se desempeñó como contralor general del Comité Directivo Estatal del PRI, a la par que colaboraba como funcionario del Centro de Comunicaciones, Cómputo y Control, donde manejaba en aquél entonces los recursos federales del Fondo de Seguridad Nacional (Foseg).
También ocupó otros cargos: secretario de Fiscalización en el Congreso del Estado, subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas y Planeación, subdirector de Administración y Finanzas en la Secretaría de Comunicaciones, director general de Administración y Finanzas, entre otros.
PERFIL
José del Carmen López
Con apenas un año de estar al frente de la revisión de las cuentas públicas del 2013, el actual titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSFET) ha sido cuestionado en su desempeño al frente de esa institución, pues la mayoría de los partidos representados en el Congreso, lo acusaron de realizar un trabajo deficiente.
Asumió el cargo en agosto del 2013, pero ya no le correspondió el desarrollo de los trabajos de fiscalización del 2012, pues ya estaban avanzados.
Fue designado supuestamente al contar con los méritos suficientes “por sus antecedentes profesionales, personales, trayectoria laboral, conocimientos y experiencia en la materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades relacionadas con la fiscalización de cuentas públicas”.
En las Cuentas Públicas 2013, correspondientes a los ayuntamientos de Macuspana, Cárdenas, Centla, Nacajuca y Jalpa de Méndez, legisladores de los partidos del PAN y PRD denunciaron con documentación una serie de irregularidades y de corrupción en que incurrieron los alcaldes de esos municipios, pero ningún señalamiento fue incluido, fiscalizado ni tomado en cuenta en la revisión de gastos.
PERFIL
René Márquez Arcila
Es titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y ahijado político de Jorge Carlos Berlín Montero, quien ha sido dirigente estatal de la CNC, secretario estatal de Desarrollo Rural, diputado local y federal, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado y oficial mayor en el gobierno estatal de Ivonne Ortega Pacheco.
Cuando Berlín Montero era presidente de la Gran Comisión del Congreso nombró a Márquez Arcila contador de Hacienda, cargo que al cambiar la ley se transformó al de auditor superior de Yucatán.
Además, Márquez Arcila es primo hermano de Nerio Torres Arcila, elegido por el PRI para recuperar la alcaldía de Mérida en las próximas elecciones. En la actual administración estatal de Rolando Zapata Bello, Torres Arcila fue secretario estatal de Desarrollo Social y en el anterior, de Ivonne Ortega, director del Isstey.
A Márquez Arcila se le identifica como correligionario, en la política estudiantil de la Universidad Autónoma de Yucatán hace 20 años, de Carlos González Caamal, influyente funcionario de Ivonne Ortega señalado como operador de una extensa red de desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma.
PERFIL
Manuel Montenegro
Desde marzo de 2012, es el titular del Órgano de Fiscalización (Orfis) en Baja California, supliendo a Arturo González Luna, quien fue removido por los diputados de la XX Legislatura.
Montenegro es contador público por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Para cuando le fue conferido el puesto de titular del Orfis, ya se desempeñaba como Subauditor, pero anteriormente ya había ocupado puestos públicos, como el de la presidencia municipal de Ensenada.
Cuando inició la actual Legislatura, la diputada panista Rosalba López Regalado lo acusó de un sobregiro presupuestal en el Orfis de hasta 10 millones de pesos, sin embargo, la denuncia no prosperó.
Montenegro en ese entonces se defendió de las acusaciones y dijo que la diputada solo se limitó a hacer una denuncia pública, pero no con pruebas y elementos para demostrar su dicho.
El actual auditor estatal fue electo para un periodo de siete años, es decir, deberá ser sustituido para el 2019. Actualmente percibe un sueldo de 116 mil 303 pesos al mes.
LA ENTREVISTA
Alonso Godoy Pelayo, Auditor de Jalisco
Godoy Pelayo justifica cambio de tsurus por lujosas camionetas
El titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco explica por qué las cuentas públicas no son públicas debido a la Ley aprobada en el Congreso
Alonso Godoy Pelayo se sabe acusado y señalado. No es para menos. La dependencia fiscalizadora del Congreso del Estado ha sido señalada de opaca y discrecional en su gasto desde que se le brindó autonomía financiera.
La novedad ahora es que su líder defiende el cambio de autos compactos por camionetas Toyota de 320 mil pesos cada una.
La Auditoría es una de las pocas dependencias que este 2015 tuvo un incremento presupuestal por encima de la inflación: se le otorgarán 14.6 millones de pesos más que en 2<014.
—¿Cuáles fueron las motivaciones para cambiar el parque vehicular de la Auditoría?
Nosotros no estamos casados con una marca. Hemos hecho pruebas para ver cuáles son los vehículos que más se adecuan a nuestras necesidades. ¿Por qué camionetas? Generalmente cuando salen los auditores, no van solos. Mínimo van tres a los municipios.
Si hubiéramos comprado vehículos compactos, se estaría pagando más casetas y gasolina. Hay un principio en la Auditoría: eficacia, eficiencia y economía.
—¿Por qué eligieron esos modelos, por qué una camioneta de 320 mil pesos?
Nosotros licitamos el vehículo más austero. No son vehículos de lujo y se puede constatar en la licitación.
Estos vehículos se compran con recursos federales que vienen etiquetados (Sólo dos de 10). Previamente nosotros consultamos con la Auditoría (federal), y nos ha dicho que son los vehículos que reúnen las condiciones más idóneas. No es sólo la información que nosotros tenemos, sino la que nos remite otras instancias.
—¿Cuánto dinero se ha contemplado por el aumento del gasto en gasolina?
No lo hemos contemplado, pero un aspecto importante es que usan gasolina Magna. Los costos de mantenimiento y servicio son muy bajos, en relación con otras marcas. Desconozco en qué porcentaje. Pero si hemos construido las instalaciones que tenemos es porque hemos sabido hacer buenas compras.
Hablemos de la imagen de la Auditoría. ¿Cree que este cambio de camionetas por vehículos compactos afecta aún más la imagen que ya tiene la dependencia?
Esos vehículos que compramos son utilitarios. Hablamos de vehículos austeros. No me puedo meter en la imagen que tenga la Auditoría. Eso se lo dejo a quien haga los análisis al respecto.
Sólo creo que se debe considerar que no podemos permitir que tengamos vehículos que lleguen a convertirse en chatarra, que no dan ningún servicio y casi casi hay que pagar porque se los lleven. Nosotros acabamos de licitar el seguro de autos, pero nuestro parque vehicular no compra seguros para autos de lujo. Los deducibles son muy baratos.
—Desde 2009 se le ha señalado de un supuesto desvío de recursos por 10 millones de pesos, de compras a sobre precio para construir este edificio y ahora podría decirse que la compra de estos vehículos son lujos innecesarios. La pregunta es: ¿Quién audita a la Auditoría?
Eso está en la Ley. Pero quiero decir que se me ha señalado por compras a sobreprecio: hasta el día de hoy nadie me ha venido a decir con un documento que un ladrillo se compró a sobreprecio. De dichos, lamentablemente, nuestra sociedad puede estar fastidiada. Es muy lamentable que funden un criterio sobre mí que no existe.
Yo he dicho que me reservo y me seguiré reservando mi derecho de acudir ante las instancias legales correspondientes para exigir que esos dichos se demuestren.
Durante muchos años se dijo que el terreno donde está la Auditoría estaba embargado o hipotecado, yo me cansé de decirlo: nadie ha ido al Registro Público de la propiedad a comprobar eso. ¿Por qué no? Porque existe el interés de estar alimentando una percepción errónea o existe un interés de no informar bien.
Se me ha señalado, como cualquier funcionario público, de desvío de recursos. Yo no desvíe recursos y sobre eso ya se han declarado los tribunales. El pago de prestaciones por 10 millones de pesos que hizo el Congreso a mí y a muchos servidores públicos, yo no lo hice. Yo no pagué, yo no cobré, a mí me los dieron. Yo no soy el patrón, soy el empleado.
Yo reto a cualquier dependencia estatal a que me digan qué han hecho de 2009 para acá y que vean lo que hemos hecho nosotros. Que lo comparen.
—¿Por qué no se ha publicado ninguna auditoría que le hayan practicado en 2014?
Nosotros no podemos ser juez y parte. Nosotros practicamos revisiones mensuales a nuestro propio gasto, de manera interna. A raíz de que nosotros tenemos auditoría se nos obliga a que mes con mes llevemos un informe mensual al Congreso. Eso es lo que está en la página de la ASEJ.
—¿Por qué las cuentas públicas no son públicas?
Ese es un error. Las cuentas públicas son públicas, pero deberían de hacerlas públicas las entidades que las generan con su información. Es decir, las entidades que se auditan son las responsables.
La propia Ley de Fiscalización y la Constitución del Estado nos dicen que nosotros incurrimos en responsabilidad si hacemos de conocimiento las cuentas que nos mandan, por tanto sólo son para consumo interno de la ASEJ.
Si cualquier ciudadano quiere conocer el contenido de una cuenta pública, tiene que ir a donde se genera la cuenta. Lo que pasa es que quieren acudir con quien, por ley, no puede darles esa información. Si yo lo hiciera público, sería causa de cese del Auditor o del personal que lo haga.
La diferencia es que la Auditoría Superior de la Federación sí da a conocer las observaciones de sus informes.
Porque el marco normativo es distinto.
—¿Se debe reformar la Ley local?
En ese tema me mantengo al margen. Lo que digo es que hay un principio que me obliga a cumplir la actual ley. Si el marco normativo cambia, tengan la certeza que nosotros estaremos cumpliendo.
—¿No afecta más a la Auditoría que no se conozca su trabajo? Es decir, que no conozcamos los informes hasta que son votados en el Congreso.
¿Por qué siempre es buscar la imagen de la Auditoría? Si la Ley está mal hecha, por qué voltear con la Auditoría. Nuestro trabajo es practicar auditorías y generar un resultado. Si el resultado no se conoce es porque no le preguntan a quién deberían, que es el Congreso.
Es un asunto de falta de información.
—Este 2015 la ASEJ tuvo un incremento presupuestario por encima de la inflación en términos porcentuales, incluso mayor que el del Congreso. ¿Cómo lo acordó?
Yo no lo acuerdo con nadie. Nosotros propusimos un anteproyecto de presupuesto.
—¿Para qué quiere 14.6 millones de pesos más que en 2014?
Existe la posibilidad de hacer un sistema electrónico para facilitar el trabajo, pero seguimos desagregando el presupuesto. Todavía no tenemos certeza, no venía preparado para hablar de eso.
—La Contraloría del Estado ha hecho revisiones al último año de la administración de Emilio González Márquez. Se observaron siete mil 573 millones de pesos. Es decir, hubo desaseo presupuestario en uno de cada 10 pesos ejercidos. ¿Ustedes no vieron nada?
Estoy impedido por ley de hacer algún comentario de una cuenta pública hasta en tanto cause estado. Yo diría que una vez que se demuestren los dichos (de la Contraloría) con documentos reales, tendríamos que partir de ahí.
Cuando el Auditor declara cargos en una cuenta, lo hace en papel y con documentos, no sobre meras expresiones o declaraciones.
—Ahora está el tema de la cuenta pública de Alfonso Petersen en 2009. Ustedes recibieron, por segunda ocasión, la misma cuenta. ¿Es legal lo que hizo el Congreso?
La ley contempla un procedimiento, no puedo particularizar sobre esa cuenta. Cuando el Congreso regresa la cuenta, la tiene que remitir con la información que sea el soporte de las aclaraciones.
Si nosotros recibimos sólo un documento que no trae documentación de soporte, yo lo que hago es decirles: manda la información como marca el procedimiento. No me gustaría que mi opinión se vaya a utilizar para los propósitos que cualquier persona quiera. Sólo comento cuál es el procedimiento.
El Congreso debe decidir si el procedimiento fue legal o no.
FRASES
"La propia Auditoría debe publicar las cuentas públicas. Existe un vacío porque no se sabe a ciencia cierta a quién le toca, por eso propusimos una iniciativa "
Clemente Castañeda, diputado de Movimiento Ciudadano
"No hay una suficiente y adecuada vigilancia del mismo auditor. Él vigila el uso de los recursos públicos en las entidades públicas pero a él nadie lo vigila "
Cristina Díaz, Activista del Congreso Ciudadano
"Se me ha señalado por compras a sobreprecio: hasta el día de hoy nadie me ha venido a decir con un documento que un ladrillo se compró a sobreprecio "
Alonso Godoy, Auditor del Estado de Jalisco
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