México
Objetan venta de tierras de Chichén Itzá
Piden transparentar la adquisición por parte del Gobierno de Yucatán
MÉRIDA, YUCATÁN.- Artesanos y comerciantes que laboran en la zona arqueológica de Chichén Itzá pidieron ayer transparentar la adquisición por parte del Gobierno de Yucatán, de 83 hectáreas de tierra en 220 millones de pesos, la cual podría estar sobrevaluada.
Asimismo, prevén la opción de impugnar legalmente la compra, cuyo procedimiento y costo cuestionaron.
En rueda de prensa, el asesor jurídico de los inconformes, Villevaldo Pech, indicó que solicitarán al Gobierno del Estado y a la instancia federal de transparencia información sobre los mecanismos que llevaron al ejecutivo a adquirir sólo una parte de las tierras.
Al respecto, recordó que la propuesta de autoridades federales en 2007 era la de pagar hasta 16 millones de pesos por una extensión mayor a las 83 hectáreas donde se concentran los principales vestigios arqueológicos.
Por ello, dijo, la extrañeza de que este monto sea mucho mayor y el área adquirida menor.
El dirigente expuso que esta situación genera dudas, ya que ésta es una mínima parte de las más de 660 hectáreas con las que contaba hasta ayer la familia Barbachano, dueña de las tierras de Chichén Itzá, cuyos integrantes cuentan además con concesiones dentro del centro ceremonial.
Expuso que la peor parte es que “esta familia hace y deshace a su antojo”, incluso ahora utilizan bodegas que eran del Gobierno del Estado, además de expender bebidas embriagantes en la zona arqueológica, cuya prohibición no surtió efecto en los hechos.
El abogado refirió que uno de los indicadores claves en el tema del avalúo sobre las tierras adquiridas es saber qué institución lo hizo y el por qué no se tomó en cuenta a la Comisión Nacional de Avalúos.
Adelantó que estudiarán la posibilidad de inconformarse y promover recursos legales para impugnar esta compra, cuyo proceso genera muchas dudas.
Ortega defiende adquisición
La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, justificó la adquisición de las 83 hectáreas de tierras de la zona arqueológica de Chichén Itzá por 220 millones de pesos, ya que es “un patrimonio invaluable que siempre debió ser de los yucatecos”.
No obstante, aclaró que esta operación que se hará mediante un crédito que adquirirá el Patronato Cultur, dependencia del Gobierno de Yucatán y encargada de las zonas arqueológicas en la localidad, se hará en condiciones favorables y dijo que todavía se está asegurando con cuál de las tres se finiquitará, aunque no quiso dar los nombres de las instituciones bancarias.
Ortega Pacheco sostuvo que “ Hay que dejar en claro que el INAH es por ley, custodio del patrimonio arqueológico y que para la realización de eventos en Chichén Itzá, se requiere el permiso correspondiente de la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que el Gobierno sea el propietario del terreno. Lo cierto es que con esta acción el Gobierno del Estado asume más responsabilidades y lo hacemos con gusto y con el orgullo de poder decir que Chichén Itzá ya es nuestro”, expresó.
Asimismo, prevén la opción de impugnar legalmente la compra, cuyo procedimiento y costo cuestionaron.
En rueda de prensa, el asesor jurídico de los inconformes, Villevaldo Pech, indicó que solicitarán al Gobierno del Estado y a la instancia federal de transparencia información sobre los mecanismos que llevaron al ejecutivo a adquirir sólo una parte de las tierras.
Al respecto, recordó que la propuesta de autoridades federales en 2007 era la de pagar hasta 16 millones de pesos por una extensión mayor a las 83 hectáreas donde se concentran los principales vestigios arqueológicos.
Por ello, dijo, la extrañeza de que este monto sea mucho mayor y el área adquirida menor.
El dirigente expuso que esta situación genera dudas, ya que ésta es una mínima parte de las más de 660 hectáreas con las que contaba hasta ayer la familia Barbachano, dueña de las tierras de Chichén Itzá, cuyos integrantes cuentan además con concesiones dentro del centro ceremonial.
Expuso que la peor parte es que “esta familia hace y deshace a su antojo”, incluso ahora utilizan bodegas que eran del Gobierno del Estado, además de expender bebidas embriagantes en la zona arqueológica, cuya prohibición no surtió efecto en los hechos.
El abogado refirió que uno de los indicadores claves en el tema del avalúo sobre las tierras adquiridas es saber qué institución lo hizo y el por qué no se tomó en cuenta a la Comisión Nacional de Avalúos.
Adelantó que estudiarán la posibilidad de inconformarse y promover recursos legales para impugnar esta compra, cuyo proceso genera muchas dudas.
Ortega defiende adquisición
La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, justificó la adquisición de las 83 hectáreas de tierras de la zona arqueológica de Chichén Itzá por 220 millones de pesos, ya que es “un patrimonio invaluable que siempre debió ser de los yucatecos”.
No obstante, aclaró que esta operación que se hará mediante un crédito que adquirirá el Patronato Cultur, dependencia del Gobierno de Yucatán y encargada de las zonas arqueológicas en la localidad, se hará en condiciones favorables y dijo que todavía se está asegurando con cuál de las tres se finiquitará, aunque no quiso dar los nombres de las instituciones bancarias.
Ortega Pacheco sostuvo que “ Hay que dejar en claro que el INAH es por ley, custodio del patrimonio arqueológico y que para la realización de eventos en Chichén Itzá, se requiere el permiso correspondiente de la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que el Gobierno sea el propietario del terreno. Lo cierto es que con esta acción el Gobierno del Estado asume más responsabilidades y lo hacemos con gusto y con el orgullo de poder decir que Chichén Itzá ya es nuestro”, expresó.
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