México
Nuevo trienio
Se cumple hoy la primera semana en que el PRI retoma las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin incluir Tlajomulco de Zúñiga
Se cumple hoy la primera semana en que el
PRI retoma las alcaldías de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, sin incluir Tlajomulco de Zúñiga. Luego de, en 1995, ser echado de la gubernatura, la mayoría en el Congreso del Estado y las más importantes presidencias municipales, el tricolor jalisciense tiene su segunda oportunidad política. Retorna el partido en un contexto de creciente desconfianza y rechazo a los partidos políticos; hastío ciudadano de la corrupción y las promesas incumplidas; y una grave crisis económica que golpea a la mayoría de la población, que busca entre el subempleo y los bajos salarios salir adelante, entre la inseguridad pública que se percibe mayor a lo que pregonan las autoridades policiacas.
A lo anterior se agrega que desde hace meses, de manera subterránea, comenzaron de manera feroz las luchas internas en los partidos, sobre todo en el priismo y panismo, con miras a la participación en la renovación de la gubernatura dentro de tres años. El arranque la semana pasada de las nuevas administraciones municipales metropolitanas es un banderazo más, no oficial, en esa pelea por alcanzar protagonismos, buscar aliados y amarrar negociaciones, convencer de que son los mejores en ocupar Palacio de Gobierno. Si esto suena prematuro para los estatutos de los partidos, la ley electoral o la opinión pública, no es así para las ambiciones de los grupos de poder y los políticos.
Mientras esto ocurre en los partidos y sus administraciones municipales, a los ciudadanos no inmiscuidos en las actividades políticas partidistas les interesa, en primer lugar, que los ayuntamientos cumplan con ofrecer calidad en los servicios públicos básicos que están bajo su responsabilidad, como los de aseo o seguridad pública, por ejemplo. Ese es su elemental cometido.
Aparejados van el combate a la corrupción en cada ayuntamiento, la transparencia y acceso a la información en cada uno de los municipios, el involucramiento de las agrupaciones ciudadanas en las decisiones, el respeto a los derechos humanos en el ámbito de su competencia, la coordinación intermunicipal para eficientar y abaratar la prestación de servicios, evitar el despilfarro en el gasto gubernamental, alentar las inversiones y el turismo, entre otros rubros.
Al margen de sus respectivos intereses partidistas, es de esperarse que los alcaldes y el ejecutivo estatal puedan coordinarse en aras de promover una mejor calidad de vida de los jaliscienses. No será fácil. Este 2010 seguramente será de arranque y acomodo de las administraciones, pero en 2011 lo más probable es que ocurran los golpeteos políticos de ablandamiento y aumenten en 2012. Lástima.
A lo anterior se agrega que desde hace meses, de manera subterránea, comenzaron de manera feroz las luchas internas en los partidos, sobre todo en el priismo y panismo, con miras a la participación en la renovación de la gubernatura dentro de tres años. El arranque la semana pasada de las nuevas administraciones municipales metropolitanas es un banderazo más, no oficial, en esa pelea por alcanzar protagonismos, buscar aliados y amarrar negociaciones, convencer de que son los mejores en ocupar Palacio de Gobierno. Si esto suena prematuro para los estatutos de los partidos, la ley electoral o la opinión pública, no es así para las ambiciones de los grupos de poder y los políticos.
Mientras esto ocurre en los partidos y sus administraciones municipales, a los ciudadanos no inmiscuidos en las actividades políticas partidistas les interesa, en primer lugar, que los ayuntamientos cumplan con ofrecer calidad en los servicios públicos básicos que están bajo su responsabilidad, como los de aseo o seguridad pública, por ejemplo. Ese es su elemental cometido.
Aparejados van el combate a la corrupción en cada ayuntamiento, la transparencia y acceso a la información en cada uno de los municipios, el involucramiento de las agrupaciones ciudadanas en las decisiones, el respeto a los derechos humanos en el ámbito de su competencia, la coordinación intermunicipal para eficientar y abaratar la prestación de servicios, evitar el despilfarro en el gasto gubernamental, alentar las inversiones y el turismo, entre otros rubros.
Al margen de sus respectivos intereses partidistas, es de esperarse que los alcaldes y el ejecutivo estatal puedan coordinarse en aras de promover una mejor calidad de vida de los jaliscienses. No será fácil. Este 2010 seguramente será de arranque y acomodo de las administraciones, pero en 2011 lo más probable es que ocurran los golpeteos políticos de ablandamiento y aumenten en 2012. Lástima.
Síguenos en