México
No les creo
A los reporteros nos ha tocado relatar de Juárez demasiados crímenes con niveles de atrocidad comparables al del pasado 31 de enero
Ciudad Juárez ha vivido una interminable cadena de matanzas —de
narcos, soldados, policías y civiles— que nadie ha atendido, como para que la condenable muerte de 15 jóvenes deportistas e inocentes haya motivado que, de pronto, tras años de abandono, todos los gobiernos, todos los partidos decidan instalar ahí sus oficinas y hacer presencia territorial y presupuestal en la fronteriza capital de la muerte.
A los reporteros nos ha tocado relatar de Juárez demasiados crímenes con niveles de atrocidad comparables al del pasado 31 de enero, como para pensar que éste en particular ha sacudido las conciencias, desempolvado la burocracia y motivado la acción gubernamental. No creo que el motor ni la fecha clave sea el 31 de enero. Pienso que es más bien el 4 de julio de 2010.
Ese día Chihuahua elige nuevo gobernador, 67 presidentes municipales y 33 diputados locales. Paradójico que mientras 100 mil juarenses han decidido emigrar a Estados Unidos en los últimos tiempos, huyendo de la violencia y la ausencia de gobierno, el Presidente, su gabinete de seguridad, el gobernador y los líderes nacionales de los partidos preparan viajes propios y de sus equipos con el discurso de resolver una situación que no brotó la semana pasada, aunque pareciera, por sus súbitas reacciones, que sí.
Desde hace dos años, en Juárez ejecutan a siete personas al día. Todo el año pasado siguió sucediendo bajo la guardia de seis mil soldados desplegados especialmente. En el arranque de 2010 fueron enviados dos mil policías federales más. Y cada vez que hay una matazón, la explicación no cambia: son bandas rivales —los cárteles de Juárez y Sinaloa— que se disputan la plaza. Así, el Estado mexicano asume el papel de espectador que llena la arena pero no se sube al ring.
Calderón reitera lo que dijo hace casi tres años: que al combate policiaco al narco lo acompañará un presupuesto social que busque construir opciones a los jóvenes para que no los tienten los maleantes.
El gobernador priista José Reyes Baeza, en la recta final de su periodo de seis años, decide preocuparse y proponer trasladar la sede de los poderes estatales de Chihuahua a Juárez, como señal de que el hampa no se quedará con la ciudad. El anuncio es tan intempestivo que lo hace de playera y saco sport negros, sentado sobre cualquier mesa con mantelito de terciopelo y un micrófono, diluyendo la gravedad y solemnidad que merecía una decisión de tal tamaño.
La declaración saca al dirigente nacional del PAN, César Nava, de su concentración en las alianzas con los perredistas en cuatro estados y de inmediato descalifica la decisión del priista y la considera ilegal y meramente mediática. El PRD, que pinta poco en aquellas latitudes, para no quedarse atrás exige desde el Congreso federal la desaparición de poderes estatales.
Lo más bonito: todos se acusan entre sí de querer lucrar con la tragedia.
A los reporteros nos ha tocado relatar de Juárez demasiados crímenes con niveles de atrocidad comparables al del pasado 31 de enero, como para pensar que éste en particular ha sacudido las conciencias, desempolvado la burocracia y motivado la acción gubernamental. No creo que el motor ni la fecha clave sea el 31 de enero. Pienso que es más bien el 4 de julio de 2010.
Ese día Chihuahua elige nuevo gobernador, 67 presidentes municipales y 33 diputados locales. Paradójico que mientras 100 mil juarenses han decidido emigrar a Estados Unidos en los últimos tiempos, huyendo de la violencia y la ausencia de gobierno, el Presidente, su gabinete de seguridad, el gobernador y los líderes nacionales de los partidos preparan viajes propios y de sus equipos con el discurso de resolver una situación que no brotó la semana pasada, aunque pareciera, por sus súbitas reacciones, que sí.
Desde hace dos años, en Juárez ejecutan a siete personas al día. Todo el año pasado siguió sucediendo bajo la guardia de seis mil soldados desplegados especialmente. En el arranque de 2010 fueron enviados dos mil policías federales más. Y cada vez que hay una matazón, la explicación no cambia: son bandas rivales —los cárteles de Juárez y Sinaloa— que se disputan la plaza. Así, el Estado mexicano asume el papel de espectador que llena la arena pero no se sube al ring.
Calderón reitera lo que dijo hace casi tres años: que al combate policiaco al narco lo acompañará un presupuesto social que busque construir opciones a los jóvenes para que no los tienten los maleantes.
El gobernador priista José Reyes Baeza, en la recta final de su periodo de seis años, decide preocuparse y proponer trasladar la sede de los poderes estatales de Chihuahua a Juárez, como señal de que el hampa no se quedará con la ciudad. El anuncio es tan intempestivo que lo hace de playera y saco sport negros, sentado sobre cualquier mesa con mantelito de terciopelo y un micrófono, diluyendo la gravedad y solemnidad que merecía una decisión de tal tamaño.
La declaración saca al dirigente nacional del PAN, César Nava, de su concentración en las alianzas con los perredistas en cuatro estados y de inmediato descalifica la decisión del priista y la considera ilegal y meramente mediática. El PRD, que pinta poco en aquellas latitudes, para no quedarse atrás exige desde el Congreso federal la desaparición de poderes estatales.
Lo más bonito: todos se acusan entre sí de querer lucrar con la tragedia.
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