México
Niños muertos
La semana pasada la escalada del infanticidio alcanzó una altura sin precedente
La semana de los niños asesinados. La semana pasada la escalada del infanticidio alcanzó una altura sin precedente por el número de crímenes y la diversidad de los procedimientos.
Javier Covarrubias, un muchacho de 20 años, decidió matar a su hijo de tres y a su hija de 18 meses, “porque ya no podía con todo lo que tenía encima: “…escuela, trabajo, mantener a mi familia, pagar renta, comida, pasajes, leche, todo”. Los llevó a un cerro, abrazó a Isis hasta asfixiarla mientras Darien jugaba como si esperara turno. Los metió en bolsas, los tiró en el bosque, dijo que los habían secuestrado, provocó un motín en Tepito. Fue descubierto. Su mujer, de 26 años, Irma Merino, dijo que Javier nunca les pegó ni dio señales de agresividad. No tenía vicios ni síntomas de problemas mentales.
La pobreza no justifica el doble crimen. Millones de padres mexicanos viven en la miseria y no asesinan a sus hijos. Otros factores deben haber concurrido en las causas, pero el problema económico influyó decisivamente en este caso.
No en el de Sergio Adrián Hernández, de 15 años, muerto en territorio mexicano por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Un video de teléfono celular muestra cómo el patrullero dispara tres veces contra dos jóvenes que corren en el puente y luego arrastra a uno de ellos. El uso excesivo de la fuerza es obvio. Las protestas de los funcionarios mexicanos han sido desechadas por la estadounidense de que el agente disparó en defensa de su integridad personal.
En Tamaulipas tres jóvenes que van en su coche son alcanzados por algunos soldados. En un incidente todavía confuso los tres, uno de 14, otro de 15 y el tercero de 17 años, son muertos a balazos. El jueves en la noche 20 encapuchados con rifles AK47 mataron a 19 jóvenes en Chihuahua. Entraron a un centro de rehabilitación contra adicciones haciéndose pasar por policías, escogieron a 23, los sacaron, los formaron ante una pared y les dispararon. Habían sido seleccionados con cuidado para matarlos, cuatro sobrevivieron. Los culpables huyeron después del crimen que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua consideró como el más sangriento de que se tenga memoria en ese Estado. La frecuencia y la impunidad se transforman en indiferencia general, como si ésta fuera la realidad en que los mexicanos queremos vivir.
La semana comenzó con esa especie de descarga eléctrica nacional aplicada por el ministro Arturo Zaldívar en un dictamen que responsabiliza a funcionarios de distintos niveles de la tragedia de la guardería de Hermosillo. El tiempo, un año de impunidad premiada, ha transformado el juego de fuerzas entre la búsqueda de una justicia legal y la intención de proteger a los responsabilizados en el informe del ministro Zaldívar. Esa lucha ya en sí sería mala, pero es peor cuando la orden de protegerlos se convierte en la meta principal del Gobierno.
Javier Covarrubias, un muchacho de 20 años, decidió matar a su hijo de tres y a su hija de 18 meses, “porque ya no podía con todo lo que tenía encima: “…escuela, trabajo, mantener a mi familia, pagar renta, comida, pasajes, leche, todo”. Los llevó a un cerro, abrazó a Isis hasta asfixiarla mientras Darien jugaba como si esperara turno. Los metió en bolsas, los tiró en el bosque, dijo que los habían secuestrado, provocó un motín en Tepito. Fue descubierto. Su mujer, de 26 años, Irma Merino, dijo que Javier nunca les pegó ni dio señales de agresividad. No tenía vicios ni síntomas de problemas mentales.
La pobreza no justifica el doble crimen. Millones de padres mexicanos viven en la miseria y no asesinan a sus hijos. Otros factores deben haber concurrido en las causas, pero el problema económico influyó decisivamente en este caso.
No en el de Sergio Adrián Hernández, de 15 años, muerto en territorio mexicano por un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. Un video de teléfono celular muestra cómo el patrullero dispara tres veces contra dos jóvenes que corren en el puente y luego arrastra a uno de ellos. El uso excesivo de la fuerza es obvio. Las protestas de los funcionarios mexicanos han sido desechadas por la estadounidense de que el agente disparó en defensa de su integridad personal.
En Tamaulipas tres jóvenes que van en su coche son alcanzados por algunos soldados. En un incidente todavía confuso los tres, uno de 14, otro de 15 y el tercero de 17 años, son muertos a balazos. El jueves en la noche 20 encapuchados con rifles AK47 mataron a 19 jóvenes en Chihuahua. Entraron a un centro de rehabilitación contra adicciones haciéndose pasar por policías, escogieron a 23, los sacaron, los formaron ante una pared y les dispararon. Habían sido seleccionados con cuidado para matarlos, cuatro sobrevivieron. Los culpables huyeron después del crimen que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua consideró como el más sangriento de que se tenga memoria en ese Estado. La frecuencia y la impunidad se transforman en indiferencia general, como si ésta fuera la realidad en que los mexicanos queremos vivir.
La semana comenzó con esa especie de descarga eléctrica nacional aplicada por el ministro Arturo Zaldívar en un dictamen que responsabiliza a funcionarios de distintos niveles de la tragedia de la guardería de Hermosillo. El tiempo, un año de impunidad premiada, ha transformado el juego de fuerzas entre la búsqueda de una justicia legal y la intención de proteger a los responsabilizados en el informe del ministro Zaldívar. Esa lucha ya en sí sería mala, pero es peor cuando la orden de protegerlos se convierte en la meta principal del Gobierno.
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