México
Napolitano desconocía el operativo “Rápido y Furioso”
Una estrategia similar de utilizar armas como señuelo para dar con capos fue usada por la ATF en Tucson, en 2008
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (10/MAR/2011).- A la distancia parece una declaración para salir al paso de la crisis. Poco creíble, máxime cuando desde hace tres años la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) ya efectuaba operativos similares a “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso deliberado de miles de armas a México, que llegaron a manos del crimen organizado.
Estas tácticas de la ATF no son nuevas. En 2008, en Tucson, aplicó el operativo “Wide Receiver” (Receptor abierto), reveló la cadena de radio y televisión CBS. En esa ocasión, la ATF reclutó a los vendedores de armas con licencia como informantes confidenciales pagados y los alentó a vender más equipo a presuntos integrantes de cárteles. La mecánica de colaboración se daba con el siguiente patrón: los vendedores ofrecían un mayor número de armas mientras la ATF grababa y escuchaba las transacciones.
Ayer, la jefa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Janet Napolitano, dijo que no fue informada de la implementación del operativo “Rápido y Furioso” por parte de la ATF.
Esta situación, que ha tenido un efecto bumerán en Estados Unidos con la muerte de los agentes Brian Terry, en Arizona, y Jaime Zapata, en San Luis Potosí, ambos con balas disparadas desde armas de procedencia estadounidense, tiene en el republicano de más alto rango, Charles Grassley, a su máximo opositor.
Durante una audiencia ante el Comité Senatorial de Justicia, Grassley acusó a la ATF de haber contribuido a la violencia que castiga a México por permitir de forma deliberada el contrabando de casi dos mil armas como parte de la operación “Rápido y Furioso”.
En un cara a cara con Napolitano, Grassley consideró que, con este tipo de “operaciones arriesgadas” y “mal concebidas”, se “ha afectado la vida de incontables personas” que terminaron en calidad de víctimas por haber permitido que estas armas “terminaran en manos de criminales”.
Grassley, quien ha solicitado en vano varios memorándum internos, en los que algunos agentes de la ATF se mostraron contrarios a la decisión de dejar pasar cargamentos de armas a México para tratar de descubrir y desmantelar a los responsables y beneficiarios de la cadena del contrabando, fue incapaz de obtener mayores respuestas de Janet Napolitano, quien insistió que dicho operativo “aún se encuentra bajo investigación”.
Napolitano señaló en la audiencia que se enteró de la operación “Rápido y Furioso” que implementó la ATF a consecuencia de la muerte de los agentes Brian Terry y Jaime Zapata.
“¿Usted autorizó esta operación, y si fue así, cuándo lo hizo", preguntó Grassley a Napolitano, quien respondió de forma negativa y que eso le correspondía al Departamento de Justicia.
“Dígame entonces al menos cómo se siente usted por el hecho de que la ATF (que depende del Departamento de Justicia) haya decidido poner cientos de armas en manos de criminales hacia ambos lados de la frontera, y que podrían haber contribuido a la muerte del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry”, le insistió Grassley.
“Senador Grassley, tengo entendido que el caso del agente (Brian) Terry está bajo investigación y por ello sería prematuro e inapropiado comentar al respecto”, se limitó a señalar Napolitano para pasar así de puntillas por un escándalo que ha obligado al fiscal general, Eric Holder, a ordenar una inmediata revisión sobre las estrategias arriesgadas que han empleado distintas agencias federales como la ATF para tratar de desarticular las redes de contrabando de armas que van a parar a México.
El tema genera reacciones
La Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados llamó a comparecer al secretario de Gobernación, Francisco Blake, para que explique qué áreas y en qué circunstancias se llevó a cabo el operativo “Rápido y Furioso”.
El coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Ricardo Monreal, presentará hoy al pleno un punto de acuerdo con el propósito de que la Cámara alta envíe un extrañamiento al Gobierno de Estados Unidos por vulnerar la soberanía mexicana.
La Policía Federal detuvo en San Luis Potosí a Mario Jiménez Pérez, alias “El Mayito”, presunto operador financiero al servicio de la organización criminal de “Los Zetas” y a quien se le vincula con el homicidio del agente estadounidense Jaime Zapata.
Arizona está entre los estados de la Unión Americana con las más permisivas legislaciones para comprar armas, lo que origina un gran flujo de éstas hacia México, opinó el cónsul de México en Yuma, Miguel Escobar Valdez.
TELÓN DE FONDO
Agentes denunciaron operativo en internet
Desde la última semana de enero la prensa estadounidense empezó a reportar denuncias anónimas que afirmaban que la ATF tenía conocimiento de dónde y quiénes comerciaban armas a compradores sospechosos. Fue a través del blog CleanUpATF.org (limpia a la ATF) que empleados anónimos de la agencia dieron a conocer que los agentes “inflan” estadísticas de decomisos de armas para justificar el presupuesto millonario de la dependencia federal.
Las declaraciones anónimas por temor a represalias se hicieron a diversos periódicos de la Unión Americana. “El Diario” de El Paso publicó el testimonio de un agente de la ATF, quien afirmó que “Estados Unidos nunca va a cambiar su postura actual sobre el derecho que tienen los ciudadanos a poseer un arma, pero tiene una responsabilidad de evitar el tráfico de armamento interestatal e internacional”.
El agente acusó que la ATF ha permitido el contrabando de armas a México, durante el curso de investigaciones denominadas como gunwalkers.
Aseguró el funcionario que en varias ocasiones, los mismos agentes, en lugar de decomisar el armamento que les venden en la frontera en territorio estadounidense a los contrabandistas, o detener a éstos, lo dejan salir a México. No pudo precisar cuántas armas involucradas en las investigaciones de la dependencia han sido traficadas ilegalmente a México, pero estimó que la suma podría llegar hasta dos mil en los últimos tres años.
Aseveraciones como éstas también fueron publicadas en el blog CleanUpATF.org por varios trabajadores de la ATF, quienes dicen estar “inconformes con el abuso, fraude y políticas de la dependencia federal”.
Estas tácticas de la ATF no son nuevas. En 2008, en Tucson, aplicó el operativo “Wide Receiver” (Receptor abierto), reveló la cadena de radio y televisión CBS. En esa ocasión, la ATF reclutó a los vendedores de armas con licencia como informantes confidenciales pagados y los alentó a vender más equipo a presuntos integrantes de cárteles. La mecánica de colaboración se daba con el siguiente patrón: los vendedores ofrecían un mayor número de armas mientras la ATF grababa y escuchaba las transacciones.
Ayer, la jefa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Janet Napolitano, dijo que no fue informada de la implementación del operativo “Rápido y Furioso” por parte de la ATF.
Esta situación, que ha tenido un efecto bumerán en Estados Unidos con la muerte de los agentes Brian Terry, en Arizona, y Jaime Zapata, en San Luis Potosí, ambos con balas disparadas desde armas de procedencia estadounidense, tiene en el republicano de más alto rango, Charles Grassley, a su máximo opositor.
Durante una audiencia ante el Comité Senatorial de Justicia, Grassley acusó a la ATF de haber contribuido a la violencia que castiga a México por permitir de forma deliberada el contrabando de casi dos mil armas como parte de la operación “Rápido y Furioso”.
En un cara a cara con Napolitano, Grassley consideró que, con este tipo de “operaciones arriesgadas” y “mal concebidas”, se “ha afectado la vida de incontables personas” que terminaron en calidad de víctimas por haber permitido que estas armas “terminaran en manos de criminales”.
Grassley, quien ha solicitado en vano varios memorándum internos, en los que algunos agentes de la ATF se mostraron contrarios a la decisión de dejar pasar cargamentos de armas a México para tratar de descubrir y desmantelar a los responsables y beneficiarios de la cadena del contrabando, fue incapaz de obtener mayores respuestas de Janet Napolitano, quien insistió que dicho operativo “aún se encuentra bajo investigación”.
Napolitano señaló en la audiencia que se enteró de la operación “Rápido y Furioso” que implementó la ATF a consecuencia de la muerte de los agentes Brian Terry y Jaime Zapata.
“¿Usted autorizó esta operación, y si fue así, cuándo lo hizo", preguntó Grassley a Napolitano, quien respondió de forma negativa y que eso le correspondía al Departamento de Justicia.
“Dígame entonces al menos cómo se siente usted por el hecho de que la ATF (que depende del Departamento de Justicia) haya decidido poner cientos de armas en manos de criminales hacia ambos lados de la frontera, y que podrían haber contribuido a la muerte del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry”, le insistió Grassley.
“Senador Grassley, tengo entendido que el caso del agente (Brian) Terry está bajo investigación y por ello sería prematuro e inapropiado comentar al respecto”, se limitó a señalar Napolitano para pasar así de puntillas por un escándalo que ha obligado al fiscal general, Eric Holder, a ordenar una inmediata revisión sobre las estrategias arriesgadas que han empleado distintas agencias federales como la ATF para tratar de desarticular las redes de contrabando de armas que van a parar a México.
El tema genera reacciones
La Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados llamó a comparecer al secretario de Gobernación, Francisco Blake, para que explique qué áreas y en qué circunstancias se llevó a cabo el operativo “Rápido y Furioso”.
El coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Ricardo Monreal, presentará hoy al pleno un punto de acuerdo con el propósito de que la Cámara alta envíe un extrañamiento al Gobierno de Estados Unidos por vulnerar la soberanía mexicana.
La Policía Federal detuvo en San Luis Potosí a Mario Jiménez Pérez, alias “El Mayito”, presunto operador financiero al servicio de la organización criminal de “Los Zetas” y a quien se le vincula con el homicidio del agente estadounidense Jaime Zapata.
Arizona está entre los estados de la Unión Americana con las más permisivas legislaciones para comprar armas, lo que origina un gran flujo de éstas hacia México, opinó el cónsul de México en Yuma, Miguel Escobar Valdez.
TELÓN DE FONDO
Agentes denunciaron operativo en internet
Desde la última semana de enero la prensa estadounidense empezó a reportar denuncias anónimas que afirmaban que la ATF tenía conocimiento de dónde y quiénes comerciaban armas a compradores sospechosos. Fue a través del blog CleanUpATF.org (limpia a la ATF) que empleados anónimos de la agencia dieron a conocer que los agentes “inflan” estadísticas de decomisos de armas para justificar el presupuesto millonario de la dependencia federal.
Las declaraciones anónimas por temor a represalias se hicieron a diversos periódicos de la Unión Americana. “El Diario” de El Paso publicó el testimonio de un agente de la ATF, quien afirmó que “Estados Unidos nunca va a cambiar su postura actual sobre el derecho que tienen los ciudadanos a poseer un arma, pero tiene una responsabilidad de evitar el tráfico de armamento interestatal e internacional”.
El agente acusó que la ATF ha permitido el contrabando de armas a México, durante el curso de investigaciones denominadas como gunwalkers.
Aseguró el funcionario que en varias ocasiones, los mismos agentes, en lugar de decomisar el armamento que les venden en la frontera en territorio estadounidense a los contrabandistas, o detener a éstos, lo dejan salir a México. No pudo precisar cuántas armas involucradas en las investigaciones de la dependencia han sido traficadas ilegalmente a México, pero estimó que la suma podría llegar hasta dos mil en los últimos tres años.
Aseveraciones como éstas también fueron publicadas en el blog CleanUpATF.org por varios trabajadores de la ATF, quienes dicen estar “inconformes con el abuso, fraude y políticas de la dependencia federal”.
Síguenos en