México
Muchas guerras
Al margen de la guerra que el Gobierno hace a la narco-delincuencia, ésta misma vive su propia tensión
La guerra que se vive en México es compleja e incluye múltiples frentes. Al margen de la guerra que el Gobierno hace a la narco-delincuencia, ésta misma vive su propia tensión: es una guerra a favor de la calidad de su producto para mantenerlo a escala mundial, por lo cual sanciona de manera expedita y sin ambages legaloides a quienes revuelven harina o cal a la cocaína.
Es una guerra por adueñarse de plazas y territorios o compartirlos mediante negociaciones de diverso género.
Es una guerra por el dominio de las áreas productoras en cualquier país, lo cual incluye la protección de las rutas de transportación.
Es una guerra de sucesión en los liderazgos que implica todo tipo de maniobras.
Sólo esta serie de guerras exige de abundantes recursos económicos, así como de abundante mano de obra y gatillo.
El Gobierno al declarar esta guerra abierta no solamente enfrenta el fenómeno del narcotráfico, sino toda una guerra de sabotaje que vive tanto desde sus propias filas, como desde las filas de la misma sociedad.
La colusión de no pocos agentes de seguridad pública o su deserción, la filtración de información, los variados recursos del aparato de justicia para dejar en libertad a los capturados, o dejarlos escapar estando ya en prisión.
Desde las filas de la sociedad se genera el apoyo, o directamente, desde las bases populares beneficiarias del comercio de narcóticos, o indirectamente, desde los cuestionamientos que algunos periodistas e intelectuales han hecho a este drama, calificándolo como “la guerra de Calderón”, o haciendo extraños llamados a “negociar”, como si efectivamente se tratara de una guerra civil, donde las partes pueden alegar derechos y condicionar acuerdos de paz a cambio de concesiones.
Inevitablemente, toda “negociación” con la delincuencia sería una forma disfrazada de chantaje, y una expresión fatal de debilidad por parte del Gobierno.
Nos gustaría más pensar que el mismo Estado busca quedarse con el negocio del tráfico de enervantes, a verlo sometido a ese tipo de recursos, algo que de algún modo suponemos ocurre en Estados Unidos.
Resultaría sin embargo mucho más alarmante pensar que atrás de esta guerra pudiera, en un momento dado, ubicarse la nueva lucha de los partidos políticos, que éstos y no el Gobierno, estuviesen dispuestos a pactar acuerdos y negociaciones acreditables a la gestión de nuevos dirigentes políticos, capaces de traer al país la paz anhelada en este clima de violencia, una paz que habría que comprar con votos, para que el electo a su vez la comprara por medio de concesiones a la delincuencia, y todos felices navegando en el barco de una corrupción que finalmente haría naufragar al Estado y a la nación completa.
Epílogo. Qué bueno que nuestras autoridades ya saben prever “más ataques”, a ver cuándo aprenden a evitarlos, con más trabajo de inteligencia y menos fuerza.
Es una guerra por adueñarse de plazas y territorios o compartirlos mediante negociaciones de diverso género.
Es una guerra por el dominio de las áreas productoras en cualquier país, lo cual incluye la protección de las rutas de transportación.
Es una guerra de sucesión en los liderazgos que implica todo tipo de maniobras.
Sólo esta serie de guerras exige de abundantes recursos económicos, así como de abundante mano de obra y gatillo.
El Gobierno al declarar esta guerra abierta no solamente enfrenta el fenómeno del narcotráfico, sino toda una guerra de sabotaje que vive tanto desde sus propias filas, como desde las filas de la misma sociedad.
La colusión de no pocos agentes de seguridad pública o su deserción, la filtración de información, los variados recursos del aparato de justicia para dejar en libertad a los capturados, o dejarlos escapar estando ya en prisión.
Desde las filas de la sociedad se genera el apoyo, o directamente, desde las bases populares beneficiarias del comercio de narcóticos, o indirectamente, desde los cuestionamientos que algunos periodistas e intelectuales han hecho a este drama, calificándolo como “la guerra de Calderón”, o haciendo extraños llamados a “negociar”, como si efectivamente se tratara de una guerra civil, donde las partes pueden alegar derechos y condicionar acuerdos de paz a cambio de concesiones.
Inevitablemente, toda “negociación” con la delincuencia sería una forma disfrazada de chantaje, y una expresión fatal de debilidad por parte del Gobierno.
Nos gustaría más pensar que el mismo Estado busca quedarse con el negocio del tráfico de enervantes, a verlo sometido a ese tipo de recursos, algo que de algún modo suponemos ocurre en Estados Unidos.
Resultaría sin embargo mucho más alarmante pensar que atrás de esta guerra pudiera, en un momento dado, ubicarse la nueva lucha de los partidos políticos, que éstos y no el Gobierno, estuviesen dispuestos a pactar acuerdos y negociaciones acreditables a la gestión de nuevos dirigentes políticos, capaces de traer al país la paz anhelada en este clima de violencia, una paz que habría que comprar con votos, para que el electo a su vez la comprara por medio de concesiones a la delincuencia, y todos felices navegando en el barco de una corrupción que finalmente haría naufragar al Estado y a la nación completa.
Epílogo. Qué bueno que nuestras autoridades ya saben prever “más ataques”, a ver cuándo aprenden a evitarlos, con más trabajo de inteligencia y menos fuerza.
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