México

Ministros de tendencia liberal resuelven hoy el caso Florence Cassez

La Primera Sala es conocida por su línea de argumentación de liberalismo jurídico, que pone especial atención en la defensa de las garantías por encima de cualquier sentencia

CIUDAD DE MÉXICO (21/MAR/2012).- Hay casos emblemáticos que marcan el rumbo jurídico de un país; el caso Florence Cassez tiene estas características. En juego no está simplemente la liberación de una ciudadana francesa acusada de complicidad y participación en secuestros, sino la importancia del debido proceso para determinar la firmeza de una sentencia judicial. Las formas y los fondos se entrelazan en una discusión que partirá del proyecto de liberación absoluta de Cassez, que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La discusión del caso Cassez inicia hoy en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que está integrada por el propio Zaldívar, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Jorge Pardo Rebolledo y Olga María Sánchez Cordero. El hecho de que un juicio con tantas implicaciones legales y políticas sea discutido de inicio por dicha sala, ha inconformado a activistas en la lucha contra la impunidad de los secuestradores, como Isabel Miranda de Wallace.

La Primera Sala es conocida por su línea de argumentación que comulga con los principios del liberalismo jurídico, que pone especial énfasis en los procedimientos y la defensa de las garantías por encima de cualquier sentencia. Sólo Ortiz Mayagoitia ha tenido opiniones distintas a esta tendencia.

Como dato del actuar de esta sala, en 2009 los ministros ordenaron la liberación de presos acusados de participar en la matanza de Acteal en 1997. Los ministros, en particular Cossío Díaz, señalaron que los expedientes mostraban múltiples violaciones al debido proceso de los indiciados, lo que prácticamente anulaba querellas en su contra.

La discusión en la Corte tendrá cuatro ejes fundamentales: la procedencia del amparo presentado por Florence Cassez; la presunta violación de sus derechos consulares; la determinación en torno a la violación de su presunción de inocencia antes de ser juzgada, y la posibilidad de que su detención haya tenido elementos de ilegalidad.
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