México
Más de siete mil servidores públicos, sancionados por corruptos
Se han impuesto mil 800 sanciones a empresas y personas físicas por participar en este tipo de actos
GUADALAJARA, JALISCO (27/FEB/2012).- La Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado y destituido durante la presente administración a más de siete mil servidores públicos por incurrir en actos de corrupción, informó el titular de la dependencia federal, Rafael Ríos Morgan.
Añadió que se han impuesto mil 800 sanciones a empresas y personas físicas por participar en actos de corrupción. "Ha habido tres mil 629 sanciones económicas, y también a servidores públicos, por daño patrimonial causado a las distintas y diversas instituciones federales".
En visita a Jalisco, Ríos Morgan firmó con el gobernador Emilio González Márquez un convenio para dar un mayor impulso a las políticas de transparencia y acceso a la información, y como una de las líneas de acción fomentar la contraloría social "como un ente ciudadano fiscalizador del gobierno".
Se busca consolidar un sistema de control moderno, integral, renovado y fundamentalmente preventivo, con la finalidad de ejercer de manera eficiente y eficaz los recursos públicos y los programas sociales, indicó el funcionario federal.
Añadió que con el convenio se blindarán los métodos de control y evaluación estatales y municipales a fin de lograr "un uso oportuno, transparente y honesto de los fondos que les son transferidos para los programas federalizados.
Otra línea de acción, dijo, es trabajar en la implementación de las mejores prácticas del Gobierno Federal, en materia regulatoria, con la finalidad de disminuir los riesgos de opacidad y las ineficiencias en las políticas públicas, así como de generar ahorros.
Estas medidas de desregulación han generado ahorros a nivel federal por aproximadamente 11 mil millones de pesos, y han facilitado, tanto a los ciudadanos como a las empresas, la interacción con el gobierno, añadió.
En la firma de dicho Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, el gobernador dijo que la fiscalización tiene que llevar a que quien comete alguna irregularidad, "pague por ello", y que no sean ya las irregularidades "moneda de cambio entre políticos para solventar las deficiencias de administraciones del propio partido".
Destacó que en Jalisco en tres temas se tienen avances significativos: en la Ley de Transparencia que entrará en vigor el primero de abril y que obliga, ahora sí, a que haya transparencia por parte de diputados, jueces, magistrados, universidades públicas, partidos políticos, despacho del gobernador y organismos públicos descentralizados.
"Porque ese ejercicio de transparencia que nos constituye como el Ejecutivo más transparente a nivel nacional, no nos lo obligaba ninguna ley, era convicción personal, pero no podía quedar en un efecto unilateral, debía existir la obligatoriedad", subrayó.
González Márquez dijo que Jalisco está avanzando también con un esquema de rendición de cuentas en línea, en donde se mide no sólo el esfuerzo del servidor público sino también la eficiencia de su esfuerzo y el impacto en la calidad de vida de la gente.
"Estamos avanzando al decir que ahora tenemos una ley que mejora la fiscalización en el Estado, ya no pueden los partidos ponerse de acuerdo e intercambiar cuentas públicas malas. Un municipio con cargos por corrupción no se limpia con otro municipio con cargos por corrupción de otro partido, ahora los dos se ven sometidos a la Ley. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, no son ya los Diputados los que califican las cuentas públicas, es un organismo técnico quien tiene la responsabilidad de revisar la información que se le presente", agregó.
Añadió que se han impuesto mil 800 sanciones a empresas y personas físicas por participar en actos de corrupción. "Ha habido tres mil 629 sanciones económicas, y también a servidores públicos, por daño patrimonial causado a las distintas y diversas instituciones federales".
En visita a Jalisco, Ríos Morgan firmó con el gobernador Emilio González Márquez un convenio para dar un mayor impulso a las políticas de transparencia y acceso a la información, y como una de las líneas de acción fomentar la contraloría social "como un ente ciudadano fiscalizador del gobierno".
Se busca consolidar un sistema de control moderno, integral, renovado y fundamentalmente preventivo, con la finalidad de ejercer de manera eficiente y eficaz los recursos públicos y los programas sociales, indicó el funcionario federal.
Añadió que con el convenio se blindarán los métodos de control y evaluación estatales y municipales a fin de lograr "un uso oportuno, transparente y honesto de los fondos que les son transferidos para los programas federalizados.
Otra línea de acción, dijo, es trabajar en la implementación de las mejores prácticas del Gobierno Federal, en materia regulatoria, con la finalidad de disminuir los riesgos de opacidad y las ineficiencias en las políticas públicas, así como de generar ahorros.
Estas medidas de desregulación han generado ahorros a nivel federal por aproximadamente 11 mil millones de pesos, y han facilitado, tanto a los ciudadanos como a las empresas, la interacción con el gobierno, añadió.
En la firma de dicho Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, el gobernador dijo que la fiscalización tiene que llevar a que quien comete alguna irregularidad, "pague por ello", y que no sean ya las irregularidades "moneda de cambio entre políticos para solventar las deficiencias de administraciones del propio partido".
Destacó que en Jalisco en tres temas se tienen avances significativos: en la Ley de Transparencia que entrará en vigor el primero de abril y que obliga, ahora sí, a que haya transparencia por parte de diputados, jueces, magistrados, universidades públicas, partidos políticos, despacho del gobernador y organismos públicos descentralizados.
"Porque ese ejercicio de transparencia que nos constituye como el Ejecutivo más transparente a nivel nacional, no nos lo obligaba ninguna ley, era convicción personal, pero no podía quedar en un efecto unilateral, debía existir la obligatoriedad", subrayó.
González Márquez dijo que Jalisco está avanzando también con un esquema de rendición de cuentas en línea, en donde se mide no sólo el esfuerzo del servidor público sino también la eficiencia de su esfuerzo y el impacto en la calidad de vida de la gente.
"Estamos avanzando al decir que ahora tenemos una ley que mejora la fiscalización en el Estado, ya no pueden los partidos ponerse de acuerdo e intercambiar cuentas públicas malas. Un municipio con cargos por corrupción no se limpia con otro municipio con cargos por corrupción de otro partido, ahora los dos se ven sometidos a la Ley. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, no son ya los Diputados los que califican las cuentas públicas, es un organismo técnico quien tiene la responsabilidad de revisar la información que se le presente", agregó.
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