México

Marisela Morales habría contratado servicios fantasmas en la PGR

Se cuestionó a expertos en el tema, así como a propios funcionarios de la PGR y todos coincidieron en que el precio pagado por dichos servicios no corresponden a los que se ofrecen en el mercado

CIUDAD DE MÉXICO (17/JUN/2013).- La Procuraduría General de la República, bajo el mandato de Marisela Morales, durante la administración del ex Presidente, Felipe Calderón Hinojosa, hizo la contratación de servicios fantasmas, cuyo costo fue de 92 millones de pesos.

Tan sólo en los últimos cinco meses de gestión de Calderón, la PGR contrató el desarrollo de 17 sistemas tecnológicos y bases de datos, de los cuales, a la fecha, 14 no operan, dos ni siquiera fueron entregados y el único que sí funciona tiene un sobreprecio millonario.

En el contrato PGR/AD/CN/ SERV/147/2012, otorgado hace un año, el 29 de junio, la empresa La Red Corporativo obtuvo un contrato por un costo de 92 millones 34 mil 90 pesos.

El documento está blindado bajo una cláusula de confidencialidad en términos de la Ley de Seguridad Nacional, por lo tanto no se puede encontrar en el portal de Obligaciones de Transparencia de la Procuraduría ni en el sistema de contrataciones públicas CompraNet.

LA RED CORPORATIVO

A la empresa, radicada en Villahermosa, Tabasco, se le encargó instalar un Sistema de Administración de Recursos Humanos y otro de Información de Recursos Humanos, ambos en Java.

Se le liquidaron 61 millones de pesos. La fecha de entrega fue para el 16 de noviembre de 2012, sin embargo, fuentes revelaron que nunca fueron entregaron dichos sistemas, por lo que la Procuraduría actual detuvo el pago de los 31 millones de pesos restantes.

También se solicitó el presunto desarrollo de un administrador de contenidos del sitio web de la Procuraduría que pretendía tener un mayor manejo de los productos informativos y subirlos desde distintas unidades de la dependencia. El costo de este proyecto fue de nueve millones de pesos, cuando su precio real puede ir de 300 mil a 600 mil pesos.

El administrador también manejaría redes sociales para las páginas de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y del Programa de Recompensas.

La empresa proveedora usó como plataforma el administrador de contenidos “Alfresco”, una herramienta que es gratuita pero cumple con las características de las tecnologías requeridas en el contrato.

El contrato habla de desarrollar una versión móvil del portal de internet, no obstante, en el acta de entrega no se manejó como una aplicación móvil, sino como un desarrollo para proporcionarle funcionalidad a la página en dispositivos como los smartphones.

Se cuestionó a expertos en el tema, así como a propios funcionarios de la PGR y todos coincidieron en que el precio pagado por dichos servicios no corresponden a los que se ofrecen en el mercado. Es un “costo inflado”.

El contrato con La Red Corporativo fue firmado por Francisco Javier Pérez Maqueda, ex director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR, y Ricardo Jiménez Martínez, ex director General Adjunto de Recursos Materiales.

También por Norma Zamudio Montiel, ex directora General Adjunta de Soluciones Tecnológicas Sustantivas, y Guillermina Muñoz Soto, ex directora de Tecnologías de Información y Comunicaciones, quien en los últimos cuatro meses del sexenio fue Oficial Mayor de la PGR.

Por la empresa firmó su apoderado, Sergio Fuentes Pérez.

LOS OTROS SISTEMAS

El resto de los sistemas contratados por la PGR no están en función porque sólo se contrató el desarrollo, más no la implementación de estos.

De los 14 sistemas que no operan, 12 se debe a no haber pasado las pruebas de funcionalidad y dos porque les faltan las pruebas finales de validación.

Un ejemplo es el sistema Integra en plataforma Java, que usaría la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) de la PGR con el fin de registrar información sobre la distribución operativa de recursos humanos, administrativos y materiales en los 32 estados.

Los datos obtenidos indican que se entregó a la PGR el 30 de septiembre de 2012, el último día que tenía para hacerlo, y costó tres millones 493 mil 568 pesos. Pero a la fecha no está en operación, porque no resultó funcional y tampoco fue aceptado por la DGPP.
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