México
Machetazo al caballo de espadas
Tren Parlamentario por Vicente Bello
El Gobierno de los Estados Unidos y una treintena de poderosas empresas de aquel país exportadoras de cárnicos a nuestra República, han visto con estupor cómo —en un ejercicio inédito de poder del Gobierno de Felipe Calderón— la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ordenó el cierre de las fronteras mexicanas para carne de bovino, cordero, cerdo y aves de procedencia estadounidense.
Unas 30 plantas estadounidenses exportadoras de carne fueron notificadas por las autoridades mexicanas de que se les ha prohibido la exportación a México por el incumplimiento de normas sanitarias, la mayoría correspondientes a irregularidades perniciosas en el empaquetado.
Ha ponderado, sin embargo, el Gobierno mexicano, al decir que si el lunes próximo se corrigen las fallas detectadas (falta de etiquetado, malos olores y condiciones insalubres de transportación y congelamiento), la carne gringa podría otra vez ingresar al país.
El tema es novedoso noticiosamente en México, porque es la primera ocasión en que el Gobierno mexicano acata, con tal contundencia, una muy vieja recomendación que los ganaderos mexicanos le habían estado haciendo permanentemente: cerrar la frontera a la carne de procedencia estadounidense, porque los industriales de aquel país han inundado con su producto a México aun bajo condiciones desleales, por no decir ilícitas o cuando menos irregulares. Y, con ello, provocado el cierre —durante todos estos años de Tratado Trilateral de Libre Comercio— de miles de granjas porcinas y ranchos ganaderos mexicanos.
El Congreso de la Unión, a través del Senado y la Cámara de Diputados, se han hecho eco durante sexenios de los reclamos de los productores mexicanos, pero a éstos y a aquéllos prácticamente no les habían hecho caso, en la proporción que ha exigido el tema.
A contrapelo de los intereses del ganadero mexicano, el Gobierno federal se había estado haciendo el tiololo solo y no hacía el menor caso de las denuncias ganaderas. Denuncias como ésta, de que la carne gringa suele entrar bajo condiciones sanitarias deplorables, mal etiquetada; irregularidades propiciadas por la corrupción que prevalece en las garitas mexicanas y en el envío a granel de piezas que en Estados Unidos ya son considerados desechos.
Verbigracia: el cuero del cerdo, vendido en los tianguis para freírlo en chicharrón, a precios muy por debajo de los costos de producción mexicanos.
El asunto debería dar pie para que el Congreso mexicano, en su más próxima asamblea de la Comisión Permanente, se pronunciara al respecto y diera seguimiento a la decisión del Gobierno mexicano, porque, sencillamente, ha sido un tema añoso del Poder Legislativo la defensa de los intereses de la ganadería y el subsector pecuario mexicanos.
Pero la determinación de Sagarpa, de frenar las exportaciones estadounidenses de carne hacia México, ha comenzado a ser vista en Estados Unidos como un acto de “represalia” por una ley que el Congreso de aquel país aprobó en octubre pasado.
Tal ley, según los cables generados en Washington este viernes, obliga a los supermercados gringos a poner en sus empaques de carne el nombre del país en el cual fue criado el animal despiezado a la vista.
Desde que entró en vigencia la norma, la Sagarpa advirtió al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que ponía en riesgo de que el consumidor norteamericano discriminara la carne mexicana.
E incluso, ayer se confirmaba en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el Gobierno de México ha solicitado ya el arbitraje de la Organización Mundial de Comercio con relación a las reglas de etiquetado de frutas y verduras frescas, que según el Gobierno estadounidenses no son las correctas y afectan las reglas comerciales internacionales.
El Congreso mexicano tiene trabajo qué hacer en este asunto. Si en verdad el Gobierno de Calderón ha decidido, por primera vez en lo que va de su sexenio, enfrentar los efectos de una ley estadounidense que, en los hechos causa efectos extraterritoriales nocivos para países que son sus socios, como el nuestro y Canadá, entonces van a tener que salir al paso diputados y senadores para hacer causa común.
Apenas sería un bálsamo para las tantas magulladuras que padecen los productores mexicanos con el trato discriminado a todas luces que han recibido, durante años, del socio comercial mayor de México.
Tren Parlamentario desea a ustedes, estimadas lectoras y lectores, un año bueno en todos los sentidos. Regresará a este espacio habitual el martes 6 de enero. Hasta pronto.
Unas 30 plantas estadounidenses exportadoras de carne fueron notificadas por las autoridades mexicanas de que se les ha prohibido la exportación a México por el incumplimiento de normas sanitarias, la mayoría correspondientes a irregularidades perniciosas en el empaquetado.
Ha ponderado, sin embargo, el Gobierno mexicano, al decir que si el lunes próximo se corrigen las fallas detectadas (falta de etiquetado, malos olores y condiciones insalubres de transportación y congelamiento), la carne gringa podría otra vez ingresar al país.
El tema es novedoso noticiosamente en México, porque es la primera ocasión en que el Gobierno mexicano acata, con tal contundencia, una muy vieja recomendación que los ganaderos mexicanos le habían estado haciendo permanentemente: cerrar la frontera a la carne de procedencia estadounidense, porque los industriales de aquel país han inundado con su producto a México aun bajo condiciones desleales, por no decir ilícitas o cuando menos irregulares. Y, con ello, provocado el cierre —durante todos estos años de Tratado Trilateral de Libre Comercio— de miles de granjas porcinas y ranchos ganaderos mexicanos.
El Congreso de la Unión, a través del Senado y la Cámara de Diputados, se han hecho eco durante sexenios de los reclamos de los productores mexicanos, pero a éstos y a aquéllos prácticamente no les habían hecho caso, en la proporción que ha exigido el tema.
A contrapelo de los intereses del ganadero mexicano, el Gobierno federal se había estado haciendo el tiololo solo y no hacía el menor caso de las denuncias ganaderas. Denuncias como ésta, de que la carne gringa suele entrar bajo condiciones sanitarias deplorables, mal etiquetada; irregularidades propiciadas por la corrupción que prevalece en las garitas mexicanas y en el envío a granel de piezas que en Estados Unidos ya son considerados desechos.
Verbigracia: el cuero del cerdo, vendido en los tianguis para freírlo en chicharrón, a precios muy por debajo de los costos de producción mexicanos.
El asunto debería dar pie para que el Congreso mexicano, en su más próxima asamblea de la Comisión Permanente, se pronunciara al respecto y diera seguimiento a la decisión del Gobierno mexicano, porque, sencillamente, ha sido un tema añoso del Poder Legislativo la defensa de los intereses de la ganadería y el subsector pecuario mexicanos.
Pero la determinación de Sagarpa, de frenar las exportaciones estadounidenses de carne hacia México, ha comenzado a ser vista en Estados Unidos como un acto de “represalia” por una ley que el Congreso de aquel país aprobó en octubre pasado.
Tal ley, según los cables generados en Washington este viernes, obliga a los supermercados gringos a poner en sus empaques de carne el nombre del país en el cual fue criado el animal despiezado a la vista.
Desde que entró en vigencia la norma, la Sagarpa advirtió al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que ponía en riesgo de que el consumidor norteamericano discriminara la carne mexicana.
E incluso, ayer se confirmaba en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el Gobierno de México ha solicitado ya el arbitraje de la Organización Mundial de Comercio con relación a las reglas de etiquetado de frutas y verduras frescas, que según el Gobierno estadounidenses no son las correctas y afectan las reglas comerciales internacionales.
El Congreso mexicano tiene trabajo qué hacer en este asunto. Si en verdad el Gobierno de Calderón ha decidido, por primera vez en lo que va de su sexenio, enfrentar los efectos de una ley estadounidense que, en los hechos causa efectos extraterritoriales nocivos para países que son sus socios, como el nuestro y Canadá, entonces van a tener que salir al paso diputados y senadores para hacer causa común.
Apenas sería un bálsamo para las tantas magulladuras que padecen los productores mexicanos con el trato discriminado a todas luces que han recibido, durante años, del socio comercial mayor de México.
Tren Parlamentario desea a ustedes, estimadas lectoras y lectores, un año bueno en todos los sentidos. Regresará a este espacio habitual el martes 6 de enero. Hasta pronto.
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