México
Lucha de papel contra el narco
La lucha contra el narcotráfico, como estrategia del Gobierno federal, está de capa caída
La lucha contra el narcotráfico, como estrategia del Gobierno federal, está de capa caída. Primero fue Ciudad Juárez. En una masacre el 31 de enero, murieron 16 muchachos. El hecho desencadenó una crisis política que se resolvió parcialmente con el proyecto “Todos somos Juárez. Salvemos la Ciudad”.
Parecían volver las aguas a su cauce, cuando el 13 de marzo acribillaron a tres personas en una calle de la misma ciudad. Esta vez hubo una diferencia fundamental, porque entre los fallecidos había una mujer que formaba parte del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Brotó entonces un conflicto internacional que, entre otras consecuencias, provoca la visita de Hillary Clinton a nuestro país; incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional, valuarte perenne de la soberanía, hay voces del más alto rango que aceptan la imposibilidad de afrontar en soledad la guerra contra los cárteles de la droga, de modo que la presencia de la poderosa secretaria de Estado norteamericana, es el preludio de acuerdos oficiales para que “la cooperación” se desarrolle, sin freno formal, en suelo mexicano.
Y lo que sucedió apenas la semana pasada en Monterrey es motivo de alerta máxima: los narcotraficantes utilizaron tácticas militares y bloquearon accesos carreteros; incendiaron automóviles y los usaron como barricadas para apoderarse, por varias horas, de vialidades principales en una de las ciudades más importantes del país.
Ya no se trata de ajusticiamientos entre criminales, como se decía siempre. Las agresiones son directas contra la población.
¿Qué les impedirá hacer lo mismo en Chihuahua, Mazatlán, Tepic o Guadalajara? ¿Qué protección tienen los mexicanos de otros estados? Quien considere que esto ocurre sólo en el Norte de México tiene, cuando menos, una visión ingenua. Pero alarmarse en vano tampoco es la solución.
Una constante nacional es que los delitos relacionados con el narco no son atendidos por policías municipales o procuradurías estatales, porque son del “orden federal”. Pero es sabido que el Ministerio Público federal hace “investigaciones de gabinete”, como las califica Guillermo Zepeda, especialista del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Cuando inicia un procedimiento, éste surge de una solicitud de diligencia, que se turna al responsable de averiguaciones previas, quien a su vez envía otro documento a un director de Policía Ministerial, quien luego la dirige a un jefe de grupo, quien determinará, en el último eslabón de la cadena, a un responsable de investigar los hechos.
Con este mecanismo se facilita la corrupción y se impide la profesionalización.
Es, literalmente, una lucha de papel. ¿Por qué no empezar por cambiar este esquema?
He ahí una tarea seria para los diputados federales, acostumbrados últimamente a abochornarnos con su lenguaje y sus ocurrencias, como las piñatas de Pinocho en las curules.
Al fin que se trata de asuntos “del orden federal”.
Parecían volver las aguas a su cauce, cuando el 13 de marzo acribillaron a tres personas en una calle de la misma ciudad. Esta vez hubo una diferencia fundamental, porque entre los fallecidos había una mujer que formaba parte del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Brotó entonces un conflicto internacional que, entre otras consecuencias, provoca la visita de Hillary Clinton a nuestro país; incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional, valuarte perenne de la soberanía, hay voces del más alto rango que aceptan la imposibilidad de afrontar en soledad la guerra contra los cárteles de la droga, de modo que la presencia de la poderosa secretaria de Estado norteamericana, es el preludio de acuerdos oficiales para que “la cooperación” se desarrolle, sin freno formal, en suelo mexicano.
Y lo que sucedió apenas la semana pasada en Monterrey es motivo de alerta máxima: los narcotraficantes utilizaron tácticas militares y bloquearon accesos carreteros; incendiaron automóviles y los usaron como barricadas para apoderarse, por varias horas, de vialidades principales en una de las ciudades más importantes del país.
Ya no se trata de ajusticiamientos entre criminales, como se decía siempre. Las agresiones son directas contra la población.
¿Qué les impedirá hacer lo mismo en Chihuahua, Mazatlán, Tepic o Guadalajara? ¿Qué protección tienen los mexicanos de otros estados? Quien considere que esto ocurre sólo en el Norte de México tiene, cuando menos, una visión ingenua. Pero alarmarse en vano tampoco es la solución.
Una constante nacional es que los delitos relacionados con el narco no son atendidos por policías municipales o procuradurías estatales, porque son del “orden federal”. Pero es sabido que el Ministerio Público federal hace “investigaciones de gabinete”, como las califica Guillermo Zepeda, especialista del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Cuando inicia un procedimiento, éste surge de una solicitud de diligencia, que se turna al responsable de averiguaciones previas, quien a su vez envía otro documento a un director de Policía Ministerial, quien luego la dirige a un jefe de grupo, quien determinará, en el último eslabón de la cadena, a un responsable de investigar los hechos.
Con este mecanismo se facilita la corrupción y se impide la profesionalización.
Es, literalmente, una lucha de papel. ¿Por qué no empezar por cambiar este esquema?
He ahí una tarea seria para los diputados federales, acostumbrados últimamente a abochornarnos con su lenguaje y sus ocurrencias, como las piñatas de Pinocho en las curules.
Al fin que se trata de asuntos “del orden federal”.
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