México
Los ''lavadores'' de dinero
El ''lavado'' de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer
Manlio Fabio Beltrones retó al Presidente Calderón: que si tiene nombres de narcopolíticos, que los diga. El priista bien sabe que no se puede hacer pública la lista en que se investiga por enriquecimiento inexplicable a más de 140 políticos de diferentes niveles. En ella están desde famosos dinosaurios hasta desconocidos alcaldes. La razón obvia para no hacer pública la lista es que entorpecería las propias pesquisas, y la razón más compleja es que la obsesión de Calderón por vincular todos los delitos con narcotraficantes como autores de todos los males del país, lo deja la mitad de las veces con la boca llena y las manos vacías.
Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de “lavado” de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.
El “lavado” de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos “offshore”, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.
En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de “lavado” de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.
Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia, están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.
Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de “lavado” de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.
El “lavado” de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos “offshore”, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.
En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de “lavado” de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.
Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia, están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.
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