México
Lo que no debo decir
No llegará el suplente de Pascual hasta el otoño y, según especialistas, con ello ganan los narcos
Al Embajador Carlos Pascual, Calderón lo corrió de México (o Washington se adelantó a sacarlo) porque siguió las reglas del juego del Plan Mérida. Éste establece que para erradicar la corrupción estructural, que inicialmente permitió que los cárteles se convirtieran en lo que son, resulta indispensable identificar a los servidores públicos involucrados en el “lavado” de dinero, así como a aquellos agentes del Estado metidos en actividades criminales, que bloquean la reconstrucción del nuevo sistema de justicia penal.
Aunque todas y todos sabemos que el narcotráfico no se va a erradicar, el verdadero éxito del Plan consistiría en erradicar, hasta donde sea posible, la corrupción estructural del Estado, implementar candados para disminuir las posibilidades de “lavar” dinero producto de la delincuencia organizada y, ante todo, renovar el sistema de justicia penal y así lograr que en México se cumpla la ley. Los derechos humanos, supuestamente, quedarán mejor protegidos en la medida en que la justicia no sea un privilegio sino un derecho efectivo.
Las masacres, asesinatos, la justicia paramilitar y los presos ejemplares presentados con espectáculos mediáticos, pero sin transparencia en términos jurídicos, son el precio a pagar por la intervención norteamericana. Una intervención que Felipe Calderón firmó gustoso al principio de su sexenio, cuando creyó que a balazos ganaría credibilidad y se desharía de los mafiosos que el PRI nos heredó.
Pero a Calderón no le gusta que le investiguen a sus fieles servidores. Los cables de WikiLeaks que vienen, hablan sobre las razones por las cuales la Embajada norteamericana negó el visado a Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), y argumenta el veto de visado a otros miembros del Ejército Mexicano, por claros vínculos con la delincuencia organizada y por otras formas de corrupción institucional.
Explican cómo el Ejército sigue protegiendo al “Chapo” Guzmán en Ciudad Juárez. Detallan la relación del Ejército con Nacho Coronel, el capo abatido en Guadalajara. Ahora ya no es información de periodistas que somos sistemáticamente descalificadas por Gobernación como “alarmistas”; es información producto de la investigación de Inteligencia norteamericana, misma que la Presidencia ha adulado tanto al explicarnos los sofisticados sistemas que se están montando en México para perseguir a las mafias, y fortalecer a las instituciones. Pascual, nos guste o no, simplemente hacía lo que ambos gobiernos acordaron; porque la cooperación del Plan Mérida pasa necesariamente por permitir que Washington fiscalice el uso de sus recursos y preste apoyo estratégico; aunque a Washington nadie lo fiscalice (ése es tema de otra columna).
No llegará el suplente de Pascual hasta el otoño y, según especialistas, con ello ganan los narcos.
La salida histórica del embajador norteamericano revela los indicios de que el poder inconmensurable que se otorgó a García Luna, y gente como Cárdenas Palomino, podría convertirse en caso similar al creado por el PRI con las mafias policiacas de Durazo.
Sin embargo hay un matiz que lo hace más peligroso: el debilitamiento del Cisen, que sería contrapeso de la Policía Federal, y la creciente aceptación de policías militarizadas, como la del General Carlos B. Villa, entrevistado valientemente por Sanjuana Martínez. Son militares que no creen en la justicia sino en el asesinato estratégico. ¿Qué harán con ellos cuando se acabe la guerra? O más bien ¿qué harán ellos con nosotros cuando ya no le sean útiles al Estado?
En un verdadera crisis, en la que dominan la violencia y el miedo, lo mejor que podemos hacer es decir la verdad con sus complejidades y claroscuros, y asumir los costos; limpiar la casa a fondo. Hay en la Policía Federal y en otras instituciones hombres y mujeres de bien, honestos y que se han capacitado para cambiar al sistema, pero necesitan líderes limpios y, según los cables de la Embajada, hay evidencia de que los que están no lo son.
Calderón ya no tiene tiempo, ni voluntad, para resolverlo, lo cual resulta trágico para México.
Por fortuna hay miles dentro de las instituciones dispuestos a seguir trabajando a la espera de mandos comprometidos e íntegros.
Aunque todas y todos sabemos que el narcotráfico no se va a erradicar, el verdadero éxito del Plan consistiría en erradicar, hasta donde sea posible, la corrupción estructural del Estado, implementar candados para disminuir las posibilidades de “lavar” dinero producto de la delincuencia organizada y, ante todo, renovar el sistema de justicia penal y así lograr que en México se cumpla la ley. Los derechos humanos, supuestamente, quedarán mejor protegidos en la medida en que la justicia no sea un privilegio sino un derecho efectivo.
Las masacres, asesinatos, la justicia paramilitar y los presos ejemplares presentados con espectáculos mediáticos, pero sin transparencia en términos jurídicos, son el precio a pagar por la intervención norteamericana. Una intervención que Felipe Calderón firmó gustoso al principio de su sexenio, cuando creyó que a balazos ganaría credibilidad y se desharía de los mafiosos que el PRI nos heredó.
Pero a Calderón no le gusta que le investiguen a sus fieles servidores. Los cables de WikiLeaks que vienen, hablan sobre las razones por las cuales la Embajada norteamericana negó el visado a Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), y argumenta el veto de visado a otros miembros del Ejército Mexicano, por claros vínculos con la delincuencia organizada y por otras formas de corrupción institucional.
Explican cómo el Ejército sigue protegiendo al “Chapo” Guzmán en Ciudad Juárez. Detallan la relación del Ejército con Nacho Coronel, el capo abatido en Guadalajara. Ahora ya no es información de periodistas que somos sistemáticamente descalificadas por Gobernación como “alarmistas”; es información producto de la investigación de Inteligencia norteamericana, misma que la Presidencia ha adulado tanto al explicarnos los sofisticados sistemas que se están montando en México para perseguir a las mafias, y fortalecer a las instituciones. Pascual, nos guste o no, simplemente hacía lo que ambos gobiernos acordaron; porque la cooperación del Plan Mérida pasa necesariamente por permitir que Washington fiscalice el uso de sus recursos y preste apoyo estratégico; aunque a Washington nadie lo fiscalice (ése es tema de otra columna).
No llegará el suplente de Pascual hasta el otoño y, según especialistas, con ello ganan los narcos.
La salida histórica del embajador norteamericano revela los indicios de que el poder inconmensurable que se otorgó a García Luna, y gente como Cárdenas Palomino, podría convertirse en caso similar al creado por el PRI con las mafias policiacas de Durazo.
Sin embargo hay un matiz que lo hace más peligroso: el debilitamiento del Cisen, que sería contrapeso de la Policía Federal, y la creciente aceptación de policías militarizadas, como la del General Carlos B. Villa, entrevistado valientemente por Sanjuana Martínez. Son militares que no creen en la justicia sino en el asesinato estratégico. ¿Qué harán con ellos cuando se acabe la guerra? O más bien ¿qué harán ellos con nosotros cuando ya no le sean útiles al Estado?
En un verdadera crisis, en la que dominan la violencia y el miedo, lo mejor que podemos hacer es decir la verdad con sus complejidades y claroscuros, y asumir los costos; limpiar la casa a fondo. Hay en la Policía Federal y en otras instituciones hombres y mujeres de bien, honestos y que se han capacitado para cambiar al sistema, pero necesitan líderes limpios y, según los cables de la Embajada, hay evidencia de que los que están no lo son.
Calderón ya no tiene tiempo, ni voluntad, para resolverlo, lo cual resulta trágico para México.
Por fortuna hay miles dentro de las instituciones dispuestos a seguir trabajando a la espera de mandos comprometidos e íntegros.
Síguenos en