Leyes e instituciones deben resolver conflictos agrarios: no armas

MÉXICO.- El titular de la SRA, Abelardo Escobar Prieto, aseguró que ni las armas ni las expresiones violentas deben ser las que definan los linderos de la tierra en ejidos y comunidades, pues son las leyes e instituciones las que dictan cómo se reclaman derechos y se resuelven diferencias. 
Durante la entrega de recursos para resolver un conflicto de tierras entre comunidades del Distrito Federal y el estado de México, Escobar Prieto mencionó que en la SRA están convencidos que todos los conflictos por la tierra tienen solución a través del respeto a la ley. 
En este sentido con la solución del conflicto de San Miguel Ajusco, en el Distrito Federal, y Xalatlaco, en el estado de México, inicia la lista de los más de 200 casos que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se ha propuesto resolver este año.  

La SRA y el Gobierno del Distrito Federal entregaron una contraprestación económica por más de 45 millones de pesos a comuneros de San Miguel Ajusco, correspondientes al convenio que pone fin a más de 70 años de disputas por tierras boscosas con la comunidad de Xalatlaco. 
Mediante un comunicado, el titular de la SRA informó que junto con autoridades del GDF se reunió con comuneros de San Miguel Ajusco, quienes firmaron el acuerdo con el que ceden a Xalatlaco una superficie de 344 hectáreas, que sumadas a las que ya tenían se les reconoce una superficie de 503 hectáreas de bienes comunales.  

En la concreción del convenio que termina con los conflictos entre estas dos poblaciones que tuvo manifestaciones violentas, contribuyeron por parte del gobierno federal las secretarías de Gobernación y la SRA, así como los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México. 
Los convenios implican el establecimiento de límites definitivos de las tierras en ambas comunidades y la entrega de una contraprestación económica por 45 millones de pesos. 
Estos recursos fueron aportados por el gobierno federal a través de la SRA, y por el Fondo Metropolitano que coordinan los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal. 
La solución del conflicto involucró el arreglo de otro entre los comuneros de San Miguel Ajusco y la familia Entrambasagua Gómez, propietaria de 480 hectáreas del predio "La Venta del Ajusco", que lo ceden a cambio de una contraprestación económica de unos 70 millones de pesos. 
Los 45 millones de pesos entregados a los comuneros de San Miguel Ajusco estaban depositados en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) organismo desconcentrado de la SRA, liberados con los intereses al ratificarse el convenio de solución al conflicto.