Ley de Seguridad Interior, en el ojo del huracán

CIUDAD DE MÉXICO (05/MAR/2017).- La Ley de Seguridad Interior, que busca regular el actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas en su combate al narcotráfico, es considerada indispensable por buena parte de los políticos pero inquieta a expertos, quienes dicen que legitima la presencia de los militares en las calles.

El secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, se pronunció por primera vez en diciembre pasado a favor del regreso de los militares a los cuarteles, tras denunciar la "desnaturalización" de la función del Ejército al ponerlo hace una década al frente de la lucha contra los cárteles de las drogas.

Exigió "un marco" que respalde la actuación de los soldados en las calles, una declaración que fue secundada días después por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien estimó "preciso contar con una Ley de Seguridad Interior".

Es en este contexto que el Legislativo tiene en su haber hasta cinco iniciativas para delimitar y regular la labor de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

"La Seguridad Interior, como vertiente de la Seguridad Nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)", para usarla si se afecta la seguridad interior, expresa la iniciativa del diputado del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho.

Según el director del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo, el objetivo es "legitimar y legalizar lo que hasta ahora es inconstitucional, el uso del Ejército para la seguridad pública", y dar un marco para que la labor de las Fuerzas Armadas "sea permanente".

Además, los proyectos de ley son "una burla" porque no plantean "controles institucionales", no presentan un plan para "retirar" a los militares de las calles y, en general, son "peligrosamente vagas y amplias", dijo.

Por ejemplo, la propuesta de Camacho define una serie de acciones que pueden ejecutar las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas. Y sobresale el último apartado, que determina que pueden realizar aquellas "que se consideren necesarias".

Para el analista, que participó en foros de discusión de la ley en el Senado, el Ejército tiene una posición difícil porque no está entrenado en seguridad pública, pero no podría retirarse de inmediato de ciertas zonas por la debilidad de los cuerpos policiales.

"Ha hecho en gran medida lo que ha podido, y esto ha sido contraproducente", aseveró Madrazo.

Y es que la estela de muerte y dolor de la última década es espeluznante: unos 28 mil desaparecidos y más de 150 mil muertos hasta 2015.

El pasado año hubo 20 mil 789 homicidios, un 22 % más que el año anterior, de los cuales 59 % están asociados al crimen organizado, según la ONG Semáforo Delictivo.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, destacó en una reciente mesa de debate que la tasa de homicidios pasó del 2007 al 2011 de 8.1 a 23.7 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Tras unos años de ligeras mejoras, en 2016 se registraron 21 homicidios por 100 mil habitantes, "con marcados incrementos en los estados donde se instalaron estos operativos conjuntos y la confianza con el Ejército a la baja en estos mismos lugares", apuntó.

El representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, destacó que cuando se dan violaciones a derechos humanos de las autoridades poniendo como "excusa" la seguridad desaparecen "reglas de conducta", lo que incentiva "una espiral de violencia".

A su vez, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, dijo que tener militares en las calles no es "lo más deseable" y presentó varias ideas para mejorar la Ley de Seguridad Interior.

Exigió que esta acote el concepto de seguridad pública, seguridad nacional e interior, contemple mecanismos de control, evite que las Fuerzas Armadas participen en la investigación de delitos y no asuman "bajo ningún supuesto" que su actuación será permanente, entre otras.

El texto continúa debatiéndose y el miércoles pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, se reunió con la Cámara de Diputados y urgió a la aprobación de la ley.

Esta se complementaría con la del Mando Mixto, que lleva años en el Congreso "sin avanzar gran cosa" y busca fortalecer las instituciones policiales y la coordinación entre entes, lamentó Madrazo.

Una reciente encuesta de Parametría reveló que el 60 % de los consultados prefería al Ejército en las calles, más de tres veces el porcentaje de quienes se inclinaron por la Policía (18 %).

Un 20 % señaló que desearía no tener a ninguna de las dos instituciones.

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