México
Ley de Extinción de Dominio
Tren parlamentario
Como los torrentes de las barrancadas crecidas, el debate sobre la Ley de Extinción de Dominio ha ido más allá de los cauces legislativos y se metió, de lleno, en los territorios del derecho de propiedad.
A modo de revulsivo, todo comenzó esta semana cuando Germán Martínez Cázares, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), picoteó al Revolucionario Institucional (PRI) urgiéndole su respaldo a las iniciativas de ley del Presidente Felipe Calderón, particularmente en materia de combate al crimen organizado.
El PRI respingó como un gallo que ha sido picoteado en la cresta. Y de inmediato respondió diciendo que lo que Germán dijo es falso, porque si ha habido un partido político que haya votado en favor de las iniciativas del Ejecutivo panista, es el Revolucionario Institucional. Y en voz del senador hidalguense Jesús Murillo Karam, el priismo soltó a Germán un gancho al hígado: Murillo le dijo “estúpido” a Germán.
Lo que Germán dijo del PRI había tenido fuertes efectos. Hizo una declaración en la que colocó virtualmente al PRI y a la delincuencia crecida en una misma bandeja. Y, a modo de completar el descontón, Martínez expresó, con la arrogancia que lo caracteriza, que los legisladores priistas deberían ponerse a trabajar para México, apoyando sin ambages las iniciativas de ley del Presidente de la República.
Este forcejeo entre Murillo y Martínez pronto repercutió en los procesos legislativos que transcurren en las dos cámaras. Al extremo de que panistas como el senador Alejandro González Alcocer han salido al paso de Germán Martínez para reconvenirle, y exhortarle a que desfleme su carácter, porque con lo que ha dicho ha comenzado a frenar negociaciones legislativas con el PRI.
Este viernes, PAN y PRI continuaban en las paradas, en las voces del mismo senador Murillo Karam (PRI), y de los diputados federales Héctor Larios (PAN) y César Camacho (PRI).
Camacho Quiroz, quien además de ser el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados es un abogado penalista, ha hecho explícita una diferencia sustancial que tienen el PRI y el PAN en la interpretación sobre la Ley de Extinción de Dominio.
En referencia a la iniciativa de marras, que ahora se discute en el Senado, César Camacho dijo: “Mientras el Presidente (Felipe Calderón) considera que la carga de la prueba la debe demostrar el particular, es decir, que quien debe probar la licitud del origen de un bien es el particular, nosotros (los priistas) creemos que debe ser al revés; que quien debe demostrar la ilicitud en el origen de un recurso o la ilegal utilización de un bien es el Ministerio Público. Porque si no fuera así, (esta Ley) sería un arma abusiva de parte del Gobierno, de las autoridades, frente a un particular eventualmente poseedor de buena fe de un bien”.
Cuando se le preguntó a Héctor Larios sobre lo dicho por Camacho, el coordinador de la bancada panista en San Lázaro respondió: “Lo que se intenta es proteger los derechos de la sociedad; los derechos de los que no delinquen; los derechos de las personas que llevan una vida de conformidad con las leyes, y el problema es que a veces se exacerba el respeto de todos sus bienes porque somos muy pulcros en respetar esos supuestos derechos; cuando el derecho que debemos de preservar, fundamentalmente, es el derecho de las personas a defenderse y, desde luego, que si ganan el juicio se le reiteran los bienes”.
Jesús Murillo Karam, el que tildó de “estúpido” a Germán Martínez Cázares, ayer reiteró: “Si bien es cierto de que se trata de romperle la columna vertebral al narcotráfico, en el área económica, también es cierto que dejaría enormes posibilidades de que cualquier Ministerio Público pueda, en un momento determinado, iniciarte una acción de extinción de dominio, y tú te quedarías, prácticamente en los términos de esta Ley, sin defensa alguna si eres de buena fe y si no cometiste delito”.
El senador apostilló: “Nuestra tesis es muy simple: todas las facilidades para el aseguramiento de los bienes, pero poner las garantías para que pueda haber un proceso correcto, que no cualquier Ministerio Público pueda, en el momento que quiera, iniciar una acción de éstas; y después también pueda, sin ningún problema, desistirse de ella. Esto daría una cantidad de extorsiones impresionante”.
La otra ley que pujan PAN y PRI, en materia de combate al crimen organizado, es la de Combate al Narcomenudeo. Los panistas en San Lázaro y Xicoténcatl, así como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, han vuelto a restregar al PRI una supuesta falta de apoyo para legislar sobre el narcomenudeo. El PRI les ha dado la vuelta muy fácil: Cuando Vicente Fox era el presidente, todos en el Congreso, incluidos los priistas, votaron aprobatoriamente la Ley de Combate al Narcomenudeo. Pero el entonces presidente la vetó regresándola al Congreso con observaciones, que ahora no han atendido. Fox vio errores a una ley que había sido aprobada unánimemente. Entonces se interpretó el veto como una decisión presidencial que afectaba el combate al narcotráfico.
A modo de revulsivo, todo comenzó esta semana cuando Germán Martínez Cázares, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), picoteó al Revolucionario Institucional (PRI) urgiéndole su respaldo a las iniciativas de ley del Presidente Felipe Calderón, particularmente en materia de combate al crimen organizado.
El PRI respingó como un gallo que ha sido picoteado en la cresta. Y de inmediato respondió diciendo que lo que Germán dijo es falso, porque si ha habido un partido político que haya votado en favor de las iniciativas del Ejecutivo panista, es el Revolucionario Institucional. Y en voz del senador hidalguense Jesús Murillo Karam, el priismo soltó a Germán un gancho al hígado: Murillo le dijo “estúpido” a Germán.
Lo que Germán dijo del PRI había tenido fuertes efectos. Hizo una declaración en la que colocó virtualmente al PRI y a la delincuencia crecida en una misma bandeja. Y, a modo de completar el descontón, Martínez expresó, con la arrogancia que lo caracteriza, que los legisladores priistas deberían ponerse a trabajar para México, apoyando sin ambages las iniciativas de ley del Presidente de la República.
Este forcejeo entre Murillo y Martínez pronto repercutió en los procesos legislativos que transcurren en las dos cámaras. Al extremo de que panistas como el senador Alejandro González Alcocer han salido al paso de Germán Martínez para reconvenirle, y exhortarle a que desfleme su carácter, porque con lo que ha dicho ha comenzado a frenar negociaciones legislativas con el PRI.
Este viernes, PAN y PRI continuaban en las paradas, en las voces del mismo senador Murillo Karam (PRI), y de los diputados federales Héctor Larios (PAN) y César Camacho (PRI).
Camacho Quiroz, quien además de ser el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados es un abogado penalista, ha hecho explícita una diferencia sustancial que tienen el PRI y el PAN en la interpretación sobre la Ley de Extinción de Dominio.
En referencia a la iniciativa de marras, que ahora se discute en el Senado, César Camacho dijo: “Mientras el Presidente (Felipe Calderón) considera que la carga de la prueba la debe demostrar el particular, es decir, que quien debe probar la licitud del origen de un bien es el particular, nosotros (los priistas) creemos que debe ser al revés; que quien debe demostrar la ilicitud en el origen de un recurso o la ilegal utilización de un bien es el Ministerio Público. Porque si no fuera así, (esta Ley) sería un arma abusiva de parte del Gobierno, de las autoridades, frente a un particular eventualmente poseedor de buena fe de un bien”.
Cuando se le preguntó a Héctor Larios sobre lo dicho por Camacho, el coordinador de la bancada panista en San Lázaro respondió: “Lo que se intenta es proteger los derechos de la sociedad; los derechos de los que no delinquen; los derechos de las personas que llevan una vida de conformidad con las leyes, y el problema es que a veces se exacerba el respeto de todos sus bienes porque somos muy pulcros en respetar esos supuestos derechos; cuando el derecho que debemos de preservar, fundamentalmente, es el derecho de las personas a defenderse y, desde luego, que si ganan el juicio se le reiteran los bienes”.
Jesús Murillo Karam, el que tildó de “estúpido” a Germán Martínez Cázares, ayer reiteró: “Si bien es cierto de que se trata de romperle la columna vertebral al narcotráfico, en el área económica, también es cierto que dejaría enormes posibilidades de que cualquier Ministerio Público pueda, en un momento determinado, iniciarte una acción de extinción de dominio, y tú te quedarías, prácticamente en los términos de esta Ley, sin defensa alguna si eres de buena fe y si no cometiste delito”.
El senador apostilló: “Nuestra tesis es muy simple: todas las facilidades para el aseguramiento de los bienes, pero poner las garantías para que pueda haber un proceso correcto, que no cualquier Ministerio Público pueda, en el momento que quiera, iniciar una acción de éstas; y después también pueda, sin ningún problema, desistirse de ella. Esto daría una cantidad de extorsiones impresionante”.
La otra ley que pujan PAN y PRI, en materia de combate al crimen organizado, es la de Combate al Narcomenudeo. Los panistas en San Lázaro y Xicoténcatl, así como el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont Urueta, han vuelto a restregar al PRI una supuesta falta de apoyo para legislar sobre el narcomenudeo. El PRI les ha dado la vuelta muy fácil: Cuando Vicente Fox era el presidente, todos en el Congreso, incluidos los priistas, votaron aprobatoriamente la Ley de Combate al Narcomenudeo. Pero el entonces presidente la vetó regresándola al Congreso con observaciones, que ahora no han atendido. Fox vio errores a una ley que había sido aprobada unánimemente. Entonces se interpretó el veto como una decisión presidencial que afectaba el combate al narcotráfico.
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