México
Las censuras del IFE
Estrictamente Personal por Raymundo Riva Palacio
A menos de una semana de haber iniciado el proceso electoral de medio sexenio, los medios de comunicación se pintaron de guerra la cara y volvieron a poner sobre la mesa del debate su oposición férrea a la nueva ley electoral, al interrumpir programas deportivos, culturales y de entretenimiento el fin de semana, para dar cabida a los primeros 23.4 millones de spots que se difundirán por radio y televisión durante cinco meses. Los políticos se indignaron porque eso les generó el repudio generalizado de las audiencias. El Instituto Federal Electoral (IFE) también, y está batiéndose con las televisoras. El Gobierno está tratando de ser el árbitro en este choque. Todos saben que este problema tendrá solución, pero la confrontación en este año electoral no. La censura está latente sobre todos los medios de comunicación, que no hay duda, se rebelarán contra ella.
El tema de los spots, que no es nuevo y donde cada uno de los actores involucrados tiene su parte de razón, ha ocultado al pequeño autoritario que varios consejeros del IFE llevan dentro. La retrógrada posición la encabeza el propio consejero presidente, Leonardo Valdés, quien pretende erigirse en regulador de contenidos. La semana pasada sugirió que los medios electrónicos den espacio a todos los contendientes a un cargo de elección popular, pues, alegó, ello contribuirá a competencias justas y equitativas. Desde el punto de vista teórico, es cierto: entre mejor información tenga un ciudadano sobre los candidatos, mejor elección hará el día de la votación. Desde el punto de vista práctico, es una provocación, cuando la nueva ley hace exactamente lo contrario: distorsiona el proceso electoral.
La nueva ley coarta la libertad de expresión de los políticos, al impedirles hacer campañas de contraste o negativas, que son las que mayor información aportan a los electores. Los consejeros dicen que lo único que pretende la ley es impedir que se calumnie y difame en spots. Tonterías. Contra calumnias y difamaciones existe el Código Penal, con sanciones administrativas y penales. Lo que pretende el IFE debajo de su falsa piel democrática, es blindar a los precandidatos y candidatos. Valdés también lo hizo al pedir a los medios respetar la vida privada de los precandidatos y los candidatos. ¿Qué significa? Lo que se le ocurra a la autoridad electoral, pues sin una definición de lo que es público y lo que es privado, no puede haber juicios sobre ello. Pese a ello, anticipó el consejero presidente, el IFE monitoreará y juzgará. Pero, una vez más, ¿quién define lo que es público y lo que es privado?
La vida privada de una persona pública termina cuando sus acciones y decisiones tienen un impacto sobre la comunidad con la que tiene una responsabilidad. También hay casos donde una persona pública hace pública su vida privada, como la relación íntima del ex presidente Fox con su ahora esposa Marta Sahagún, por lo cual la vida privada deja de ser privada. En todo caso, ¿qué quiso decir el consejero presidente? ¿O a quién quiso amagar? La primera respuesta a Valdés la dio el sábado pasado Carlos Puig, en un artículo en Milenio, al usar de ejemplo la aspiración de la frondosa animadora de televisión conocida popularmente como “La Chiva”, a una diputación. Puig alertó sobre la fiscalización del IFE sobre su programa de radio en la W si hablaba sobre el pasado de “La Chiva”, aunque ella hubiera participado y ganado en el “Big Brother”, donde millones de personas la observaron convertir su vida privada en un asunto público. Hay casos más graves.
Bajo la lógica de Valdés, por ejemplo, denunciar a un aspirante a diputado que ha sido vinculado a cárteles de la droga, será objeto de censura por parte de la autoridad electoral. Explorar el nepotismo de los gobernadores que quieren imponer como sus sucesores a sus parientes, mediante encuestas inducidas, también. Es decir, el examen riguroso de su actuación pública del pasado, podrá ser evaluado por el IFE como una intromisión en la vida privada de un precandidato o candidato. Pero además, ¿por qué los medios tienen que dar acceso a todos los precandidatos y candidatos? Valdés dijo que es para que expongan sus programas y plataformas políticas. Otra barbaridad. Los partidos quieren a artistas y deportistas para que les acareen votos y les ayuden a no perder su registro ni el millonario presupuesto anual, no para que sean voceros de sus propuestas programáticas.
Estamos en un círculo perverso. Los consejeros insisten que no se pretende atentar contra la libertad de expresión, pero su dicho no corresponde con las acciones. Valdés pretende evaluar lo que es importante, procesar la información que considere es buena para la salud democrática del país, y establecer su propia jerarquización sobre lo que es noticia y lo que no es. Sugiere que se anule la memoria histórica, que el pasado quede recluido en el pasado, y que no sirva de contexto para el presente. Censura es lo que está queriendo hacer el IFE, por más disfraces que quieran colgar, recuperando esa vieja cultura autoritaria que, cuando menos en ese órgano electoral, creíamos desterrada.
RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: r_rivapalacio@yahoo.com
El tema de los spots, que no es nuevo y donde cada uno de los actores involucrados tiene su parte de razón, ha ocultado al pequeño autoritario que varios consejeros del IFE llevan dentro. La retrógrada posición la encabeza el propio consejero presidente, Leonardo Valdés, quien pretende erigirse en regulador de contenidos. La semana pasada sugirió que los medios electrónicos den espacio a todos los contendientes a un cargo de elección popular, pues, alegó, ello contribuirá a competencias justas y equitativas. Desde el punto de vista teórico, es cierto: entre mejor información tenga un ciudadano sobre los candidatos, mejor elección hará el día de la votación. Desde el punto de vista práctico, es una provocación, cuando la nueva ley hace exactamente lo contrario: distorsiona el proceso electoral.
La nueva ley coarta la libertad de expresión de los políticos, al impedirles hacer campañas de contraste o negativas, que son las que mayor información aportan a los electores. Los consejeros dicen que lo único que pretende la ley es impedir que se calumnie y difame en spots. Tonterías. Contra calumnias y difamaciones existe el Código Penal, con sanciones administrativas y penales. Lo que pretende el IFE debajo de su falsa piel democrática, es blindar a los precandidatos y candidatos. Valdés también lo hizo al pedir a los medios respetar la vida privada de los precandidatos y los candidatos. ¿Qué significa? Lo que se le ocurra a la autoridad electoral, pues sin una definición de lo que es público y lo que es privado, no puede haber juicios sobre ello. Pese a ello, anticipó el consejero presidente, el IFE monitoreará y juzgará. Pero, una vez más, ¿quién define lo que es público y lo que es privado?
La vida privada de una persona pública termina cuando sus acciones y decisiones tienen un impacto sobre la comunidad con la que tiene una responsabilidad. También hay casos donde una persona pública hace pública su vida privada, como la relación íntima del ex presidente Fox con su ahora esposa Marta Sahagún, por lo cual la vida privada deja de ser privada. En todo caso, ¿qué quiso decir el consejero presidente? ¿O a quién quiso amagar? La primera respuesta a Valdés la dio el sábado pasado Carlos Puig, en un artículo en Milenio, al usar de ejemplo la aspiración de la frondosa animadora de televisión conocida popularmente como “La Chiva”, a una diputación. Puig alertó sobre la fiscalización del IFE sobre su programa de radio en la W si hablaba sobre el pasado de “La Chiva”, aunque ella hubiera participado y ganado en el “Big Brother”, donde millones de personas la observaron convertir su vida privada en un asunto público. Hay casos más graves.
Bajo la lógica de Valdés, por ejemplo, denunciar a un aspirante a diputado que ha sido vinculado a cárteles de la droga, será objeto de censura por parte de la autoridad electoral. Explorar el nepotismo de los gobernadores que quieren imponer como sus sucesores a sus parientes, mediante encuestas inducidas, también. Es decir, el examen riguroso de su actuación pública del pasado, podrá ser evaluado por el IFE como una intromisión en la vida privada de un precandidato o candidato. Pero además, ¿por qué los medios tienen que dar acceso a todos los precandidatos y candidatos? Valdés dijo que es para que expongan sus programas y plataformas políticas. Otra barbaridad. Los partidos quieren a artistas y deportistas para que les acareen votos y les ayuden a no perder su registro ni el millonario presupuesto anual, no para que sean voceros de sus propuestas programáticas.
Estamos en un círculo perverso. Los consejeros insisten que no se pretende atentar contra la libertad de expresión, pero su dicho no corresponde con las acciones. Valdés pretende evaluar lo que es importante, procesar la información que considere es buena para la salud democrática del país, y establecer su propia jerarquización sobre lo que es noticia y lo que no es. Sugiere que se anule la memoria histórica, que el pasado quede recluido en el pasado, y que no sirva de contexto para el presente. Censura es lo que está queriendo hacer el IFE, por más disfraces que quieran colgar, recuperando esa vieja cultura autoritaria que, cuando menos en ese órgano electoral, creíamos desterrada.
RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: r_rivapalacio@yahoo.com
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