México
La vergüenza no se decreta
No se trata de linchar a nadie ni de aventarse como turba contra unos cuantos para saciar una supuesta sed de venganza
No se trata de linchar a nadie ni de aventarse como turba contra unos cuantos para saciar una supuesta sed de venganza por las múltiples y repetidas deficiencias de nuestro sistema de justicia y por los largos años de impunidad y cinismo que traemos en las espaldas. No se trata de eso. Es simple sed de justicia. Por eso cité aquí, esperanzada, como muchos otros, el dictamen que el ministro Arturo Saldívar le presentó a sus pares la semana pasada en torno la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo.
Porque en su texto, Saldívar plantea un cambio cultural para que las autoridades asuman responsabilidades y rindan cuentas, y ofrece a la Corte como sumo garante de que así sea.
Lo reiteró el lunes al inicio de las discusiones: “No basta con el lamento y el pésame a los padres de los pequeños; es necesario determinar si esta tragedia pudo ser evitada; si ella implica violaciones graves a las garantías individuales y si, en su caso, los servidores públicos responsables. (…) Esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder”.
La mayoría de los otros ministros no han estado de acuerdo con él. En esencia no consideran que ellos se puedan erigir en un Tribunal que pueda censurar constitucional, ética y políticamente a los funcionarios que hayan vulnerado derechos fundamentales. El ministro Salvador Aguirre Anguiano resumió el parecer de muchos al decir: “Si lo que se quiso decir es que por vergüenza en otros países, renuncian primeros ministros y otros altos funcionarios, cuando fracasan según ellos en su misión, eso no se puede imponer por resolución jurídica, o por dictamen jurídico, y desde luego hacerlo así a mi juicio resulta reprochable por ausencia de atribuciones”.
Dicho de otro modo, la vergüenza no se decreta y la Suprema Corte no tiene atribuciones para imponérsela a aquellos funcionarios que encabezaban las dependencias que por sus fallas sistémicas hicieron posible que 49 bebés murieran. Eso parecen pensar la mayoría de los ministros y aquí no les vamos a discutir a ellos sobre derecho.
Pero me pregunto ¿quién podrá defender a los padres de los niños? ¿quién podrá defendernos a todos? La justicia la hacen los jueces, dijeron en la sesión, quedará entonces esperar las sentencias administrativas, civiles, quizá penales, en contra del guardián del archivo, del inspector fulano, del encargado de Protección Civil del municipio. Pero ¿quién nos va a defender del cinismo de funcionarios que no sólo no renunciaron en su momento, sino que ahora se han dedicado a hacer campaña ultrajados porque alguien osó señalarlos como política y moralmente responsables?
Porque en su texto, Saldívar plantea un cambio cultural para que las autoridades asuman responsabilidades y rindan cuentas, y ofrece a la Corte como sumo garante de que así sea.
Lo reiteró el lunes al inicio de las discusiones: “No basta con el lamento y el pésame a los padres de los pequeños; es necesario determinar si esta tragedia pudo ser evitada; si ella implica violaciones graves a las garantías individuales y si, en su caso, los servidores públicos responsables. (…) Esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder”.
La mayoría de los otros ministros no han estado de acuerdo con él. En esencia no consideran que ellos se puedan erigir en un Tribunal que pueda censurar constitucional, ética y políticamente a los funcionarios que hayan vulnerado derechos fundamentales. El ministro Salvador Aguirre Anguiano resumió el parecer de muchos al decir: “Si lo que se quiso decir es que por vergüenza en otros países, renuncian primeros ministros y otros altos funcionarios, cuando fracasan según ellos en su misión, eso no se puede imponer por resolución jurídica, o por dictamen jurídico, y desde luego hacerlo así a mi juicio resulta reprochable por ausencia de atribuciones”.
Dicho de otro modo, la vergüenza no se decreta y la Suprema Corte no tiene atribuciones para imponérsela a aquellos funcionarios que encabezaban las dependencias que por sus fallas sistémicas hicieron posible que 49 bebés murieran. Eso parecen pensar la mayoría de los ministros y aquí no les vamos a discutir a ellos sobre derecho.
Pero me pregunto ¿quién podrá defender a los padres de los niños? ¿quién podrá defendernos a todos? La justicia la hacen los jueces, dijeron en la sesión, quedará entonces esperar las sentencias administrativas, civiles, quizá penales, en contra del guardián del archivo, del inspector fulano, del encargado de Protección Civil del municipio. Pero ¿quién nos va a defender del cinismo de funcionarios que no sólo no renunciaron en su momento, sino que ahora se han dedicado a hacer campaña ultrajados porque alguien osó señalarlos como política y moralmente responsables?
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