México
La tentación de callar
La contundencia de los hechos puso de manifiesto la fragilidad y la poca preparación de empresas, redacciones y periodistas ante estos hechos terribles
Los acontecimientos relacionados con la violencia y el periodismo en los últimos días han encendido los focos rojos. Por una parte la delincuencia pasó de la violencia específica al uso de estrategias de terror, al secuestrar reporteros para obligar a las empresas a publicar videos reveladores de supuestos actos de corrupción. La contundencia de los hechos puso de manifiesto la fragilidad y la poca preparación de empresas, redacciones y periodistas ante estos hechos terribles. Entonces se inició un debate que ha conducido a la necesidad de establecer mecanismos abiertos, claros y eficientes para proteger a los reporteros, y a la libertad de expresión.
Días después las autoridades detuvieron a algunos de los responsables, y en una presentación ante la prensa, el propio secretario de seguridad pública se erigió con el mérito. Simultáneamente se ha levantado la voz de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, para insistir en un tema que ya había sido expuesto desde hace meses: los medios debían ser más prudentes en lo que publican.
Primero se esgrimió que el recuento de ejecuciones violentas no era un tema que contribuyera a la información. Días después se generó un debate entre las cifras de muertos en el sexenio, el Cisen decía 28 mil, otras fuentes 20 mil, la prensa daba cuenta de las discrepancias. Se arguyó que difundir estos datos deterioraban la imagen de México.
Luego siguieron los Foros convocados por la Presidencia para debatir sobre la seguridad. Esfuerzo enfocado a producir un impacto en la opinión pública. El propósito fue mostrar una actitud más abierta a cambiar o modificar una estrategia que privilegia la actuación militar y policiaca. Así, fue poco a poco desvelándose la intención de las autoridades; acto seguido convocan a los propietarios de los medios de comunicación, para exponer la preocupación respecto a la difusión excesiva, decían algunos, de mensajes “negativos”. Algunos columnistas comenzaron a dar cuenta de las crecientes presiones del gobierno para aminorar la cobertura de los hechos violentos que suceden en México. Ellos sostenían que se había tomado la decisión de hacer responsables a los medios y a algunos periodistas del ambiente violento. Como si informar de la violencia fuera un hecho negativo. Como si la sociedad no tuviera derecho a saber lo que sucede en todas las regiones de México.
La tentación de hacer callar, modificar, suavizar o influir en los contenidos que los medios de comunicación publican respecto a cualquier asunto público, es un peligro para la democracia. Es una amenaza para libertad de expresión, pero sobre todo una amenaza al libre derecho a saber de los ciudadanos.
Las autoridades deben considerar con toda responsabilidad las actitudes de presión que han emprendido, porque nos pueden llevar a los límites del manejo autoritario de la información. Que además de regresión, sería hoy por hoy un hecho ridículo para nuestro país. La difusión de información como los videos que implican a policías y funcionarios, son hechos informativos de importancia que deben ser manejados con gran responsabilidad. Pero esta es una potestad profesional sujeta a la autorregulación ética de las empresas de comunicación, y no objeto de una censura oficial. La violencia es un hecho del que la sociedad tiene todo el derecho a saber. Cambiar la percepción, no es cambiar la realidad. El gobierno debe trabajar primero en la realidad para mejorar la percepción y no a la inversa.
Días después las autoridades detuvieron a algunos de los responsables, y en una presentación ante la prensa, el propio secretario de seguridad pública se erigió con el mérito. Simultáneamente se ha levantado la voz de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, para insistir en un tema que ya había sido expuesto desde hace meses: los medios debían ser más prudentes en lo que publican.
Primero se esgrimió que el recuento de ejecuciones violentas no era un tema que contribuyera a la información. Días después se generó un debate entre las cifras de muertos en el sexenio, el Cisen decía 28 mil, otras fuentes 20 mil, la prensa daba cuenta de las discrepancias. Se arguyó que difundir estos datos deterioraban la imagen de México.
Luego siguieron los Foros convocados por la Presidencia para debatir sobre la seguridad. Esfuerzo enfocado a producir un impacto en la opinión pública. El propósito fue mostrar una actitud más abierta a cambiar o modificar una estrategia que privilegia la actuación militar y policiaca. Así, fue poco a poco desvelándose la intención de las autoridades; acto seguido convocan a los propietarios de los medios de comunicación, para exponer la preocupación respecto a la difusión excesiva, decían algunos, de mensajes “negativos”. Algunos columnistas comenzaron a dar cuenta de las crecientes presiones del gobierno para aminorar la cobertura de los hechos violentos que suceden en México. Ellos sostenían que se había tomado la decisión de hacer responsables a los medios y a algunos periodistas del ambiente violento. Como si informar de la violencia fuera un hecho negativo. Como si la sociedad no tuviera derecho a saber lo que sucede en todas las regiones de México.
La tentación de hacer callar, modificar, suavizar o influir en los contenidos que los medios de comunicación publican respecto a cualquier asunto público, es un peligro para la democracia. Es una amenaza para libertad de expresión, pero sobre todo una amenaza al libre derecho a saber de los ciudadanos.
Las autoridades deben considerar con toda responsabilidad las actitudes de presión que han emprendido, porque nos pueden llevar a los límites del manejo autoritario de la información. Que además de regresión, sería hoy por hoy un hecho ridículo para nuestro país. La difusión de información como los videos que implican a policías y funcionarios, son hechos informativos de importancia que deben ser manejados con gran responsabilidad. Pero esta es una potestad profesional sujeta a la autorregulación ética de las empresas de comunicación, y no objeto de una censura oficial. La violencia es un hecho del que la sociedad tiene todo el derecho a saber. Cambiar la percepción, no es cambiar la realidad. El gobierno debe trabajar primero en la realidad para mejorar la percepción y no a la inversa.
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