México
La seguridad privada, negocio rentable fuera de norma oficial
El crecimiento de la criminalidad da auge a los servicios de protección, sin que exista un registro confiable de las empresas
CIUDAD DE MÉXICO (24/MAY/2010).- A la ilegalidad y el desorden que prevalece en el negocio de la seguridad privada en México, se suma un dudoso control gubernamental sobre la portación y el acceso a las armas de fuego utilizadas en ese sector de servicio.
La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas calcula que en el país hay aproximadamente 18 mil escoltas, todos con licencia para portar armas. Además, hay 127 mil guardias intramuros y de resguardo de valores registrados ante las autoridades federales.
Pero ese gran número contrasta con el pequeño registro del armamento reportado ante la Secretaría de Seguridad Pública federal que es usado por las empresas de vigilancia privada en el país. La cifra de esas armas no llega ni a un millar.
En 2007, el Registro de Armamento y Equipo para seguridad privada reportó la inscripción de tan sólo 181 armas. Para 2009, el número creció; apenas se dieron de alta 953 armas. La Ley Federal de Armas de Fuego establece que las licencias para la portación se renovarán cada dos años.
Servidores públicos involucrados
Policías, militares y funcionarios engrosan las filas de los empresarios que se dedican a tareas de seguridad privada, pues así acceden a los contactos, protocolos de seguridad y las licencias para uso de armas que después utilizan para la vigilancia de particulares.
En Nuevo León, la participación de funcionarios estatales en la seguridad privada comienza a ser cuestionada, sobre todo después de la muerte de cinco personas en un concierto del grupo Intocable, en la Expo de Guadalupe.
Las víctimas perecieron durante la estampida provocada por un disparo dentro del recinto, que muchos aseguran estaba bajo vigilancia de la empresa Alerta, supuesta propiedad de Luis Carlos Treviño, secretario de Seguridad Pública estatal. Carlos Treviño es señalado también como copropietario de la agencia Custodios.
Ambas empresas de seguridad se cuentan entre las más importantes de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana, junto con Protege, compañía de la que fue dueño Francisco Cienfuegos, portavoz del Gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz. Francisco Cienfuegos cedió el poder de la empresa a su hermana Narcedalia Cienfuegos.
En Nuevo León operan unas mil empresas de seguridad privada, 80% de ellas en la informalidad. La falta de aplicación de la ley, dice Gilberto Marcos, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León, obedece a “los propios intereses de los funcionarios públicos que están relacionados con estas áreas”.
De las empresas atribuidas a Treviño y Cienfuegos, asegura que en ello no existe ilegalidad. “Lo grave sería si con su influencia están colocando a sus guardias en empresas o áreas estratégicas. Ésa es una sospecha que siempre va a existir. La ley no lo prohíbe, pero no es ético”. Ninguno de los funcionarios quiso responder a los señalamientos.
En el Valle de México, el espionaje, la negociación en secuestro y la investigación privada son labores que realizan policías y militares dados de baja o que se encuentran en días de descanso, servicios por los que cobran entre 30 mil y 100 mil pesos, acusa Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos AC.
Esa asociación se dedica a documentar casos en materia de seguridad. Entre sus investigaciones la asociación civil detectó en 2009 a una empresa “fantasma” denominada Sistemas Integrales de Protección Ejecutiva (Sipse), que ofrecía servicios de espionaje, negociación en secuestro y de escoltas.
“Hicimos el contacto a través de un ex policía. Nos hicimos pasar como los directivos de una empresa de dulces interesados en contratar servicios de espionaje y de guardaespaldas; les dijimos que teníamos fugas de información de empleados desleales, además de que necesitábamos protección para la fábrica y para los ejecutivos de la empresa”.
“Directivos” de Sipse mordieron el anzuelo y presentaron la cartera de servicios, como el costo de un escolta por ocho mil pesos, monto que se incrementaba a 12 mil pesos si el escolta iba armado y hasta a 20 mil si se incluía un vehículo con sirena y luces estroboscópicas en el toldo. “Cuando les preguntamos si el personal armado tenía la licencia de portación correspondiente nos dijeron abiertamente que no”.
En el Sistema Nacional de Empresas de Seguridad Privada que aparece en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal o en las bases de datos de los sitios web que tienen las policías del Estado de México y del Distrito Federal no aparece ningún registro con el nombre de la empresa Sipse.
LAS CIFRAS
Costos e intereses bloquean regulación
8,000 pesos cuesta el alquiler de un escolta.
12,000 pesos se cobra por un guardia de seguridad privado armado.
20,000 pesos deberán pagar los usuarios de servicios de seguridad si el elemento incluye vehículo con sirena y luces estroboscópicas en el toldo.
9 de cada 10 licencias para portar armas quedan en manos de empresas vinculadas a ex militares de alto rango.
50% de sus costos puede reducir una compañía irregular, ya que no capacita y tampoco paga las cuotas de su personal al Seguro Social, además de no cubrir la revalidación por portar armas.
La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas calcula que en el país hay aproximadamente 18 mil escoltas, todos con licencia para portar armas. Además, hay 127 mil guardias intramuros y de resguardo de valores registrados ante las autoridades federales.
Pero ese gran número contrasta con el pequeño registro del armamento reportado ante la Secretaría de Seguridad Pública federal que es usado por las empresas de vigilancia privada en el país. La cifra de esas armas no llega ni a un millar.
En 2007, el Registro de Armamento y Equipo para seguridad privada reportó la inscripción de tan sólo 181 armas. Para 2009, el número creció; apenas se dieron de alta 953 armas. La Ley Federal de Armas de Fuego establece que las licencias para la portación se renovarán cada dos años.
Servidores públicos involucrados
Policías, militares y funcionarios engrosan las filas de los empresarios que se dedican a tareas de seguridad privada, pues así acceden a los contactos, protocolos de seguridad y las licencias para uso de armas que después utilizan para la vigilancia de particulares.
En Nuevo León, la participación de funcionarios estatales en la seguridad privada comienza a ser cuestionada, sobre todo después de la muerte de cinco personas en un concierto del grupo Intocable, en la Expo de Guadalupe.
Las víctimas perecieron durante la estampida provocada por un disparo dentro del recinto, que muchos aseguran estaba bajo vigilancia de la empresa Alerta, supuesta propiedad de Luis Carlos Treviño, secretario de Seguridad Pública estatal. Carlos Treviño es señalado también como copropietario de la agencia Custodios.
Ambas empresas de seguridad se cuentan entre las más importantes de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana, junto con Protege, compañía de la que fue dueño Francisco Cienfuegos, portavoz del Gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz. Francisco Cienfuegos cedió el poder de la empresa a su hermana Narcedalia Cienfuegos.
En Nuevo León operan unas mil empresas de seguridad privada, 80% de ellas en la informalidad. La falta de aplicación de la ley, dice Gilberto Marcos, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León, obedece a “los propios intereses de los funcionarios públicos que están relacionados con estas áreas”.
De las empresas atribuidas a Treviño y Cienfuegos, asegura que en ello no existe ilegalidad. “Lo grave sería si con su influencia están colocando a sus guardias en empresas o áreas estratégicas. Ésa es una sospecha que siempre va a existir. La ley no lo prohíbe, pero no es ético”. Ninguno de los funcionarios quiso responder a los señalamientos.
En el Valle de México, el espionaje, la negociación en secuestro y la investigación privada son labores que realizan policías y militares dados de baja o que se encuentran en días de descanso, servicios por los que cobran entre 30 mil y 100 mil pesos, acusa Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos AC.
Esa asociación se dedica a documentar casos en materia de seguridad. Entre sus investigaciones la asociación civil detectó en 2009 a una empresa “fantasma” denominada Sistemas Integrales de Protección Ejecutiva (Sipse), que ofrecía servicios de espionaje, negociación en secuestro y de escoltas.
“Hicimos el contacto a través de un ex policía. Nos hicimos pasar como los directivos de una empresa de dulces interesados en contratar servicios de espionaje y de guardaespaldas; les dijimos que teníamos fugas de información de empleados desleales, además de que necesitábamos protección para la fábrica y para los ejecutivos de la empresa”.
“Directivos” de Sipse mordieron el anzuelo y presentaron la cartera de servicios, como el costo de un escolta por ocho mil pesos, monto que se incrementaba a 12 mil pesos si el escolta iba armado y hasta a 20 mil si se incluía un vehículo con sirena y luces estroboscópicas en el toldo. “Cuando les preguntamos si el personal armado tenía la licencia de portación correspondiente nos dijeron abiertamente que no”.
En el Sistema Nacional de Empresas de Seguridad Privada que aparece en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal o en las bases de datos de los sitios web que tienen las policías del Estado de México y del Distrito Federal no aparece ningún registro con el nombre de la empresa Sipse.
LAS CIFRAS
Costos e intereses bloquean regulación
8,000 pesos cuesta el alquiler de un escolta.
12,000 pesos se cobra por un guardia de seguridad privado armado.
20,000 pesos deberán pagar los usuarios de servicios de seguridad si el elemento incluye vehículo con sirena y luces estroboscópicas en el toldo.
9 de cada 10 licencias para portar armas quedan en manos de empresas vinculadas a ex militares de alto rango.
50% de sus costos puede reducir una compañía irregular, ya que no capacita y tampoco paga las cuotas de su personal al Seguro Social, además de no cubrir la revalidación por portar armas.
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