México
La política de la inseguridad
En nuestra comarca el creciente problema de la inseguridad no es ajeno al sustrato político
No fue el presidente Bush hijo quien inauguró la política de la inseguridad, es decir, aprovechar y aún fomentar una percepción social de inseguridad que favoreciera las estrategias del mandatario, fuera para sus fines personales o de grupo, no necesariamente a favor de la nación o del abatimiento mismo de una tal inseguridad. De suyo, el sentimiento de inseguridad real o psicótico, es una de las fuentes del poder desde los comienzos de la humanidad. Ya en tiempos no tan lejanos, la permanente posibilidad de guerras, invasiones o saqueos de las tribus o de las naciones vecinas o venidas de donde fuera, generaba una mayor aportación tributaria, así como una sujeción más estrecha al líder.
Un fenómeno similar se daba en México al declinar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando diversos asesinatos políticos aunados al levantamiento armado en Chiapas creaban un ambiente de sorpresa y zozobra, surgiendo hipótesis de todo tipo, incluyendo la posibilidad de declarar un estado de emergencia que prolongara el mandato presidencial.
Esta misma inseguridad psicológica está en la base de los temas fronterizos con Estado Unidos, pues acciones como las que ha tomado el Estado de Arizona se sustentan en el peligro que representan pandillas, bandas delincuenciales y tráfico de drogas que amenazan la estabilidad y la paz social de aquel Estado norteamericano; acto seguido todo latino acaba teniendo perfil de delincuente; no obstante, en los hechos, la línea divisoria entre seguridad nacional y racismo se ha vuelto prácticamente invisible. La seguridad de México, en contraparte, les tiene sin cuidado, pese a los tratados bilaterales y al TLC, por lo mismo ni la ley Arizona ni la militarización de la frontera parece orientarse a impedir la salida ilegal de armamentos de allá para acá, así como cientos y millones de dólares.
En nuestra comarca el creciente problema de la inseguridad no es ajeno al sustrato político, y más específicamente al marasmo electoral que tenemos a dos años de distancia. El escenario es muy simple: la zona metropolitana de Guadalajara está sometida a una violencia sistemática y permanente que día a día estalla aquí y allá, al margen de la violencia “doméstica” de los tiempos actuales. Dado que la seguridad inmediata del ciudadano es tarea de los municipios, recae sobre ellos la responsabilidad de conservarla y la factura en caso de perderla. Pues bueno, en un dado momento, y de seguir las cosas como van, una buena mercadotecnia bastaría para que los municipios de la zona metropolitana perdieran el mando en la siguiente elección, y con ello tal vez también la posibilidad de que el Gobierno estatal pasara a otros colores, como más de alguno lo pretende. En tanto debe sufrir la ciudadanía los estragos de la delincuencia desatada y la incapacidad de las autoridades para frenarla.
Un fenómeno similar se daba en México al declinar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando diversos asesinatos políticos aunados al levantamiento armado en Chiapas creaban un ambiente de sorpresa y zozobra, surgiendo hipótesis de todo tipo, incluyendo la posibilidad de declarar un estado de emergencia que prolongara el mandato presidencial.
Esta misma inseguridad psicológica está en la base de los temas fronterizos con Estado Unidos, pues acciones como las que ha tomado el Estado de Arizona se sustentan en el peligro que representan pandillas, bandas delincuenciales y tráfico de drogas que amenazan la estabilidad y la paz social de aquel Estado norteamericano; acto seguido todo latino acaba teniendo perfil de delincuente; no obstante, en los hechos, la línea divisoria entre seguridad nacional y racismo se ha vuelto prácticamente invisible. La seguridad de México, en contraparte, les tiene sin cuidado, pese a los tratados bilaterales y al TLC, por lo mismo ni la ley Arizona ni la militarización de la frontera parece orientarse a impedir la salida ilegal de armamentos de allá para acá, así como cientos y millones de dólares.
En nuestra comarca el creciente problema de la inseguridad no es ajeno al sustrato político, y más específicamente al marasmo electoral que tenemos a dos años de distancia. El escenario es muy simple: la zona metropolitana de Guadalajara está sometida a una violencia sistemática y permanente que día a día estalla aquí y allá, al margen de la violencia “doméstica” de los tiempos actuales. Dado que la seguridad inmediata del ciudadano es tarea de los municipios, recae sobre ellos la responsabilidad de conservarla y la factura en caso de perderla. Pues bueno, en un dado momento, y de seguir las cosas como van, una buena mercadotecnia bastaría para que los municipios de la zona metropolitana perdieran el mando en la siguiente elección, y con ello tal vez también la posibilidad de que el Gobierno estatal pasara a otros colores, como más de alguno lo pretende. En tanto debe sufrir la ciudadanía los estragos de la delincuencia desatada y la incapacidad de las autoridades para frenarla.
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