México
La otra ciudad
Aunque una ciudad contiene siempre muchas otras, ninguna es tan distinta y tan terrible como el presidio
Aunque una ciudad contiene siempre muchas otras, ninguna es tan distinta y tan terrible como el presidio. Es verdad que por ese afán eufemista de cambiar el nombre a las realidades más penosas como si de esa forma se modificaran las realidades mismas, los presidios se llaman ahora “centros de readaptación social”. Todos sabemos que son precisamente lo contrario, y que en algunos lugares del país han funcionado incluso como cuarteles de la delincuencia, y ya no sólo como las escuelas que siempre han sido.
La privación de la libertad, de la familia, del propio ambiente, la comida y el hacinamiento, son apenas el llevadero prólogo del infierno que ahí se vive. En los grandes centros de reclusión la autoridad está negociada entre los diversos grupos de poder que para defensa y ofensa se fraguan casi de manera natural. La constante delincuencia dentro de los penales goza de toda impunidad a menos que se infrinjan normas compartidas. Como la piedra que cae en el estanque, así se decantan los diversos círculos de perversión en torno a un recluso, estas ondas no se dan solamente dentro de la cárcel, la rebasan, pues dado que en torno a cada preso hay una familia que lo quiere sacar, sea inocente o culpable, hay también una gama de intermediarios que buscarán obtener el mayor provecho económico, saquen o no saquen al inocente o al culpable, máxime si los familiares carecen de conocimiento, información e influencias para saber en qué terreno pisan o con qué clase de intermediarios tratan.
Debería ser un delito del estado mezclar en un mismo sitio a toda persona que comete un ilícito. Debería ser también delito encarcelar sin sentenciar, dejar a la libre oferta y demanda los servicios de los intermediarios, y delito de negligencia permitir que pase todo lo que en los penales pasa.
Pero como un reclusorio es otra ciudad, y precisamente la ciudad de la que nadie quiere saber nada hasta que le toca de cerca, se entiende que ningún político, diputado, gobernante o administrador buscará hacer méritos electorales mejorando las condiciones de estos lugares, mucho menos tomarse en serio la vocación actual de todo presidio que es la de ser un centro de readaptación, lo mismo si es federal que estatal.
Que jóvenes implicados en robos de poca monta vayan a dar a Puente Grande, y ahí estén sin ser sentenciados, constituye un delito mucho mayor al cometido, imputable a las autoridades que siguen permitiendo este tipo de decisiones tremendamente perturbadoras para quienes las sufren y del todo contraproducentes para la misma sociedad que luego habrá de recibir a esos mismos jóvenes pero ya con una carga mayor de resentimiento y con nuevas vinculaciones que podrán afectar aún más su conducta. Mientras tanto conocidos diputados por su afán de protagonismo se dedican a defender sus cuotas ideológicas de partido.
La privación de la libertad, de la familia, del propio ambiente, la comida y el hacinamiento, son apenas el llevadero prólogo del infierno que ahí se vive. En los grandes centros de reclusión la autoridad está negociada entre los diversos grupos de poder que para defensa y ofensa se fraguan casi de manera natural. La constante delincuencia dentro de los penales goza de toda impunidad a menos que se infrinjan normas compartidas. Como la piedra que cae en el estanque, así se decantan los diversos círculos de perversión en torno a un recluso, estas ondas no se dan solamente dentro de la cárcel, la rebasan, pues dado que en torno a cada preso hay una familia que lo quiere sacar, sea inocente o culpable, hay también una gama de intermediarios que buscarán obtener el mayor provecho económico, saquen o no saquen al inocente o al culpable, máxime si los familiares carecen de conocimiento, información e influencias para saber en qué terreno pisan o con qué clase de intermediarios tratan.
Debería ser un delito del estado mezclar en un mismo sitio a toda persona que comete un ilícito. Debería ser también delito encarcelar sin sentenciar, dejar a la libre oferta y demanda los servicios de los intermediarios, y delito de negligencia permitir que pase todo lo que en los penales pasa.
Pero como un reclusorio es otra ciudad, y precisamente la ciudad de la que nadie quiere saber nada hasta que le toca de cerca, se entiende que ningún político, diputado, gobernante o administrador buscará hacer méritos electorales mejorando las condiciones de estos lugares, mucho menos tomarse en serio la vocación actual de todo presidio que es la de ser un centro de readaptación, lo mismo si es federal que estatal.
Que jóvenes implicados en robos de poca monta vayan a dar a Puente Grande, y ahí estén sin ser sentenciados, constituye un delito mucho mayor al cometido, imputable a las autoridades que siguen permitiendo este tipo de decisiones tremendamente perturbadoras para quienes las sufren y del todo contraproducentes para la misma sociedad que luego habrá de recibir a esos mismos jóvenes pero ya con una carga mayor de resentimiento y con nuevas vinculaciones que podrán afectar aún más su conducta. Mientras tanto conocidos diputados por su afán de protagonismo se dedican a defender sus cuotas ideológicas de partido.
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