México
La mala leche de la Secretaría de Economía
Por Vicente BELLO
Los diputados federales y senadores se han topado ayer con algo más que meros molinos de viento: las multinacionales de los alimentos lácteos industrializados y las también empresas extra territoriales de la industria de los medicamentos.
Cuando los senadores se encaminaban a aprobar un exhorto urgente a la Secretaría de Economía, para que en 90 días máximo publique las normas oficiales mexicanas de la calidad del queso y el yogurt, se encontraron desde el primer recodo con un embrollo de evidentes complicidades y corrupción entre multinacionales y autoridades federales. Y hasta hubo legisladores que advirtieron que el tema no daba sólo para un simple exhorto, sino aún para hacer subir al cadalso (procesos administrativos y penales) al mismo titular de la Secretaría de Economía.
Fue el senador del PAN Eduardo Nava Bolaños el del primer fogonazo, cuando dijo que no hay en México cómo saber cuáles productos lácteos son los buenos y los malos. O los peores. Yogures con más almidón que proteína, o más grasa vegetal que calcio. Así, en el misterio, están la mayoría de las 17 marcas de yogures y de las 25 marcas de quesos que son comercializadas en la República.
Muchas de esas multinacionales que fabrican yogures y quesos, hubo insistido el panista, suelen abatir costos utilizando como insumo principal la leche en polvo y no la de vaca, lo que les permite disminuir costos hasta en dos tercios, con la impunidad que les ha permitido la Secretaría de Economía al no exigirles el cumplimiento de normas de calidad. Y no se las exige ni porque desde hace siete años, diputados panistas la han pedido.
Pero más que un exhorto, decía en la tribuna el senador Ricardo Monreal, a la Secretaría de Economía habría que exigirle responsabilidades administrativas y aún penales por su tremenda omisión al no publicar las normas oficiales de calidad correspondientes. Y deslenguado como siempre, Monreal presumía: “No las publican porque en el fondo se trata de negocios y de intereses creados, así como de complicidades con las trasnacionales y sus cabilderos para otorgar una muerte súbita a los productores de México, lecheros y ganaderos. Y advertía que alrededor de esa actitud de Economía, de hacerle al tiololo, “hay millonarios negocios repartidos entre intermediarios y coyotes en detrimento de los productores de leche nacionales y los consumidores”.
Felipe González González —senador panista, ex gobernador de Aguascalientes— enterró el bisturí todavía en el Gobierno federal, abierto a esa hora ya en canal: “Uno de los problemas más graves”, decía, “es que engañan al consumidor; realmente los productos que están vendiendo no contienen ni las proteínas, ni el calcio, por falta de regulación”. Tampoco —agregó— las grasas que sí consumen en otros países los niños y jóvenes.
Además de producir quesos y yogures con insumos de tercera calidad, siguió el ex gobernador, han venido aquí a quebrar a la industria lechera nacional porque traen (en sus procesos de producción y en su cadena de suministro) subsidios de otros países.
El senador perredista Antonio Mejía Haro criticaba la filosofía del actual Gobierno federal de buscar lo más barato, a donde ha colocado la importación indiscriminada de la leche en polvo, sin considerar factores económicos, sociales y políticos como la inversión del productor mexicano, y la rotura de cadenas de suministro y de comercialización que, indefectiblemente, dan al traste con la economía interna del país.
Los priistas se sumaron sin mayor trámite. Senadores como Heladio Ramírez López colocaron los acentos a las íes en el Punto de Acuerdo finalmente aprobado: que en un plazo de 90 días, no más, la Secretaría de Economía publique las normas oficiales de la calidad del queso y yogur mexicanos.
En San Lázaro, donde 12 dictámenes fueron aprobados por el pleno en lo que sigue siendo una suerte de borrachera legislativa a la salud del 5 de julio próximo, la nota la daba ayer la Comisión de Salud y el PAN. Cuando a punto estaba el pleno de la Comisión de marras de aprobar una reforma al Artículo 376 de la Ley General de Salud, en la que un danzón estaban dedicando a las farmacéuticas multinacionales, el PAN —con el diputado presidente a la cabeza, Éctor (así, sin hache) Jaime Ramírez Barba— evitaba la aprobación del dictamen rompiendo el quórum.
Con la reforma, los diputados —exceptuando los panistas— han querido ampliar plazos a la industria nacional farmacéutica para hacerse de registros sanitarios, y, con ellos, poder fabricar medicamentos. Hay 10 mil 500 registros, de los cuales sólo cuatro han sido autorizados a nacionales en cuatro años. El plazo para que lo hagan se cumple en un año. Eso quería: ampliarlo a 10 años. No se pudo ayer porque trae el PAN traslapados en el alma a laboratorios como Roche y Lilly.
Cuando los senadores se encaminaban a aprobar un exhorto urgente a la Secretaría de Economía, para que en 90 días máximo publique las normas oficiales mexicanas de la calidad del queso y el yogurt, se encontraron desde el primer recodo con un embrollo de evidentes complicidades y corrupción entre multinacionales y autoridades federales. Y hasta hubo legisladores que advirtieron que el tema no daba sólo para un simple exhorto, sino aún para hacer subir al cadalso (procesos administrativos y penales) al mismo titular de la Secretaría de Economía.
Fue el senador del PAN Eduardo Nava Bolaños el del primer fogonazo, cuando dijo que no hay en México cómo saber cuáles productos lácteos son los buenos y los malos. O los peores. Yogures con más almidón que proteína, o más grasa vegetal que calcio. Así, en el misterio, están la mayoría de las 17 marcas de yogures y de las 25 marcas de quesos que son comercializadas en la República.
Muchas de esas multinacionales que fabrican yogures y quesos, hubo insistido el panista, suelen abatir costos utilizando como insumo principal la leche en polvo y no la de vaca, lo que les permite disminuir costos hasta en dos tercios, con la impunidad que les ha permitido la Secretaría de Economía al no exigirles el cumplimiento de normas de calidad. Y no se las exige ni porque desde hace siete años, diputados panistas la han pedido.
Pero más que un exhorto, decía en la tribuna el senador Ricardo Monreal, a la Secretaría de Economía habría que exigirle responsabilidades administrativas y aún penales por su tremenda omisión al no publicar las normas oficiales de calidad correspondientes. Y deslenguado como siempre, Monreal presumía: “No las publican porque en el fondo se trata de negocios y de intereses creados, así como de complicidades con las trasnacionales y sus cabilderos para otorgar una muerte súbita a los productores de México, lecheros y ganaderos. Y advertía que alrededor de esa actitud de Economía, de hacerle al tiololo, “hay millonarios negocios repartidos entre intermediarios y coyotes en detrimento de los productores de leche nacionales y los consumidores”.
Felipe González González —senador panista, ex gobernador de Aguascalientes— enterró el bisturí todavía en el Gobierno federal, abierto a esa hora ya en canal: “Uno de los problemas más graves”, decía, “es que engañan al consumidor; realmente los productos que están vendiendo no contienen ni las proteínas, ni el calcio, por falta de regulación”. Tampoco —agregó— las grasas que sí consumen en otros países los niños y jóvenes.
Además de producir quesos y yogures con insumos de tercera calidad, siguió el ex gobernador, han venido aquí a quebrar a la industria lechera nacional porque traen (en sus procesos de producción y en su cadena de suministro) subsidios de otros países.
El senador perredista Antonio Mejía Haro criticaba la filosofía del actual Gobierno federal de buscar lo más barato, a donde ha colocado la importación indiscriminada de la leche en polvo, sin considerar factores económicos, sociales y políticos como la inversión del productor mexicano, y la rotura de cadenas de suministro y de comercialización que, indefectiblemente, dan al traste con la economía interna del país.
Los priistas se sumaron sin mayor trámite. Senadores como Heladio Ramírez López colocaron los acentos a las íes en el Punto de Acuerdo finalmente aprobado: que en un plazo de 90 días, no más, la Secretaría de Economía publique las normas oficiales de la calidad del queso y yogur mexicanos.
En San Lázaro, donde 12 dictámenes fueron aprobados por el pleno en lo que sigue siendo una suerte de borrachera legislativa a la salud del 5 de julio próximo, la nota la daba ayer la Comisión de Salud y el PAN. Cuando a punto estaba el pleno de la Comisión de marras de aprobar una reforma al Artículo 376 de la Ley General de Salud, en la que un danzón estaban dedicando a las farmacéuticas multinacionales, el PAN —con el diputado presidente a la cabeza, Éctor (así, sin hache) Jaime Ramírez Barba— evitaba la aprobación del dictamen rompiendo el quórum.
Con la reforma, los diputados —exceptuando los panistas— han querido ampliar plazos a la industria nacional farmacéutica para hacerse de registros sanitarios, y, con ellos, poder fabricar medicamentos. Hay 10 mil 500 registros, de los cuales sólo cuatro han sido autorizados a nacionales en cuatro años. El plazo para que lo hagan se cumple en un año. Eso quería: ampliarlo a 10 años. No se pudo ayer porque trae el PAN traslapados en el alma a laboratorios como Roche y Lilly.
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