México
La len-ti-tud legislativa
Porque las lentitudes legislativas no están acordes a los tiempos y riesgos de violencia que padecen la mayoría de las pacíficas familias jaliscienses
Considerada una de las leyes fundamentales para combatir a la delincuencia organizada, la Ley de Extinción de Dominio no encuentra en Jalisco el día y hora en que sus diputados locales aprueben una versión estatal. La próxima semana se cumplirán dos años de que el Poder Ejecutivo envió un paquete de iniciativas en materia de seguridad e impartición de justicia, que incluía la referida ley; hasta este lunes, seguía en el limbo de las comisiones y expedientes en estudio.
Aunque se anunció que se aprobará “en unos cuantos días”, en comisiones, falta se haga realidad. Falta todavía que pase al pleno. Porque las lentitudes legislativas no están acordes a los tiempos y riesgos de violencia que padecen la mayoría de las pacíficas familias jaliscienses.
Los asesinatos de niñas y personas inocentes, las matanzas de policías, los bloqueos de calles e incendios de vehículos, las psicosis colectivas, los granadazos, el creciente número de homicidios cometidos fuera y dentro de la zona metropolitana, los secuestros, poco aceleran el trabajo legislativo urgente. Sí, urgente.
Porque la extinción de dominio se aplica a enemigos de la gente pacífica, honrada y trabajadora: a los secuestradores, a los que roban vehículos, se dedican a la prostitución infantil, la trata de blancas o el narcomenudeo, a quienes con esta ley aprobada pierden los derechos de propiedad de sus bienes, sin contraprestación ni compensación alguna.
Para enfrentar desde numerosos frentes a la delincuencia urge destrabar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y otras adláteres, hacer a un lado los pleitos de poder, impedir que el Poder Legislativo de Jalisco siga, hasta hoy, en otra lógica, en el desfase.
Pueden argumentar los diputados que la iniciativa de ley la recibió en 2009 la oprobiosa Legislatura pasada; o esgrimir con razón que se deben analizar con prudencia las consecuencias, pero nada justifica el tortuguismo ante la inseguridad que tiende a incrementarse. La Entidad enfrenta situaciones nuevas, de mayor riesgo, para las que debió estar preparada en todos los ámbitos, incluido el de las normas.
Ya hay experiencia en el país. Pero mientras la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dio el visto bueno a su Ley de Extinción de Dominio en noviembre de 2008, que se publicó en la Gaceta Oficial en diciembre de ese año y luego se reformó; en tanto la Ley Federal respectiva entró en vigor en 2009, y los legisladores de Chihuahua aprobaron su similar en marzo de 2010 y estados como Hidalgo le han seguido, en tierras jaliscienses se avanza len-ta-men-te. Y eso va en contra del interés de la población indefensa.
Aunque se anunció que se aprobará “en unos cuantos días”, en comisiones, falta se haga realidad. Falta todavía que pase al pleno. Porque las lentitudes legislativas no están acordes a los tiempos y riesgos de violencia que padecen la mayoría de las pacíficas familias jaliscienses.
Los asesinatos de niñas y personas inocentes, las matanzas de policías, los bloqueos de calles e incendios de vehículos, las psicosis colectivas, los granadazos, el creciente número de homicidios cometidos fuera y dentro de la zona metropolitana, los secuestros, poco aceleran el trabajo legislativo urgente. Sí, urgente.
Porque la extinción de dominio se aplica a enemigos de la gente pacífica, honrada y trabajadora: a los secuestradores, a los que roban vehículos, se dedican a la prostitución infantil, la trata de blancas o el narcomenudeo, a quienes con esta ley aprobada pierden los derechos de propiedad de sus bienes, sin contraprestación ni compensación alguna.
Para enfrentar desde numerosos frentes a la delincuencia urge destrabar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y otras adláteres, hacer a un lado los pleitos de poder, impedir que el Poder Legislativo de Jalisco siga, hasta hoy, en otra lógica, en el desfase.
Pueden argumentar los diputados que la iniciativa de ley la recibió en 2009 la oprobiosa Legislatura pasada; o esgrimir con razón que se deben analizar con prudencia las consecuencias, pero nada justifica el tortuguismo ante la inseguridad que tiende a incrementarse. La Entidad enfrenta situaciones nuevas, de mayor riesgo, para las que debió estar preparada en todos los ámbitos, incluido el de las normas.
Ya hay experiencia en el país. Pero mientras la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dio el visto bueno a su Ley de Extinción de Dominio en noviembre de 2008, que se publicó en la Gaceta Oficial en diciembre de ese año y luego se reformó; en tanto la Ley Federal respectiva entró en vigor en 2009, y los legisladores de Chihuahua aprobaron su similar en marzo de 2010 y estados como Hidalgo le han seguido, en tierras jaliscienses se avanza len-ta-men-te. Y eso va en contra del interés de la población indefensa.
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