México
La infiltración, actividad primordial contra el crimen
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración
CIUDAD DE MÉXICO.- Sin legislación, protocolos ni transparencia que garanticen su legalidad y eficacia, las operaciones de infiltración, enfocadas en la seguridad pública, han ido convirtiéndose en actividades primordiales para los servicios secretos civiles y militares mexicanos, como parte de sus atribuciones de inteligencia.
Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el Gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como “individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Podría ser el auge de los espías.
Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley, ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro Nacional de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ni a las secretarías de Defensa y Marina.
Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron que el Gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.
Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008 y al que accedió “El Universal”) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula “Programa para la Seguridad Nacional”; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa “objetivos y líneas de acción” para el espionaje.
Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para “detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada”, y coadyuvar a “elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas” en el Ministerio Público, con “productos de inteligencia”.
Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del Gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio “Programa para la Seguridad Nacional”, “generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”.
En el Gobierno calderonista cada vez tienen mayor importancia los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, en un esfuerzo por enfrentar el desafío del crimen a las instituciones.
Funcionarios e información clasificada del Consejo de Seguridad Nacional confirman la relevancia que han adquirido en el Gobierno calderonista los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, así como “individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”. Podría ser el auge de los espías.
Servidores públicos consultados prefieren aludir anónimamente a los operativos encubiertos efectuados a últimas fechas por los servicios de inteligencia contra los cárteles del narcotráfico, debido a que las actividades encubiertas de los agentes secretos no están acotadas expresamente por la ley, ni existen protocolos que permitan medir su eficacia ni garantizar que no saldrán de control.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada faculta a la Procuraduría General de la República para realizar operaciones de infiltración, pero no al Centro Nacional de Información y Seguridad Nacional (Cisen), ni a las secretarías de Defensa y Marina.
Funcionarios de inteligencia militar entrevistados confirmaron que el Gobierno federal mantiene una agenda secreta que ha implicado este tipo de operaciones como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones de narcotraficantes.
Tal estrategia de inteligencia se basa en un documento reservado (que data de febrero de 2008 y al que accedió “El Universal”) que guía la acción de los servicios de inteligencia para infiltrarse. Se titula “Programa para la Seguridad Nacional”; fue elaborado en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, y precisa “objetivos y líneas de acción” para el espionaje.
Algunos de los objetivos plasmados en ese documento implican que los organismos de inteligencia podrán hacer monitoreos para “detectar y acotar intentos de la delincuencia organizada”, y coadyuvar a “elevar el nivel de eficacia en la integración de averiguaciones previas” en el Ministerio Público, con “productos de inteligencia”.
Como parte del plan de acción del área de seguridad nacional del Gobierno, que involucra al Cisen y las unidades de inteligencia de la Defensa y Marina, se ha decidido también, según el propio “Programa para la Seguridad Nacional”, “generar inteligencia en torno a individuos y grupos vinculados al financiamiento de grupos terroristas y subversivos”.
En el Gobierno calderonista cada vez tienen mayor importancia los operativos encubiertos contra la delincuencia organizada, en un esfuerzo por enfrentar el desafío del crimen a las instituciones.
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