México
La desconfianza en el Ministerio Público
Por Vicente BELLO
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en el Senado su propuesta de Ley de Extinción de Dominio. En sus esencialidades, plantea que es el Ministerio Público —y no el acusado, como sugiere el Presidente Felipe Calderón— el que estaría obligado de acreditar que existe el delito.
Lunes 23. Marzo de 2009. En los linderos del Congreso de la Unión comenzaba una nueva fase de ese debate hosco que se ha dado estos días entre oposición y Partido Acción Nacional (PAN) por la confiscación de bienes que tuvieran que ver con la comisión de uno de esos delitos propios de la delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro, piratería…).
En su propuesta, el PRI ha puesto un acento a la actuación del Ministerio Público, al que de entrada considera, de modo implícito, que es una institución desde la cual es posible que alguien actúe de mala fe.
La extinción de dominio es, de acuerdo con la propuesta del PRI, el desconocimiento absoluto del derecho propiedad en perjuicio de quien haya utilizado un bien “como instrumento, objeto o producto del delito”; o también “aquéllos (bienes) que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito”.
En el artículo 8 de su propuesta de ley, el PRI refiere: “Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes”.
Y enumeraba:
“I. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello o no lo notificó a la autoridad. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditar la mala fe.
“II. Aquéllos que estén intitulados a nombre de tercero y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño”.
En el artículo de marras, el PRI hace una acotación: “Se considera que una persona se comporta u ostenta como dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, cuando tenga la posesión de los bienes, o poder material de decisión sobre el uso, destino o disposición de bienes”.
Es un tema polémico de principio a fin. Lo que no ha dicho el PAN es que con la propuesta de Ley de Extinción de Dominio que presentó el Presidente Felipe Calderón, la primera víctima será el derecho de propiedad, dada la vulnerabilidad en que la deja al proponer que la carga del delito la tenga el ciudadano y no el Ministerio Público.
Un agente venal del Ministerio Público —de acuerdo con la propuesta de Calderón— podría extorsionar blandiendo la amenaza de confiscar muebles o inmuebles, incluso a gente que no necesariamente estuviera coludida con delitos de delincuencia organizada.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha dado por sentado de que coincide con esta posición del PRI. Darle la manga más ancha al Ministerio Público es poner el filo de los cantiles a la población, con su criminalización bajo motivos no necesariamente delincuenciales.
La presentación que hizo el PRI no la hizo en un día común. Este lunes 23 fue también el 15o. aniversario del asesinato del sonorense Luis Donaldo Colosio, del que han develado un nuevo busto.
El busto tiene una particularidad, coincidieron más de cinco reporteros que estuvieron allí, cubriendo el acto: el escultor dio al busto de bronce de Colosio un “ligero parecido, un ‘aire”, al perfil del también sonorense Manlio Fabio Beltrones…
El tema de la seguridad pública siguió ayer dando de qué hablar entre las dirigencias de los partidos políticos. Germán Martínez no para de criticar al PRI, al que le restriega que nunca ninguno de sus presidente de la República atacaron al narcotráfico como ahora dice Germán que lo hace Felipe Calderón. Beatriz Paredes sigue mirándolo como un sujeto “provocador”, “irresponsable”, que pretende “desestabilizar al país” en una maniobra poco clara para agenciarse votos para el PAN. “Muchacho pendenciero”, Emilio Gamboa Patrón desde San Lázaro le ha dicho a Germán Martínez, quien, por cierto, ayer no se presentó a una reunión a la que industriales le habían invitado.
Lunes 23. Marzo de 2009. En los linderos del Congreso de la Unión comenzaba una nueva fase de ese debate hosco que se ha dado estos días entre oposición y Partido Acción Nacional (PAN) por la confiscación de bienes que tuvieran que ver con la comisión de uno de esos delitos propios de la delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro, piratería…).
En su propuesta, el PRI ha puesto un acento a la actuación del Ministerio Público, al que de entrada considera, de modo implícito, que es una institución desde la cual es posible que alguien actúe de mala fe.
La extinción de dominio es, de acuerdo con la propuesta del PRI, el desconocimiento absoluto del derecho propiedad en perjuicio de quien haya utilizado un bien “como instrumento, objeto o producto del delito”; o también “aquéllos (bienes) que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito”.
En el artículo 8 de su propuesta de ley, el PRI refiere: “Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes”.
Y enumeraba:
“I. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello o no lo notificó a la autoridad. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditar la mala fe.
“II. Aquéllos que estén intitulados a nombre de tercero y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño”.
En el artículo de marras, el PRI hace una acotación: “Se considera que una persona se comporta u ostenta como dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, cuando tenga la posesión de los bienes, o poder material de decisión sobre el uso, destino o disposición de bienes”.
Es un tema polémico de principio a fin. Lo que no ha dicho el PAN es que con la propuesta de Ley de Extinción de Dominio que presentó el Presidente Felipe Calderón, la primera víctima será el derecho de propiedad, dada la vulnerabilidad en que la deja al proponer que la carga del delito la tenga el ciudadano y no el Ministerio Público.
Un agente venal del Ministerio Público —de acuerdo con la propuesta de Calderón— podría extorsionar blandiendo la amenaza de confiscar muebles o inmuebles, incluso a gente que no necesariamente estuviera coludida con delitos de delincuencia organizada.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha dado por sentado de que coincide con esta posición del PRI. Darle la manga más ancha al Ministerio Público es poner el filo de los cantiles a la población, con su criminalización bajo motivos no necesariamente delincuenciales.
La presentación que hizo el PRI no la hizo en un día común. Este lunes 23 fue también el 15o. aniversario del asesinato del sonorense Luis Donaldo Colosio, del que han develado un nuevo busto.
El busto tiene una particularidad, coincidieron más de cinco reporteros que estuvieron allí, cubriendo el acto: el escultor dio al busto de bronce de Colosio un “ligero parecido, un ‘aire”, al perfil del también sonorense Manlio Fabio Beltrones…
El tema de la seguridad pública siguió ayer dando de qué hablar entre las dirigencias de los partidos políticos. Germán Martínez no para de criticar al PRI, al que le restriega que nunca ninguno de sus presidente de la República atacaron al narcotráfico como ahora dice Germán que lo hace Felipe Calderón. Beatriz Paredes sigue mirándolo como un sujeto “provocador”, “irresponsable”, que pretende “desestabilizar al país” en una maniobra poco clara para agenciarse votos para el PAN. “Muchacho pendenciero”, Emilio Gamboa Patrón desde San Lázaro le ha dicho a Germán Martínez, quien, por cierto, ayer no se presentó a una reunión a la que industriales le habían invitado.
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