México

La década en que reportear se volvió un acto mortal

Nueve desaparecidos desde enero de 2000 hasta la fecha

CIUDAD DE MÉXICO.- En el puerto de Veracruz, un día de mayo de 2007, desconocidos colocaron en la vía pública una cabeza humana junto con un mensaje dirigido a uno de los columnistas del popular periódico local “Notiver”. El mensaje era claro: “Este es un regalo para los periodistas; van a rodar más cabezas”.

Dos años y medio después, apareció el cadáver del periodista radiofónico José Emilio González Galindo, director de la emisora Radio Universidad de Guadalajara. El especialista en temas de ecología fue el comunicador número 14 asesinado este año en México y el 64 durante la primera década del siglo XXI en el país.

A ellos se agregan nueve desaparecidos desde enero de 2000 hasta la fecha. Es un decenio caracterizado por constantes amagos a la prensa y a trabajadores de los medios de comunicación, lo que llevó a organizaciones internacionales de derechos humanos a considerar el ejercicio del periodismo como la profesión más peligrosa en México, mientras que la mayoría de los crímenes está sin resolver.

El cuerpo de González Galindo, quien trabajó en diferentes medios electrónicos y de prensa escrita, y fue el ganador de la Segunda Bienal Latinoamérica de la Radio con el reportaje “Trilogía: crímenes políticos en México”, se encontró amordazado y amarrado de manos y pies en la recámara de su casa en Zapotlán el Grande.

Otro caso

Las locutoras Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, quienes dirigían la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, también fueron asesinadas el 7 de abril de 2008 en la zona trique del Estado de Oaxaca, donde denunciaban abusos contra los indígenas, principalmente mujeres, por caciques de la región.

Dos meses antes, en febrero de 2008, la organización internacional Article 19, organismo de defensa a la prensa con sede en Londres, había advertido ante el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “las autoridades mexicanas pretenden afirmar que los ataques en contra de periodistas son únicamente un problema de seguridad pública y no una flagrante violación a la libertad de expresión”.


La mayoría de los 64 asesinatos contra trabajadores de la información está sin resolver.
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